Las Fuerzas Armadas y el Estado de Derecho. Notas sobre México en Perspectiva Comparada

Las Fuerzas Armadas y el Estado de Derecho. Notas sobre México en Perspectiva Comparada*
Julio Ríos Figueroa,
CIDE, División de Estudios Políticos

Los estados modernos necesitan fuerzas armadas fuertes y eficaces tanto para defenderse de las amenazas provenientes del exterior como para garantizar la paz y seguridad internas. Sin embargo, ejércitos fuertes también han sido muchas veces una amenaza para la estabilidad de los regímenes políticos y la seguridad de los ciudadanos. La existencia de fuerzas armadas poderosas pero eficazmente subordinadas a autoridades civiles democráticamente electas es una rareza histórica que intriga a politólogos, sociólogos e historiadores.[1] ¿Cómo crear fuerzas armadas cuyo desempeño sea encauzado dentro de los límites del estado democrático de derecho y sin que éste se convierta en una amenaza a su esprit de corps, su disciplina y su eficacia? ¿Cómo lograr que las fuerzas armadas no se sientan sometidas al estado de derecho, sino que más bien lo entiendan como el marco necesario de acción y el objetivo último de defensa y misión? ¿Cómo lograr que las autoridades civiles comprendan la especificidad de las fuerzas armadas y logren una mejor coordinación para que éstas cumplan sus misiones con eficacia?

Estas preguntas están abiertas en cualquier democracia,[2] pero en la América Latina contemporánea adquieren una relevancia mayor dada la historia de intervencionismo militar e inestabilidad institucional desde el momento mismo de las independencias,[3] y la prolongada —e históricamente inusual— fase democrática en la que están la mayoría de los países de la región desde fines de los setenta. En efecto, la región latinoamericana sufre de una crónica inestabilidad institucional. Un dato relevante es que el 37% de transiciones hacia y desde la democracia han ocurrido en la región a pesar de que ésta incluye menos del 10% del total de los países del mundo. Juan Linz famosamente culpó al presidencialismo por esta inestabilidad, argumentando que este sistema no provee incentivos para formar coaliciones de gobierno en sistemas multipartidistas y por tanto produce gobiernos minoritarios y situaciones de conflicto entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo. De acuerdo con Linz, la falta de un mecanismo democrático para resolver esos impasses —como el voto de no confianza o las elecciones anticipadas propios del parlamentarismo— invitan a la intervención militar y producen inestabilidad.[4]

Sin embargo, a pesar del atractivo de la perspectiva “linzeana”, José Antonio Cheibub ha mostrado convincentemente que “la alta inestabilidad de las democracias presidencialistas puede ser enteramente atribuida a sus legados autoritarios, y por tanto nada tiene que ver con su estructura constitucional”.[5] En específico, de acuerdo con Cheibub, la inestabilidad de las democracias presidenciales se debe a que proceden de regímenes militares, los cuales heredan estructuras estatales débiles que a su vez producen impasses que invitan a una nueva intervención militar, y así sucesivamente. Esta “espiral de inestabilidad” resulta del impacto de los legados autoritarios y la historia de intervenciones militares en los gobiernos democráticamente electos. Los ejecutivos latinoamericanos, durante periodos no autoritarios, han utilizado a las fuerzas armadas para combatir no solamente amenazas externas sino, en especial, crisis de seguridad internas como las relacionadas con guerrillas, movimientos sociales o crimen organizado. Dejar la seguridad interna en manos de las fuerzas armadas, regularmente no supervisadas, suele reforzar la capacidad de éstas para intervenir en otras crisis políticas como pueden ser la “parálisis legislativa” o el potencial triunfo electoral de un partido o candidato considerado extremista o peligroso por el gobierno en el poder.

