Reforma del sector militar en México

Reforma del sector militar en México
Martha Alicia Tudón Maldonado

Desde hace 40 años los militares se han involucrado en la lucha contra el narcotráfico en México, cuando tradicionalmente la lucha contra el crimen le competería a los órganos civiles. Particularmente, durante los últimos 10 años los altos índices de corrupción (se podría dar cifras de estos índices) de las autoridades civiles y su falta de capacidades para enfrentar el fenómeno del narcotráfico -y sus externalidades, han provocado que la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública se intensifique.

Ante este escenario, tomando en cuenta que la estrategia federal de militarización no se ha modificado de facto desde iniciada la guerra contra las drogas, es de suma importancia el preguntarse: de acuerdo con los estándares internacionales ¿qué reformas solucionarían los problemas en el sector de seguridad de México relacionados con las fuerzas armadas? La respuesta sintética que se sostiene a lo largo del presente ensayo es que las reformas necesarias incluyen: (1) la profesionalización y modernización de la milicia; (2) la creación de un Estado mayor conjunto; (3) la toma de responsabilidad en materia de derechos humanos; (4) el replanteamiento de la relación cívico-militar; y (5) el aumento de la transparencia del sector de seguridad.

Este ensayo se estructura en tres secciones. En la primera sección se realiza una breve revisión histórica del papel de las fuerzas armadas en el ámbito de seguridad en México y la evolución de su intervención hacia el combate frontal. La segunda sección detalla y describe los estándares internacionales que hablan de un sector de seguridad funcional y, con base en ellos, emite recomendaciones puntuales para el caso mexicano. La tercera sección expone las consideraciones finales y la conclusión general del ensayo.

1. Inicio de la militarización y evolución hacia el combate frontal

El comienzo formal de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en operaciones contra el narcotráfico data de finales de los años setenta con la Operación Cóndor (1976-1987).[1] Este plan militar se basó en el despliegue de más de 10,000 soldados a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua para destruir plantaciones ilegales de droga. La operación consiguió destruir varias toneladas de droga, reducir la producción, capturar a presuntos culpables involucrados con el narcotráfico y ahuyentar a las cabezas del crimen organizado a otros estados de la república.[2] Sin embargo, hubo acusaciones civiles de abuso a los derechos humanos que cometía el ejército con la finalidad de obtener confesiones forzadas; cambios en la estructura de los organismos criminales con nuevos jefes al mando; intensificación de la cartelización de la industria mexicana de droga; sobornos y corrupción en el ámbito institucional. El resultado de esta campaña fue hacer que la industria mexicana de la droga cayera bajo el control de menos organizaciones, pero con mayores recursos, más peligrosas para la sociedad y el Estado.[3]

La situación empeoró cuando en 1985 (en Guadalajara, Jalisco) un agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), Enrique Camarena, fue asesinado. A partir de este incidente el gobierno mexicano comenzó a percibir el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional[4].

Empero, la verdadera institucionalización de las fuerzas armadas mexicanas en las tareas de seguridad pública se da a partir de 1995, cuando se promulgó una ley que estableció las bases generales del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este Consejo fue integrado tanto por el Ejército como por la Marina en el ámbito de seguridad pública, aunque fuera de una manera que exigiera la coordinación con otras instancias.[5]

En 2000 la alternancia presidencial en México rompió algunos lazos de corrupción entre el Estado y el crimen organizado, lo cual se vio reflejado en una política de confrontación.[6] La evolución hacia una estrategia ofensiva del ejército mediante operaciones de captura de narcotraficantes, la contención de la violencia y el combate frontal a los cárteles comienza en México con el lanzamiento del Operativo “México Seguro”. Esta estrategia fue puesta en marcha en junio de 2005 por del presidente Vicente Fox. Así, las fuerzas armadas[7] trascendieron su tradicional función de servir como garantes de la seguridad nacional ante peligros externos a la nación y se consolidaron como los órganos responsables de la seguridad pública. La milicia mexicana se instaló primeramente en 2005 en estados del norte (Baja California, Sinaloa y Tamaulipas) y relevó de sus funciones a 700 agentes policiales cuya labor era el combate al narcotráfico.[8] Dicha acción del gobierno federal ocasionó que, al emprenderse operativos de retención y detención de narcotraficantes por medio del uso de las armas en espacios públicos, los militares llegaran a afectar de manera colateral a los civiles.[9]

