¿Es la violencia un factor de inestabilidad en el gobierno o es la inestabilidad del gobierno la que genera la violencia en las regiones latinoamericanas?

Por Paola González

La violencia ha sido un factor intrínseco para la región de América Latina, ya sea desde la formación de grupos paramilitares, como el caso de Colombia (FARC) o el de Perú (Sendero Luminoso), así como los grupos de la delincuencia organizada, que han coaccionado el desarrollo de la política, ocasionando una inestabilidad en el gobierno. Analizar los casos mencionados nos permite contrastar las diferentes circunstancias que han orillado a estas organizaciones al uso de la violencia. Ya sea por cuestiones políticas o por cuestiones económicas, el recurso de prácticas violentas siempre está presente.

El uso de la violencia como medio de expresión de las diferencias que existen entre el gobierno en turno y algunas organizaciones subnacionales no siempre tienen las mismas fuentes de origen, como se demostrará en esta nota de investigación. Al analizar los casos del Sendero Luminoso y las FARC, se concluye que el uso de la violencia tiende a generarse por diferentes causas al igual que tiende a diferentes finalidades.

Analizar los casos de Sendero Luminoso y las FARC de manera conjunta nos permite observar dos cuestiones esenciales que explican el aumento o disminución de la violencia, así como el aumento o disminución en la estabilidad del gobierno. A pesar de las distintas causas que dieron origen a ambas organizaciones, las dos cuentan con características similares que facilitan el análisis: ambas se muestran como organizaciones con fines políticos, cosa que no se observa en el caso de las organizaciones de delincuencia organizada.

Sendero Luminoso, cuyo líder era Abimael Guzmán, se creó a partir de la fragmentación del Partido Comunista de Perú (PCP) denotando con ello una ideología de izquierda, mientras el caso de las FARC se debió a cuestiones de incompatibilidad con el gobierno en curso, el principal objetivo de las FARC giraba en lograr un sistema socialista.

El caso colombiano nos muestra como la incapacidad del Estado para llegar a zonas con alta presencia de campesinos logró el fortalecimiento de las FARC (Vélez, 2001). En lugares donde la estabilidad del gobierno no era visible se observó un aumento considerable en la presencia de este grupo guerrillero. Un mecanismo causal que explica lo anterior es que el último tomó el lugar de autoridad, generando cierta percepción de seguridad y estabilidad para los habitantes de estas zonas rurales. La principal tarea que realizaban las FARC en estas zonas era el de proveer seguridad a los campesinos y al mismo tiempo a sus tierras.

Al estar asentados en regiones con alta población campesina, el apoyo popular que ganó Sendero Luminoso se cimentó en la ideología y búsqueda de un reparto de tierras entre los campesinos, siendo esta la demanda principal de la gran mayoría de los pobladores. (Escárzaga, 2001).

Ahora bien, la violencia que se generó a partir de que ambos grupos se mostraron como opositores al gobierno se puede explicar, en el caso colombiano, por un factor externo. Durante la década de los 90´s el gobierno estadounidense comenzó a tomar una posición de iron fist sobre las políticas antidroga. Comenzó con una oleada de apoyo al gobierno colombiano para que este implementara acciones para desmantelar a los cárteles de Medellín y Cali. La primera de estas políticas fue la erradicación de campos de siembra de coca que, aunque tuvo resultados eficientes para dicha desarticulación de los cárteles, tuvo un severo efecto colateral: se erradicaron campos que servían como sustento de la mayor parte de los campesinos colombianos, mismos que vivían en zonas controladas por las FARC. Tras estos hechos se desencadenó un aumento del poder de convocatoria por parte de las FARC (Peceny and Durman, 2006). Las acciones tomadas por el gobierno colombiano fracturaron las relaciones que tenía con la población rural generando un vacío de autoridad en zonas donde la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atrajo mayor apoyo.

Otro factor que explica el poder de las FARC y, sin duda, su gran capacidad para el uso de la violencia, es uno de carácter interno, el financiamiento que obtuvo a partir del cobro de impuestos a los cárteles dedicados al tráfico de droga, al controlar gran parte de las zonas donde se cultivaba la coca. Las FARC encontraron en esta práctica un lucrativo negocio que, tras el debilitamiento de los cárteles, pasó a ocupar el puesto de productor y comercializador, ocasionando con ello mayores enfrentamientos entre las fuerzas armadas del gobierno y ellos.