La última ronda de autoritarismo e intervenciones militares en la mayor parte de países de la región tuvo lugar durante la Guerra Fría. De hecho, en 1970 todos los países latinoamericanos —con excepción de Colombia, Costa Rica y Venezuela— eran regímenes autoritarios, muchos liderados por los militares. Esto comenzó a cambiar en 1978 con la transición a la democracia en República Dominicana, la cual fue seguida por Ecuador al año siguiente, Perú en 1980 y a partir de entonces prácticamente todos los países en la región —excepto Cuba—. La lógica de la “espiral de la inestabilidad” sugiere que estas democracias presidencialistas deben ser inherentemente inestables. Sin embargo, el propio Cheibub argumenta que esta vez la democracia debe ser más estable porque ha llegado a países con un ingreso per cápita más alto y porque los militares en los últimos regímenes cometieron más violaciones graves a los derechos humanos que nunca antes.[6] En otras palabras, esta vez en muchos países las fuerzas armadas no son más un “poder interventor” que goce de legitimidad, al contrario, muchas de las nuevas democracias han reaccionado contra los abusos perpetrados.

En suma, uno de los legados de las intervenciones militares en América Latina es que las fuerzas armadas se acostumbraron a la falta de rendición de cuentas, debido a una malentendida y excesiva autonomía militar, e incluso en muchos casos simple y llana impunidad. Este legado es inaceptable en democracia y, en consecuencia, los países latinoamericanos desde las transiciones que comenzaron en 1978 han tratado de actualizarse y adaptarse a las exigencias del estado de derecho. Un rasgo interesante de las democracias latinoamericanas contemporáneas es que exhiben variación en muchas áreas —económicas, sociales, etcétera— incluyendo la extensión y la autonomía de la justicia militar, la regulación del uso de la fuerza, y la presencia de miembros de las fuerzas armadas en los gabinetes presidenciales.[7] Para mostrar esta variación, y entrar al caso de México, me concentro en el tema respecto la extensión y autonomía de la justicia militar un tema muy relevante y no resuelto en nuestro país. 

Alcances y límites de la justicia militar

La jurisdicción o el fuero militar tradicionalmente se ha justificado con base en la premisa que afirma que las características propias de la tarea de las fuerzas armadas hacen indispensable establecer fiscales, tribunales y un conjunto de leyes que incorporen la especificidad de dicha actividad, y que provean de estabilidad institucional y seguridad jurídica a los miembros del ejército. A pesar de que este razonamiento a favor de una jurisdicción separada para las fuerzas armadas tiene mérito, en lugares con una historia de intervenciones militares, como la región latinoamericana, este fuero ha dado paso a la impunidad y la arbitrariedad. En particular, en algunos países y bajo ciertas circunstancias, la jurisdicción militar se convirtió en un cheque en blanco el cual permitió que no se castigara, apropiadamente, a miembros del ejército que habían cometido acciones tipificadas como delitos graves en el fuero civil, las cuales no tenían nada que ver con su misión especializada. Asimismo, el fuero ha sido utilizado como un medio para dejar sin castigo la represión de los oponentes políticos. En esos lugares, los miembros del ejército se acostumbraron a que una jurisdicción militar con un alcance muy amplio, y a que éste resistiera todos los intentos de reducirlo, ya fuese por vía judicial o por otra vía.

En las últimas dos décadas muchos países de América Latina han emprendido procesos para acotar de manera fundamental a la jurisdicción militar. En algunos casos incluso se ha llegado a su eliminación o, al menos, a su limitación radical. En otros casos, se ha buscado normarla de forma clara para asegurar que los civiles no puedan ser juzgados por ella, asimismo buscan garantías de debido proceso a militares, existencia de reglas claras para el ejercicio de la fuerza, y las posibilidades de un marco jurídico de carácter sumario para tiempos excepcionales estén fuertemente restringido. El proceso de delimitación jurídica del fuero militar ha adquirido una creciente relevancia en lugares como México o Perú debido a la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna.[8]