Al término de la gestión de Vicente Fox, el presidente Felipe Calderón decidió emprender formalmente la guerra contra el narcotráfico para reforzar la estrategia de combate frontal. De la mano con el Operativo “México Seguro”, que había extendido la presencia militar a más estados del país (Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero),[10] la “Estrategia Nacional de Seguridad” se instauró en 2006 como una nueva táctica federal en contra del crimen organizado. La nueva estrategia se planeó con cinco componentes: (I) operativos coordinados en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos; (II) escalamiento de las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado; (III) reformas al marco legal e institucional; (IV) política activa de prevención del delito y (V) fortalecimiento de la cooperación a nivel nacional e internacional.[11] Con este fin, se desplegaron más de 45,000 tropas a lo largo del país. Sus principales tareas eran: la realización de patrullajes y establecimiento de puestos de control; participación en la ejecución de órdenes de presentación, aprehensión y cateo en apoyo a autoridades ministeriales; auxilio a la población civil en situaciones de peligro; presencia disuasiva en zonas consideradas de alto riesgo; obtención de información para el planeo conjunto y lucha frontal contra el crimen organizado.[12]

Los resultados de esta confrontación, de acuerdo a los datos del Ejército, fue la captura o abatimento de 20 de los principales capos del país y el decomiso de aproximadamente 110,863 de armas, más de 9, 294,672 kilogramos de mariguana y 34,682 kilogramos de cocaína. No obstante, como resultado también se vislumbraba una severa crisis de derechos humanos.

Enrique Peña Nieto prometió adoptar una nueva estrategia en contra del narcotráfico. De acuerdo a sus declaraciones, esta se basaría en mitigar y resolver los problemas estructurales que alimentan el narcotráfico en vez de combatir directamente a los cárteles. Sin embargo, a cuatro años de haber comenzado su gestión, de facto el enfoque no se ha modificado. A pesar de haber retirado elementos castrenses de ciertos territorios, el presidente Enrique Peña Nieto ha desplegado a miles de soldados sin haber esclarecido cuáles son los plazos para su retirada y no ha logrado abordar los problemas estructurales que fomentan la inseguridad en el país relacionada con el tráfico de drogas.

Los esfuerzos del presente gobierno federal para la contención de la violencia y la instauración de condiciones de seguridad no han detenido las muertes ni los delitos asociados al narcotráfico. Por el contrario, debido al aumento de los costos relacionados con la guerra, se han diversificado los métodos violentos de obtención de ingresos por parte del crimen organizado. La población civil lidia diariamente con la extorsión, el secuestro, los asesinatos, los tiroteos y con otras formas de violencia. Sin cifras oficiales, se estiman más de 150,000 personas asesinadas y 280,000 personas desplazadas relacionadas a la guerra contra el narcotráfico,[13] además de 28,000 personas desaparecidas[14].

A la intensificación de la violencia proveniente del crimen organizado se ha sumado una que proviene del Estado. Como ya se mencionó, la presencia de las fuerzas armadas en las calles ha desembocado en acusaciones de abuso a los derechos humanos. “Se da seguridad aumentando la inseguridad con operativos represivos que ponen continuamente en peligro los derechos humanos de los ciudadanos, la militarización ha pasado por encima de los derechos fundamentales[15].

Los cambios[16] que se han hecho en el sector de seguridad para proteger a los civiles han sido insuficientes, la impunidad ante acusaciones de violaciones no ha sido solucionada, debido a que los miembros de las fuerzas armadas prácticamente nunca responden ante la justicia y la conducta se perpetúa. Estas faltas a los derechos fundamentales agravian el problema de la violencia en México: se ha propiciado la impunidad de las autoridades ante sus errores y se ha manipulado el sistema de justicia para la protección de los miembros de las fuerzas armadas por encima de los civiles.