Retomando el caso peruano, el detonante del uso de la violencia se dio a raíz de un factor interno. El gobierno peruano, en aquella época en manos de Velasco Alvarado, se vio apoyado por una de las facciones del PCP, el PCP-Unidad, cuya posición era menos radical a la que profetizaba Sendero Luminoso, estimulando el crecimiento de la izquierda radical (Escárzaga, 2001).

Otro factor que puede explicar la radicalización fue la posición senderista frente a la reforma agraria de 1969, es que la afirmaban como un fracaso pues no sólo no había eliminado el pre capitalismo, sino que lo había dotado de nuevos mecanismos de dominación, imponiendo a los campesinos formas de organización productiva ajenas a su experiencia y a sus demandas (Escárzaga, 2001).

Sin duda alguna la base de apoyo con la que contaba Sendero Luminoso en las zonas rurales puede explicar el gran ascenso que tuvo en la vida política de Perú. Al establecerse en zonas rurales dedicadas mayormente al cultivo, las políticas implementadas por el gobierno peruano iban, a criterio de los senderistas, en prejuicio de los campesinos, lo que ocasionó una ruptura entre el pueblo rural y el gobierno. El grupo de Abimael Guzmán hizo uso de una práctica similar que las FARC: cobraba impuestos a los cárteles de la droga, aumentando su capacidad financiera. El gobierno peruano buscó un trato preferencial en el combate al narcotráfico, más aún cuando el avance del cultivo de la coca en esa nación se fue incrementando en la misma medida en que se agudizaba la crisis económica y la política interna (Santana, 2004).

El uso sistemático e indiscriminado del terror por parte de Sendero Luminoso, fue otra práctica inherente a la incapacidad del gobierno peruano para hacerle frente a este grupo. Una de las justificaciones para hacer uso de estas prácticas era exacerbar la brecha social que se vivía en ese momento en Perú. Los fines buscados eran variados, desde la destrucción de la infraestructura material para colapsar la vida cotidiana peruana hasta crear una situación de ingobernabilidad en el país (Escárzaga, 2001).

Tanto el caso colombiano como el peruano nos deja en evidencia que existe relación entre la incapacidad del gobierno en llevar a cabo políticas en beneficio de los sectores de la población donde se encuentra asentado el mayor número de militantes de ambos grupos y las acciones violentas de estas organizaciones para ejercer presión y se cubran las demandas de estos sectores, quienes responden al sentimiento de vacío de autoridad, mismo que inmediatamente es cubierto por ellos.

La inestabilidad del gobierno se presenta a la hora de hacer frente a este tipo de organizaciones paraestatales, como se vio en el caso de las FARC, el gobierno demostró su capacidad para hacer frente a otro tipo de organizaciones que mermaban con la seguridad de los ciudadanos, sin embargo, estas políticas fortalecieron al grupo guerrillero de las FARC, entonces, al querer contrarrestar estos efectos, las políticas llevadas a cabo no surtieron efectos porque el control que ejerce este tipo de grupo a nivel local es mayor que el que el Estado puede tener. Es por esta razón que el uso de la violencia por parte de las fuerzas del Estado es la única vía para debilitar a estas organizaciones derivando a una respuesta, igual e violenta, por parte de ellas hacia el gobierno. La violencia resulta, entonces, como consecuencia del poder que adquieren organizaciones como Sendero Luminoso y las FARC a nivel local desplazando a la autoridad del Estado.

Sin duda existen vías para hacerles frente a estas agrupaciones paraestatales, tal fue el caso del desmantelamiento de Sendero Luminoso, derivado de la detención de su líder, Abimael Guzmán. La captura de la cabecilla de este grupo, que podemos clasificar como político, fue devastador para sus simpatizantes, dado que su arresto provocó una desintegración del grupo (Phillips, 2015), caso contrario a lo que sucede con las organizaciones de delincuencia organizada que, como se verá en seguida, responden de diferente manera ante un suceso similar.

El caso mexicano

El caso mexicano como el centroamericano, ejemplificados por los grupos de la delincuencia organizada, presentan dos variantes al comportamiento de Sendero Luminoso y las FARC. En primer lugar, advertimos que este tipo de organizaciones delictivas presentan una finalidad económica a diferencia del caso peruano y colombiano que buscaban incidir en la política y, en segundo lugar, tanto el caso de los senderistas como el de la guerrilla colombiana hacían uso de la violencia para expresar el descontento del territorio en el que estaban asentados, así como para exhibir la incapacidad del Estado para llevar acabo las políticas necesarias para solventar dichos descontentos. Sin embargo, en estos tres casos que analizamos encontramos una semejanza, tanto las organizaciones delincuenciales, como Sendero Luminoso y las FARC encuentran en la violencia el medio para demostrar su poderío, ya sea frente al Estado o sobre otras organizaciones.