El alcance del fuero militar es esencialmente una respuesta a la pregunta: ¿quién puede ser juzgado en los tribunales militares, bajo qué circunstancias y por qué delitos? En términos generales, las respuestas a esta pregunta se pueden organizar en una serie de categorías ordenadas de mayor a menor alcance en el ámbito del fuero militar: 1) personal militar y civiles, en casi cualquier circunstancia; 2) personal militar y civiles, sólo en situaciones de emergencia; 3) sólo personal militar, en cualquier circunstancia; 4) sólo personal militar, sólo en circunstancias en que se cometieron delitos durante el servicio; 5) sólo personal militar, sólo cuando delitos estrictamente militares estén involucrados; 6) ni siquiera el personal militar cuando se trate de delitos graves contra la humanidad y la violación de los derechos humanos; 7) nadie nunca, esto ocurre cuando se ha abolido el fuero militar.

Si bien las categorías extremas son posibilidades teóricas que difícilmente tienen lugar como tales en la realidad, sí existen casos concretos que están cerca a esos extremos. Por ejemplo, Chile durante el régimen de Pinochet amplió el alcance del fuero militar para incluir muchos delitos comunes.[9] En el otro extremo, hay casos como el de Costa Rica, donde se abolió el ejército. Y también casos como Francia, Alemania o Argentina, donde ha desaparecido el fuero militar dentro de sus fronteras y sólo lo han aceptado en casos de guerra exterior o en barcos militares.[10] Nótese que, entre las categorías intermedias, donde sólo personal militar puede aparecer ante los tribunales castrenses, la diferencia se establece por las siguientes consideraciones: primero si cualquier delito que haya sido cometido por un miembro de las fuerzas armadas es admitido en los tribunales militares; o sólo los delitos cometidos por oficiales pero que hayan ocurrido en el desempeño de una misión o servicio específicos. Ello limita no sólo los sujetos que pueden ser juzgados en tribunales castrenses, sino las circunstancias bajo las que ocurren los delitos susceptibles de ser remitidos a dichos tribunales. Segundo, también se distingue el tipo de delitos, en particular si sólo delitos estrictamente militares, tales como la cobardía, la insubordinación o la traición, pueden juzgarse bajo el fuero militar o si se incluyen otro tipo de delitos. En resumen, las respuestas a las interrogantes quién, cuándo y por qué determinan la extensión de la jurisdicción militar. Por ejemplo, el Artículo 13 de la Constitución mexicana de 1917 establece una extensión o alcance bastante limitado de la jurisdicción militar:

Artículo 13.- […] Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre las personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. (Énfasis añadido).

Otra dimensión relevante de la jurisdicción militar es la relacionada con su funcionamiento interno. Esta dimensión puede ser entendida como la forma en que el proceso judicial se lleva a cabo dentro del fuero militar. Por ejemplo, la duración de los procedimientos, la composición de los tribunales militares, los derechos de la víctima y del acusado, y la determinación de sus castigos. En esta dimensión también se puede determinar un continuo donde, en un extremo, encontraríamos una jurisdicción militar cuyos procedimientos son iguales a los de un proceso en un tribunal ordinario. En el otro extremo encontraríamos una jurisdicción militar totalmente autónoma con procedimientos y garantías distintas a las de la jurisdicción ordinaria y no sujetos a revisión por parte del poder judicial. De nuevo, estos límites son posibilidades teóricas que no ocurren como tales en la realidad. Sin embargo, son útiles para analizar la dimensión interna de la jurisdicción militar en países concretos que se pueden situar más cerca de un extremo u otro.

Por ejemplo, Eto Cruz y Landa señalan que en la Constitución de 1993 del Perú “se prohíbe por expreso mandato que el Poder Judicial pueda revisar las resoluciones del Consejo Supremo de Justicia Militar… Cualquier pena privativa de libertad que impongan los jueces militares y que puede llegar hasta la imposición de cadena perpetua quedaría jurisdiccionalmente consentida en el fuero militar, sin posibilidad de que sea revisada por el poder judicial. Y este peligro no es solo para aquellos civiles alzados en armas, sino y fundamentalmente también, al propio estamento militar”.[11] En el polo opuesto se encuentra el caso de Argentina donde en 2007 llegó a la Corte Suprema un caso cuestionando faltas al debido proceso penal en la jurisdicción militar y los ministros Zaffaroni y Lorenzetti —en votos particulares— argumentaron que la jurisdicción militar en sí misma es inconstitucional ya viola principios fundamentales como la independencia judicial y la neutralidad del juez (ver Caso López Fallos 54:577; 310:1797, marzo 2007). En 2008, siguiendo este razonamiento, el Congreso de Argentina derogó la jurisdicción militar.