2. Estándares internacionales de la reforma al sector de seguridad

La necesidad de realizar reformas al sector de seguridad nacional surge cuando existe un dilema entre la imposición de la paz por parte de las fuerzas armadas y la calidad de vida de los ciudadanos. El argumento principal es que la protección a los derechos humanos no debe estar supeditada al control efectivo en un Estado de derecho. El propósito de reformar la estructura de seguridad es afrontar las amenazas que enfrenta la soberanía del Estado sin atentar contra la ciudadanía.[17]

Resulta importante resaltar que la militarización es en realidad un recurso radical que evidencia la falta de confianza que se tiene hacia otras instancias de seguridad pública, o la insuficiencia de estas para afrontar los retos que acontecen. La reforma no es, ni debe de ser, considerada como un fin en sí mismo; que las fuerzas armadas quebranten los derechos humanos es un problema, pero no es la raíz del problema. Las reformas en el ámbito de seguridad no son suficientes para devolverle el poder al Estado. Sin embargo, son imprescindibles porque permiten incluir en la agenda nacional temas como la supremacía de los derechos humanos, la profesionalización y modernización de las fuerzas armadas, y la rendición de cuentas. Las reformas al sistema de seguridad deben aspirar a ser las herramientas que permitan el desarrollo y fortalecimiento de instituciones públicas eficientes que hagan valer los derechos de los ciudadanos mientras el Estado de derecho recobra su espacio.

La reformas al sector de seguridad que aquí se proponen lidian con la interacción entre las fuerzas armadas y los ciudadanos, y perciben a la seguridad como un bien público.[18] De manera general, los estándares internacionales de dichas reformas buscan el establecimiento de medidas prudentes de transparencia, equilibrios de poder entre diversas instituciones y rendición de cuentas.

2.1 Mejora de las capacidades de las fuerzas armadas: profesionalización y modernización.

Los estándares internacionales señalan que los oficiales en las fuerzas armadas profesionales son agentes del Estado organizados jerárquicamente dentro de un mismo cuerpo corporativo; buscan traducir el conocimiento científico en experiencia militar; y utilizan la selección, la educación, el entrenamiento y la promoción para asegurarse de que sus esfuerzos van encaminados al bien común.[19] Más aún, Samuel Huntington identifica tres características primordiales de una milicia profesionalizada: la experiencia militar; la responsabilidad social; y el espíritu corporativo.

En contraste, el problema en México es que sigue existiendo una inhabilidad de implementación de una estrategia nacional coherente que comprenda la profesionalización de los brazos armados del país, así como inhabilidad para diseñar una estrategia de seguridad nacional congruente y respetuosa a los derechos humanos. En México, los avances más notables en cuanto a la formación de capacidades giran en torno a la formulación de reglas de enfrentamiento. Aún se necesita lograr el aumento de expertise en términos de información e inteligencia, así como establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo.

Para establecerse como una fuerza creíble de defensa, la milicia mexicana también necesita asimilar nuevas tecnologías y profesionalizarse a través de la conformación de agencias especiales y unidades con misiones específicas. La defensa cibernética, las operaciones de información y las operaciones realizadas bajo el agua son áreas donde también se necesita prestar atención.[20]

Por otro lado, los estándares internacionales señalan que la modernización militar se debe de emprender conforme a tres criterios. En primer lugar, abandonar los programas de modernización puntual que se centran en la compra de equipos de última generación: se debe buscar mejorar el nivel tecnológico de las fuerzas adquiriendo material de tecnología media, pero que sea congruente con los procedimientos operativos de las estructuras militares. Como segundo punto, las compras se deben de asociar con las misiones más probables: se debe vincular el equipamiento con las operaciones que se realizarán. Además, la inversión en defensa debe destinarse a conseguir mejoras en inteligencia, logística y movilidad.[21]. Estos elementos sugieren necesario un replanteamiento de la estructura de modernización fomentada por tratados, proyectos o programas de colaboración internacionales, tales como la Iniciativa Mérida[22].

2.2 Eficiencia en la toma de decisiones

Reformar el sector de seguridad significa la transformación misma del sistema: la delimitación de los roles, responsabilidades y acciones de todos los actores que intervienen en el sistema de seguridad. El objetivo de esta delimitación es que sea manejada y operada de un modo consistente con los principios democráticos, porque las fuerzas de seguridad que son responsables y que rinden cuentas reducen los riesgos de conflicto y crean un ambiente favorable para el desarrollo sostenido.[23]

Los estándares internacionales señalan que la seguridad interna requiere de un sistema integral de trabajo que incluya los sistemas de inteligencia, las instituciones policiales, los diferentes sectores de gobierno y la sociedad civil. También señalan que las misiones de las fuerzas armadas deben de ser claras y se debe establecer una estrecha colaboración entre agencias[24] para desarrollar un Estado Mayor Conjunto. Para ello se requiere el asumir y emprender un sistema integral de trabajo del sector de seguridad que abarque las cuatro dimensiones de gobernabilidad: la política, la social, la económica y la institucional.