En los últimos años el desarrollo de las organizaciones delictivas en México y Centro América han sido un caso especial para el estudio del uso de la violencia inherente a ellas, así como el origen de ésta y, en tiempo recientes, su potenciación. Durante el periodo de gobierno 2006-2012 las muestras de violencia en territorio mexicano experimentaron un crecimiento exponencial no visto en épocas pasadas. Uno de los factores a los que se le atribuye dicho crecimiento es de carácter interno, ya que el gobierno mexicano hizo frente a estas organizaciones de crimen organizado, en particular, a los grupos del narcotráfico.

Otros casos para analizar

El caso centro americano presenta una vertiente distinta a lo experimentado en México, el uso de la violencia en organizaciones como los Maras o Barrio 18 sirve generar cierta identidad al grupo que se pertenece, la violencia es aquí sinónimo de reputación ante las demás Street gangs (Wolf, 2016).

La violencia en los casos analizados, mexicano y centro americano, muestra una variante del uso de la violencia no como represalia en contra del Estado o en contra de organizaciones rivales, sino que al ser organizaciones ilícitas la violencia toma el rol del Estado, es decir, como medio de coerción para el cumplimiento de contratos entre organizaciones (Sanguinetti,et.al, 2014). El hecho de que estas agrupaciones delictivas hagan uso de prácticas violentas para demostrar su poderío genera repercusiones negativas no solo a nivel social, sino al Estado mismo, dado que lo despoja de la monopolización del uso de la fuerza. Esto fue lo que se vivió durante en México durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, al declarar las acciones en contra de estos grupos delincuenciales. Las prácticas violentas como respuesta fueron creciendo exponencialmente, al grado de establecer una atmósfera de inestabilidad en el gobierno, ya que no se le veía la capacidad para arremeter contra estas fuerzas ilícitas y no se veía que lograran implementar políticas aptas para aminorar las consecuencias hacia la sociedad.

La violencia es sin duda una característica innata para estos ejemplos que hemos analizado, la cuestión de fondo es reconocer que las acciones que se tomen por parte del gobierno para hacer mella a su accionar siempre culminarán en una respuesta con mayor violencia de su contraparte.

Los casos de Sendero Luminoso, las FARC y los grupos de la delincuencia organizada nos han demostrado que la inestabilidad que puede sufrir un Estado, derivada del uso de la violencia como medio para ejercer presión por parte de estos organismos, estará en función de la magnitud de las acciones que lleve a cabo el gobierno. La presencia de estos grupos debilita la posición del Estado en zonas donde se encuentran establecidos, dificultando el accionar del gobierno, es decir, impiden la implementación de políticas en pro de la sociedad, violentan la cotidianidad de la población creando un panorama de incertidumbre e inseguridad, caso que provoca que la legitimidad del Estado sea cuestionada, es por esto que podemos concluir que es la existencia de estos grupos paraestatales, quienes por medio del uso de la violencia, aumentan las posibilidades de crear inestabilidad en el gobierno.

Bibliografía

  • Santana, A. (2004). El narcotráfico en América Latina. Siglo XXI.
  • Aguilar, V. Ruben y Jorge G. Castañeda. (2009). El Narco: la Guerra Fallida. Punto de Lectura.
  • Escárzaga, F. (2001). Auge y caída de Sendero Luminoso. Bajo el Volcán, 2(3), 75-97.
  • Phillips, B. J. (2015). How Does Leadership Decapitation Affect Violence? The Case of Drug Trafficking Organizations in Mexico. The Journal of Politics, 77(2), 324-336.
  • Peceny, M., & Durnan, M. (2006). The FARC’s best friend: US antidrug policies and the deepening of Colombia’s civil war in the 1990s. Latin American politics and society, 48(2), 95-116.
  • Vélez, M. A. (2001). FARC-ELN: evolución y expansión territorial. Desarrollo y sociedad, 47, 151-225.
  • Sanguinetti, P., Ortega, D., Berniell, L., Álvarez, F., Mejía, D., Castillo, J. C., & Brassiolo, P. (2014). RED 2014: Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito (Reporte de Economía y Desarrollo (RED)). Caracas: CAF. Retrieved from http://scioteca.caf.com/handle/123456789/167
  • Wolf, S. (2016). Drugs, Violence, and Corruption: Perspectives from Mexico and Central America. Latin American Politics and Society, 58(1), 146-155.
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