Nótese, finalmente, que ambas dimensiones de la jurisdicción militar —su alcance y su funcionamiento interno— están relacionadas, pero son claramente distinguibles. Por ejemplo, piénsese en el caso de un delito estrictamente militar —como insubordinación o deserción—, cometido por un miembro activo de las fuerzas armadas en una misión específica. Este caso hipotético satisface todas las características requeridas para poder ser juzgado en un tribunal castrense. Sin embargo, todavía faltaría determinar la otra dimensión del fuero militar, es decir, cómo sería investigado y juzgado. Por ejemplo, en algunos países se permite que los jueces militares sean miembros activos de las fuerzas armadas, mientras que en otros esto está prohibido, ya que se considera que estar en actividad y contar -por lo general- con un rango superior, violaría el principio de neutralidad del juez. En ciertos países, esta característica del proceso podría ser cuestionada ante un juez ordinario. De igual modo, los tiempos procesales y los derechos de las víctimas y de los acusados pueden variar considerablemente y pueden ser llevados frente a la justicia ordinaria con base en el procedimiento penal —en el extremo el fuero como tal puede ser cuestionado y abolido como en el caso de Argentina mencionado anteriormente—.

Es posible decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a un estándar claro en cuanto a los alcances de la jurisdicción militar y también sobre algunos puntos clave de su funcionamiento interno. Sin embargo, existe una interesante variación en cómo los países de la región han normado el fuero militar: mientras algunos han alcanzado o incluso superado dicho estándar, otros por el contrario, tienen todavía importantes tareas pendientes al respecto.[12] Por ejemplo, en Brasil durante el periodo 2002-2012 aproximadamente el 13.5% de los acusados en casos llevados en la jurisdicción militar eran civiles (aproximadamente 2555 casos)[13]. Chile es otro país donde la jurisdicción militar tiene un alcance mayor al que la CIDH ha establecido[14] (Pereira and Zaverucha 2005). En el otro extremo encontramos a Argentina donde, como mencionamos, en 2008 el Congreso derogó el Código de Justicia Militar y la jurisdicción militar por considerarla inconstitucional. En los párrafos siguientes, presentamos un breve esbozo de los casos de Colombia, Perú y México y cómo se ha incorporado la jurisprudencia de la CIDH en el ámbito nacional.[15]

El caso de Colombia es interesante pues las decisiones más relevantes de la Corte Constitucional de ese país, respecto a la extensión del fuero militar, preceden las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. En particular, después de una serie de sentencias relacionadas con los estados de emergencia y las fuerzas armadas en Colombia, la Corte Constitucional en la sentencia C-358 1997 —Ministro Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz— estableció tres condiciones para que un caso pudiera ser investigado y juzgado en la jurisdicción militar: 1) que esté implicado un miembro de las fuerzas armadas —criterio subjetivo—, 2) que haya una relación próxima y directa entre el delito y el servicio o misión militar en la que ocurre —criterio funcional—, y 3) que no se trate de violaciones graves a los derechos humanos. Como vemos, estos son los mismos criterios que posteriormente adoptaría y desarrollaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una serie de sentencias posteriores (eg. C-878 2000 MP Humberto Sierra Porto y SU-1184 2001 MP Eduardo Montealegre) la Corte Constitucional Colombiana fue justificando las tres condiciones antes mencionadas, y progresivamente detallando y clarificando su contenido. Por ejemplo, estableció qué significa que un delito ocurra durante un “servicio o misión” y también explicó por qué los delitos graves contra los derechos humanos deben quedar excluidos de la jurisdicción militar.