La dimensión política se refiere al control civil con respecto a las actividades de las fuerzas armadas: a los civiles y a sus facultades para encontrarse al frente de la planeación de estrategias de seguridad. La dimensión social se trata de garantizar la primacía de la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés: objetivo que implica un monitoreo civil de las acciones militares. La dimensión económica es la sustentabilidad financiera del proyecto de seguridad, así como la distribución eficiente de recursos humanos, financieros y materiales. Por último, la dimensión institucional se refiere a la transformación de las estructuras de poder que permita su separación y que haga que funcionen como contrapesos entre sí.[25]

Para este fin se sugiere una reforma al sector de seguridad que enfatice el desarrollo de un concepto nacional de seguridad y los marcos políticos e institucionales para su implementación; que establezca y defina las competencias y facultades de quienes formulan, ejecutan, manejan y monitorean el sistema de seguridad; y busque construir los mecanismos institucionales necesarios para asegurarse de que las tareas emprendidas por las fuerzas armadas sean cumplidas bajo un esquema de observación civil.[26]

En México, al no existir la figura de un Ministro o Secretario de Defensa Conjunto que alinee estrategias aéreas, marítimas y terrestres de manera simultánea, existe una falta legitimidad así como actividades que se sobreponen y compiten entre el Ejército y la Marina. La personificación de un solo tomador de decisiones es necesaria. La estructura descoordinada debilita la toma de decisiones; ya que la información recolectada por las diferentes secretarías es guardada, y no existe ningún mecanismo efectivo centralizador que concrete, consolide y sintetice la inteligencia. Las consecuencias de incapacidad de cooperación entre las fuerzas armadas han desembocado en luchas por la posesión de la agenda del narcotráfico, complicando la jurisdicción de diferentes partes de la agenda.[27]

México podría desarrollar un Estado Mayor Conjunto funcional que incluya el trabajo de la comunidad de inteligencia, donde la comunidad provea información que ayude a los creadores de política a entender los elementos y la dinámica de las situaciones con las que se lidia. Un alto comando unificado podrá darle dirección estratégica a las fuerzas combatientes y podrá organizar una mejor distribución de los recursos. Se podrán desarrollar capacidades especializadas, operaciones en redes más amplias, y mejores servicios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El objetivo debe dirigirse a hacer un Estado Mayor Conjunto que sea versátil, responsivo y eficiente. La cohesión táctica y el uso combinado de fuerzas harán posible la contextualización de las misiones; es decir, teniendo la decisión final sobre estrategias de ataque o defensa, el comando unificado podrá disponer de los equipos aéreos, marítimos y terrestres que la misión requiera para adaptarse a las circunstancias que enfrenta.

2.3 Respeto a los derechos humanos

Según propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la reforma al sector de seguridad debe de estar centrada en los individuos; además, los analistas argumentan que tiene que estar basada en valores democráticos. Ello implica tres consecuencias.

Primero, que las soluciones ante los retos de seguridad que enfrenta la población y el Estado sean propuestas mediante políticas más integradas de desarrollo y seguridad. Como recomendación específica al caso de México, se propone usar y combinar un amplio amplios elementos diplomáticos, legales, sociales, económicos, políticos y de seguridad para desarrollar respuestas no militares más eficientes ante el contexto de violencia e inseguridad.[28] Es decir, priorizar intervenciones no confrontativas, para siempre privilegiar la protección a los derechos humanos de todos los individuos.

Segundo, implica que haya un apego irrestricto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en las actividades que desempeñan. Aunque el Ejército y la Marina han emprendido diversos esfuerzos para sensibilizar y capacitar a sus efectivos en materia de derechos humanos, estos esfuerzos no han mostrado una disminución de las acusaciones de violaciones. El reto es que el Estado mexicano intensifique su lucha para asegurarse de que las fuerzas armadas mejoren su praxis en el manejo de armas de fuego, empleo de la fuerza y abuso de poder aún persiste.