Es interesante añadir que respecto a la regulación del uso de la fuerza letal es también la Corte Constitucional de Colombia la que ha avanzado de manera más consistente en la región. Por ejemplo, en una serie de decisiones ha construido el bloque de constitucionalidad colombiano y ha incorporado paso a paso los principios del uso de la fuerza establecidos en los documentos que conforman el Derecho Internacional Humanitario —la Convención de Ginebra y los Protocolos I y II adicionales— (ver C-225 1995 MP Alejandro Martínez). Ésta Corte ha argumentado que son los jueces de la justicia ordinaria los encargados de calificar si una situación tiene las características de un conflicto armado interno y, por tanto, si el Derecho Internacional Humanitario debe emplearse o no (ver C-291 2007 MP Manuel José Cepeda). El desarrollo de esta jurisprudencia es tal que la Corte ha desarrollado límites geográficos, materiales, y temporales para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia (C-291 2007 MP Manuel José Cepeda).

Perú, en contraste con Colombia, es el país sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió el primer caso respecto a la jurisdicción militar —es el caso Loayza Tamayo v. Perú de septiembre de 1997— y el país que en general ha sido más demandado en este tema frente a la Corte Interamericana. Después de cinco casos contra Perú decididos por la Corte Interamericana entre 1997 y 2000, y después de la caída del régimen de Alberto Fujimori, el Tribunal Constitucional del Perú decidió una serie de casos en los que puso al día la jurisdicción militar en ese país con los estándares establecidos por la Corte Interamericana.[16] El Tribunal Constitucional Peruano primero estableció que los delitos ordinarios y no militares —o delitos “de función” en términos usados por el Tribunal peruano— pertenecen la jurisdicción ordinaria y no a la militar (ver Exp. 010-2002-AI/ TC). El tema de los delitos de función y el tema de la composición de los tribunales militares —en específico, la prohibición de que los jueces sean militares en activo— son los que más han ocupado al Tribunal Peruano en su adaptación de las sentencias de la Corte Interamericana.

Sin embargo, en el Perú la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el fuero militar no ha sido progresiva —a diferencia de lo que ha ocurrido en Colombia—: después de las elecciones de 2006 el cambio de jueces constitucionales ha traído consigo un cambio en la jurisprudencia sobre la jurisdicción militar. En específico, en la sentencia Exp. 00001-2009-PI/TC el Tribunal argumentó no solamente que es constitucional que oficiales de las fuerzas armadas en activo sean jueces y fiscales en la jurisdicción militar —revirtiendo su propia jurisprudencia anterior y la de la Corte Interamericana—, sino que jueces y fiscales militares sean designados directamente por el Presidente de la República.[17] En suma, en el caso del Perú ha habido un diálogo constante, aunque no lineal, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional de ese país respecto a la jurisdicción militar.

En el caso de México, el Artículo 13 constitucional es muy restrictivo respecto al fuero militar. Sin embargo, la trayectoria jurisprudencial sobre este tema no siempre ha reflejado el texto del Artículo 13.[18] A grandes rasgos, desde 1920 hasta aproximadamente 1940 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpretó el Artículo 13 de manera literal manteniendo un alcance bastante limitado del fuero militar. Pero desde 1940 hasta alrededor del año 2005, la Corte estableció un alcance bastante más amplio de la jurisdicción militar, que implicaba un criterio en donde una gran variedad de delitos podía ser juzgada en un tribunal castrense siempre y cuando hubieran sido cometidos por militares.[19]

En la novena época las cosas comenzaron a cambiar pero de manera muy paulatina. Con la excepción de algunas restricciones leves respecto a qué delitos eran propios del fuero militar, la SCJN mantuvo durante varios años un marcado silencio respecto al fuero militar.[20] Más de una década después de la reforma de 1994, las decisiones de la Suprema Corte mexicana referidas a la jurisdicción militar comprendían poco más de un puñado de tesis jurisprudenciales sobre la dimensión interna de la jurisdicción militar, y una decisión con importantes consecuencias, en 1996, en la que defendió la constitucionalidad de la participación militar en asuntos de seguridad pública interna.[21]

El cambio importante en la jurisdicción militar en nuestro país ocurrió a partir del caso Radilla Pacheco vs. México decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 2009, en el cual la Corte cuestionó la amplia extensión de facto del fuero militar en México y sugirió la revisión del Código de Justicia Militar y la vuelta a la extensión de la jurisdicción militar establecida en el Artículo 13 constitucional. La SCJN en el Expediente Varios 912/2010 de junio de 2011, tomó las consideraciones del caso Radilla Pacheco y redujo la extensión del fuero militar de manera que no violase las claras restricciones de Artículo 13. Durante el verano de 2012, la SCJN tomó una serie de decisiones que apoyaban e incluso ampliaban la argumentación de Radilla. Establecieron que los casos de violaciones de los derechos humanos no debían ser juzgados en tribunales castrenses, y comenzó a delimitar el tipo de crímenes que se pueden atender en los tribunales militares.[22]

En suma, la delimitación jurisprudencial del fuero militar en México ha sido a cuenta gotas y la Corte Interamericana ha jugado un importante papel catalizador. Dada la centralidad que han adquirido las fuerzas armadas en el mantenimiento de la seguridad interna de nuestro país, los límites de la jurisdicción militar es un tema que sin duda tocará las puertas de la Corte en años por venir. Nuestros legisladores y nuestro máximo tribunal tienen aún mucho por hacer para generar normas que armonicen el respeto al Estado de Derecho y el eficiente desempeño del ejército mexicano. Para hacer las reformas necesarias, lo más importante es entender que el objetivo de las Fuerzas Armadas cuando luchan dentro de nuestro territorio no es derrotar al enemigo, sino reestablecer el estado de derecho usando la fuerza legítimamente, dentro de los límites de la constitución, y los derechos y principios de un régimen democrático. Si las fuerzas armadas no ejercen así la fuerza, ¿qué las diferencia de los actores como el crimen organizado que también la usan para perseguir sus fines?

Referencias

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* Este texto está basado en dos capítulos de libro de próxima aparición. El primero es Julio Ríos Figueroa. En prensa. “Constituciones, Constitucionalismo y Fuerzas Armadas en América Latina”. En Catherine Andrews (ed.) Un Siglo de Constitucionalismo en América Latina (1917-2017), Archivo General de la Nación. Y el segundo Andrea Pozas-Loyo y Julio Ríos Figueroa. En prensa. “La Jurisdicción Militar y sus Límites”. En Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, vol. VII Temas Transversales. México: Porrúa Editores.

[1] Adam Przeworski, Self-Government in Our Times, (New York: Cambridge University Press, 2011).

[2] Zoltan Barany, The Soldier and the Chaning State. Building Democratic Armies in Africa, Asia, Europe and the Americas (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012).

[3] Loveman, Brian Loveman, For La Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America (Willmington: Scholarly Resources, 1999).

[4] Juan J. Linz, “Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?”, en The Failure of Presidential Democracy, (eds.) Juan J Linz and Arturo Valenzuela (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1994).

[5] Jose A. Cheibub, Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy (New York: Cambridge University Press, 2007).

[6] Jose A. Cheibub, Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy (New York: Cambridge University Press, 2007).

[7] Felipe Agüero, “Legacies of Transitions : Institutionalization, the Military, and Democracy in South America.”, Mershon International Studies Review,núm.42 (1988): 383–404; W. Hunter, “Continuity or Change? Civil-Military Relations in Democratic Argentina, Chile, and Peru.”, Political Science Quarterly núm.112 (1997): 453–75; David Pion-Berlin, “The Latin American Military.” En Routledge Handbook of Latin American Politics, (eds.) Peter Kingstone and Deborah J. Yashar (New York, NY: Routledge, 2012); A. Sotomayor, “Los Civiles Y Militares En América Latina: Avances Y Retrocesos En Materia de Control Civil.”, Revista Mexicana de Política Exterior, núm.83 (2008): 41–84.