Tercero, implica el derecho a la participación activa, libre y significativa en la consolidación de las reformas mismas, es decir, que estas se hayan construido con la colaboración y cooperación de todos los stakeholders (los individuos, el Estado, la sociedad civil, las comunidades, los medios de comunicación, el sector privado y el académico). Los estándares internacionales señalan que las reformas que son verdaderamente sustentables surgen de un cauce institucional y democrático, y son orgánicas en su creación y consolidación; atienden las necesidades de una sociedad y se elaboran con respecto a sus intereses. [29]

2.4 Control civil sobre militares

Los estándares internacionales señalan que para que la provisión de seguridad se desarrolle de la mano de los intereses de la población es necesario que exista un control civil y democrático sobre las fuerzas de seguridad, siendo los civiles quienes estén al mando del proceso y no los “expertos en seguridad”.[30] La literatura también señala que el sector de seguridad tiene la obligación de responder ante los mismos principios de rendición de cuentas y transparencia a los que se enfrenta el resto del sector público. Estos principios incluyen la disponibilidad de información que sea requerida por los actores que toman las decisiones políticas; el manejo apropiado del gasto público para que comprenda la vinculación entre presupuesto y resultados; y la capacidad y disposición de cambiar prioridades y relocalizar recursos para lograr objetivos estratégicos.[31]

La subordinación de lo militar ante lo civil es considerada como una condición vital de las relaciones cívico-militares en una democracia moderna. Huntington señala que esto se debe a la “particular perspectiva sobre política internacional, el papel del Estado, el lugar que ocupan la fuerza y la violencia en los asuntos humanos, así como la naturaleza del hombre y la sociedad”[32] que tienen los militares por doctrina y que contrasta con la visión de las autoridades civiles. Huntington argumenta que las autoridades civiles deben de tener supremacía y control objetivo, lo que implica que haya un alto nivel de profesionalismo militar y de reconocimiento de los límites de su competencia; una subordinación efectiva del ejército a los líderes políticos civiles que toman decisiones de defensa; un reconocimiento y aceptación de liderazgo en un área de competencia profesional y autonomía para el ejército; minimizar la intervención militar en la política, y viceversa. De acuerdo con Huntington, la supremacía civil también incluye la primacía de los líderes electos en todas las áreas de la política, incluyendo la formulación e implementación de las políticas de defensa y seguridad nacional.[33]

En México, el cambio a un Secretario de Defensa civil contribuiría a una mayor profesionalización castrense. Mientras los civiles hacen política, negocian el presupuesto con el Congreso, esclarecen las sospechas de corrupción y toman parte en las conferencias internacionales con sus pares civiles, la milicia podría concentrar sus esfuerzos en aquello que mejor saben hacer: la parte táctica-operativa.

La literatura también señala que el control civil sobre militares incluye el acotamiento del fuero castrense cuando existan violaciones de derechos humanos de militares hacia civiles. Un soldado es un ciudadano y no debe de ser considerado como parte de un grupo privilegiado: cuando emprenda una acción delictiva o abusiva que afecte a la sociedad civil tiene la obligación de someterse a las leyes del Estado y de afrontar sus responsabilidades ante los mismos tribunales que el resto de la sociedad.[34] En las democracias “las Fuerzas Armadas dependen del Poder Ejecutivo, por lo que no tienen como función propia la de administrar, incluso, procurar justicia, sino que la primera le corresponde al Poder Judicial, respetando el principio del debido proceso penal y debe existir la independencia e imparcialidad de los jueces.”[35]

En México, es imprescindible que la acotación del fuero militar se traduzca en una reforma de fondo. Esto para que la impunidad con la que cuentan las élites militares cese, y para que no sean solamente casos aislados los que se evalúen bajo jurisdicción civil.

Además, en el caso de México, castigar a la corrupción militar resulta un punto primordial en la reforma del sector de seguridad. Después del arraigo de cuatro oficiales de alta jerarquía militar mexicana, se cuestiona la lealtad de una de las instituciones tradicionalmente percibidas como más sólidas en el país. Los militares tienen que someterse a un juicio castrense o civil dependiendo del tipo de corrupción que emprendieron. Por ejemplo, maquillar las cuentas de la tienda de alimentos dentro de la base militar correspondería al fuero militar, mientras que delitos que impacten a la sociedad civil, como los abusos vinculados a las tareas de combate al narcotráfico, tendrían que ser procesados y sancionados en juzgados civiles.