[8] Consuelo Cruz y Rut Diamint, “The New Military Autonomy in Latin America.”, Journal of Democracy núm.9 (1988): 115–27. Diamint, Rut Diamint, “A New Militarism in Latin America.”, Journal of Democracy, núm.26 (2015): 155–68

[9] Bovino, Alberto Bovino, “El Juzgamiento de Civiles.”, en Justicia Militar Y Estado de Derecho, (ed.) Jorge Mera Figueroa. (Santiago, Chile: Universidad Diego Portales, 1988).

[10] Susana Thalía Pedroza de la Llave, “La Reinterpretación Constitucional Del Fuero de Guerra O Militar En El Marco Del Estado Democrático.”, Cuestiones Constitucionales, núm.25 (2011): 152–98.

[11] Gerardo Eto Cruz, Cesar Landa Arroyo, and José Palomino Manchego,“La Justicia Militar En El Perú.”, en Jurisdicción Militar Y Constitución En Iberoamérica, (eds.) Germán Bidart and Josçe Palomino. (Lima: Grijley, 1977), 353–463.

[12] Alexandra Hunneus, “Courts Resisting Courts: Lessons From the Inter-American Court’s Struggles to Enforce Human Rights.”, Georgetown International Law Journal, núm. 44(2012.): 101–56.

[13] “Julgamento Militar é posto em debate,” O Globo, 3 de Agosto, 2014.

[14] AW Pereira y Jorge Zaverucha,“The Neglected Stepchild: Military Justice and Democratic Transition in Chile.”, Social Justice núm.32 (2005): 115–31.

[15] Para un análisis más detallado véase: Julio Ríos-Figueroa, Constitutional Courts as Mediators. Armed Conflict, Civil-Military Relations, and the Rule of Law in Latin America (New York, NY: Cambridge University Press, 2016).

[16] David Lovatón Palacios, Tribunal Constitucional Y Reforma de La Justicia Militar (Lima: Palestra, 2007.)

[17] Justicia Viva, Nuevo Código Penal Militar Cierra Círculo de Impunidad En Derechos Humanos (Lima: Instituto de Defensa Legal, 2010).

[18] José Ramón Cossío,“El Fuero Militar: Alcances Y Limitaciones.”, Cuestiones Constitucionales núm.22 (2010): 321–62. Andrea Pozas Loyo y Julio Rios Figueroa, “The Transformations of the Role of the Mexican Supreme Court”, en Judicial Politics in Mexico, (eds.) Andrea Castagnola and Saúl López. The Supreme Court and the Transition to Democracy. (New York: Routledge, 2016). Raúl Mejía Garza, “Jurisdicción Militar: Leyes Y Tribunales Especiales.”, en Sentencias de La Suprema Corte de Justicia de La Nación Desde La Perspectiva de Los Derechos Humanos (Mexico: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011), 801–38.

[19] En algunos casos, la Suprema Corte de México sostuvo el criterio puro de la “identidad personal”, incluso en los casos de violación a una mujer, robo, o asesinato de un civil que poco o nada tienen que ver con el servicio o las misiones militares (citadas en Pedroza 2011, 185). La Corte invocó explícitamente el criterio de la “identidad personal” incluso hasta finales de 1991.

[20] Por ejemplo, CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2005-PS. 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Febrero de 2006; Pág. 248.

[21] Miguel Carbonell, “El Rol de Las Fuerzas Armadas En La Constitución Mexicana.”, Ius et Praxis núm.8 (2002): 35–51. Susana Thalía Pedroza de la Llave, “La Reinterpretación Constitucional Del Fuero de Guerra O Militar En El Marco Del Estado Democrático.”, Cuestiones Constitucionales, núm.25 (2011): 152–98.

[22] Por ejemplo, ver Amparo en Revisión 133/2012.

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