2.5 Reforma en los canales comunicación entre las instancias de seguridad y la sociedad civil

Aunque la reforma en materia de comunicación le corresponde más bien al sector de comunicación y no al de seguridad, la reforma es importante y aplicable en el caso de México porque no existe comunicación entre el Ejército, la Marina y la opinión pública.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los artículos 6 y 26 que todo ciudadano tendrá acceso gratuito a la información pública; y que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.[36] En el sector de seguridad los rubros a los cuales se tiene acceso son: el servicio militar nacional, la comercialización de armas de fuego, el registro de armas de fuego y explosivos, la educación militar, el reclutamiento, las características de aeronaves, preguntas frecuentes y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.[37] Los informes de rendición de cuentas de la administración pública están disponibles, pero no existe un vínculo de comunicación entre los planes de las fuerzas armadas con la sociedad civil. México carece de mecanismos institucionales que permitan la comunicación entre los actores que imponen la paz y quienes la disfrutan, lo que inhibe la creación de estrategias con objetivos y prioridades nacionales.

La falta de comunicación entre el sector de seguridad y la sociedad civil crea problemas informacionales que conducen a la tensión social. Es necesario realizar esfuerzos para que los ciudadanos comprendan los retos que el sector de seguridad enfrenta. Impulsando el fortalecimiento de la relación cívico-militar, México podría beneficiarse de un libro blanco que sintetice y organice coherentemente las decisiones del sector de seguridad. Este es un instrumento importante de rendición de cuentas, ya que es un documento redactado por el gobierno que aclara y explica las acciones emprendidas por las entidades gubernamentales y va dirigido a la sociedad civil. Específicamente en el sector de seguridad, el libro blanco se fortalecería la relación entre civiles y los creadores de política de seguridad al crear un vínculo de apertura, creando además confianza por la sistematización y periodicidad del documento. En México sólo se cuenta con un libro blanco para el Ejército, pero no para la Marina ni para otras agencias administrativas de inteligencia, lo que imposibilita entender las motivaciones del sector de seguridad como conjunto.

Conclusión

Como es el Estado quien tiene la capacidad de imponer coercitivamente sus decisiones, la fuerza institucional de la milicia debe dosificarse si pretende no atentar contra los principios de la democracia.[38]

Uno de los principales retos para la consecución de estas reformas será encontrar la manera de reducir la influencia política de los militares en el país sin que estos desafíen las reformas. Toda facción que percibe la pérdida de su influencia suele desarrollar movimientos subversivos. Cabe mencionar que no sólo a las fuerzas armadas les resulta conveniente la prevalencia del statu quo en el sector de seguridad, sino también a los políticos que encuentran beneficios adyacentes, como por ejemplo, el apoyo de los militares.

Adicionalmente, la decisión de cuándo emprender las reformas será vital, ya que México se encuentra actualmente de facto luchando una guerra contra las drogas y no se sabe cuándo terminará. La reestructuración del sistema de seguridad como conjunto traerá momentos de inestabilidad que podrían repercutir negativamente en esta guerra, aunque la permanencia de las condiciones actuales seguirán siendo un obstáculo para la democracia. El futuro de México y de su sector de seguridad también responderá a las señales que los gobernantes quieran emitir. Existen roces políticos que no permiten dar continuidad a las estrategias de seguridad, lo que inhibe la profesionalización en el sector de seguridad.

Es necesario afirmar que aunque la reforma haya sido exitosa, el Estado mexicano no debe dejar de tomar en consideración que la militarización permanente no es la solución. Las fuerzas armadas no pueden permanecer de manera interminable e indefinida en las calles atendiendo asuntos de seguridad pública. Una vez restablecido el Estado de Derecho la milicia debe retornar a sus funciones tradicionales. México debe evolucionar sus políticas y retórica militarizadas a acciones y lenguajes más democráticos en el sector de seguridad.

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[1] Sigrid Arzt, La Militarización de la Procuraduría General de la República: Riesgos para la Democracia Mexicana.Estados Unidos: Center for U.S.-Mexican Studies. disponible en http://escholarship.org/uc/item/04f712d0 (consulta: 08 de octubre de 2012).

[2] Richard Craig, Operation Condor. Mexico’s Anti-drug Campaign Enters a New Era. Estados Unidos: Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 1980. pp. 345-363.

[3] Peter H. Smith, Drug Trafficking in Mexico. Estados Unidos, The Brookings Institution, 1997. p. 127.

[4] Raúl Benítez Manaut, México: doctrina, historia y relaciones cívico-militares a inicios del siglo XXI. México: Miguel Ángel Porrúa, 2005, pp. 334-335.

[5] José Luis Cisneros, El cáncer del narcotráfico y la militarización de la seguridad pública. México: El Cotidiano,2010. p. 50.

[6] Jorge Chabat, La respuesta del gobierno de Calderón al desafío del narcotráfico: entre lo malo y lo peor. México, El Colegio de México, 2010, pp. 27-28.

[7] Tanto el Ejército (que contempla también la Fuerza Aérea) como la Marina.

[8] Raúl Benítez Manaut, “La crisis de seguridad en México”, en Nueva Sociedad (Argentina), vol. Marzo/Abril, núm. 220, 2009, p. 186.

[9] Comunicado de prensa. Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P A.C., 2005.

[10] Sexto informe de gobierno de Vicente Fox Quesada.

[11] Quinto informe de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

[12] Quinto informe de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

[13] Comunicado de Amaya Ordorika Imaz de la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2016.

[14] Comunicado del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, 2016.

[15] José J. Borjón Nieto, La lucha contra el crimen organizado y las sombras de la militarización. México, septiembre de 2008.

[16] Transparencia en el proceso judicial, acotación del fuero militar.

[17] Esto cobra especial relevancia al señalar que, para el Estado mexicano, el problema del narcotráfico es considerado un asunto de seguridad nacional.

[18] Herbert Wulf, Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries. Alemania: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2004, p. 9.

[19] Nathan W. Toronto, Why war is not enough: military defeat, the division of labor, and military professionalization. Estados Unidos: The Ohio State University, 2007, pp. 6-7.

[20] Inigo Guevara Moyano, Adapting, Transforming, and Modernizing Under Fire: The Mexican Military 2006-11. Estados Unidos: The Letort Papers, 2011, p. 35.

[21] Román D. Ortíz, Ampliación del horizonte estratégico y reforma militar en América Latina. Chile: Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, 2000, p. 10.

[22] Programa de colaboración entre México y Estados Unidos vigente desde 2007, orientado a mejorar las capacidades de fuego del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico y el terrorismo.

[23] Wulf, op. cit., p. 10.

[24] Lucia Dammert y David Álvarez Veloso, Fuerzas Armadas en seguridad pública. ¿Solución o problema?. Argentina: Nueva Sociedad, 2008, p. 14.

[25] Sanam Naraghi Anderlini y Camille Pampell Conaway, Security Sector Reform. Reino Unido: International Alert/Women Waging Peace, 2007, p. 32.

[26] DAC Guidelines and Reference Series, Security System Reform and Governance, Francia, OECD Publishing, 2005, p. 24.

[27] Comunicado de David Shirk, director del Trans-Border Institute en la Universidad de San Diego, 2013.

[28] DAC Guidelines and Reference Series, op. cit., pp. 22-24.

[29] Wulf, op. cit., p. 14.

[30] Wulf, op. cit., p. 14.

[31] DAC Guidelines and Reference Series, op. cit., pp. 23-24.

[32] Samuel P. Huntington, The Soldier and the State in the 1970s. Estados Unidos: The American Enterprise Institute, 1977, p. 7.

[33] Samuel P. Huntington, Reforming Civil-Military Relations. Estados Unidos: The Johns Hopkins University Press, 1996, pp. 3-4.

[34] Susana Thalía Pedroza de la Llave, La reinterpretación constitucional del fuero de guerra o militar en el marco del Estado democrático, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/CuestionesConstitucionales/25/ard/ard6.pdf (consulta: 17 de diciembre 2012).

[35] Ibid., p. 159.

[36] Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, SEDENA.

[37] Ibid., p. 301.

[38] Marcos Pablo Moloeznik, La naturaleza de un instrumento militar atípico: las fuerzas armadas mexicanas. Chile: Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, 2005, p. 173.

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