La “cuestión militar” en la Argentina democrática: de la transición democrática a la experiencia política partidaria de militares. El caso de Bussi en Tucumán

La “cuestión militar” en la Argentina democrática: de la transición democrática a la experiencia política partidaria de militares. El caso de Bussi en Tucumán
Juan Pablo Ruíz Nicolini

Argentina es el país latinoamericano que más ha avanzado en el control civil de las Fuerzas Armadas. Es el primero que sometió a la justicia a los responsables de la dictadura y uno de los pocos en que se prohíbe claramente la intervención militar en la seguridad interna– Rut Diamint, 2008

El camino que llevó a la Argentina de la dictadura a la democracia ha sido tipificado como una transición “por colapso”. Siguiendo los argumentos de Guillermo O’Donnell este tipo particular se caracteriza por una debacle del régimen autoritario, signado por políticas recesivas en el plano económico – con efectos sociales disruptivos-, y un alto grado de represión. “No sólo son muy numerosas las víctimas de horrores sin cuento, sino que pocas personas pueden sentirse completamente a salvo del terror; la inseguridad y el miedo afectan a amplios sectores de la población, incluso a muchos que apoyaron la implantación de ese régimen”.[1] Esta situación pudo verse precipitada por la exteriorización de conflictos internos del régimen y la vivencia de alguna “aventura bélica” (como Malvinas, en el caso argentino). Esta trayectoria produce características políticas particulares que influencian, en buena medida, las vicisitudes y destino de las Fuerzas Armadas y de sus miembros.

Si se piensa en la capacidad de agencia de los actores involucrados se entiende, como destaca Battaglino, que “Alfonsín comprendió tempranamente que el fracaso político, militar y económico del régimen militar ofrecía una oportunidad única para el establecimiento del control civil”.[2]

A lo largo de este trabajo intentaremos mostrar cómo las decisiones que se fueron tomando sobre la “cuestión militar” – a partir del proceso de transición- generaron las condiciones de posibilidad para que el ex gobernador de facto en la provincia de Tucumán, Antonio Bussi, creara una “fuerza republicana” exitosa electoralmente: un partido político con el que -entre otras posiciones para las que resultó electo- consiguió ocupar la gobernación tucumana por segunda vez, pero bajo un régimen político diferente.

Buena parte de los análisis sobre la cuestión militar en Argentina desde iniciado el proceso de transición pone énfasis en cómo las distintas presidencias dieron impulso, “cajonearon” o dejaron de lado políticas como el control civil sobre las fuerzas armadas de defensa o el impulso judicial de causas por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Así, por ejemplo, Battaglino analiza el proceso de desmilitarización del sistema político que sucedió en la Argentina a partir de 1983. Aunque el objetivo principal de su análisis es desentrañar dos de las principales dimensiones de las relaciones político-militares (la de subordinación y de control civil), el autor resalta además que, en la gestión de Alfonsín, “apenas instalado en el gobierno, se desplegaron un conjunto de medidas inéditas en el plano de la búsqueda de la justicia por las masivas violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen militar”. [3]

En una línea similar, Diamint destaca cómo en el génesis de este proceso de transición, la juridicidad cobró un carácter central como línea de acción para el tratamiento del problema militar.[4] En este sentido sostiene, citando al ex Presidente, que “los Golpes de Estado no deben ser vistos como productos de un comportamiento peculiarmente castrense sino, en todo caso, como expresiones militares de un generalizado comportamiento social signado por aquella caída en la ajuricidad”[5]

A partir de ello, la autora enmarca muchas de las decisiones impulsadas por el primer gobierno democrático (como el juicio a las juntas militares o la creación de la Conadep)[6], y señala que éste fue el punto de partida de regeneración del sistema político, el cual condicionó a todos los gobernantes que le sucedieron.[7]

Con avances, pero también con dificultades, este sería el punto de partida de “un modelo de calidad institucional”, que se caracterizó por el alto grado y desarrollo de control civil sobre sus Fuerzas Armadas.  Si hiciéramos una breve reseña de las medidas implementadas, claro que  se destacarían el juicio a las juntas de comandantes que habían gobernado de facto entre 1976 y 1983; pero también la sanción de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, las cuales son resultado de discusiones de los asesores del presidente Alfonsín con el objetivo de evitar un potencial golpe de estado[8].

Los considerandos del fallo a las ex Juntas dispararon el activismo judicial. Battaglino señala que en su punto número 10 el mismo “determinaba el enjuiciamiento de los oficiales superiores y de todos aquellos militares que habían tenido responsabilidad operativa en las acciones que formaron parte de la lucha contra la subversión”.[9]

Pero, mientras que Alfonsín y sus asesores habían planteado una estrategia de juzgamiento selectivo a quienes tuvieron responsabilidad en los crímenes de la dictadura, “el costo político del proceso judicial no fue calculado correctamente y generó una secuencia penosa: los levantamientos militares[10] contra el gobierno democrático, que llevaron a Alfonsín a impulsar las dos leyes que impedían a la justicia avanzar en la cadena de responsabilidad en el juzgamiento de los militares, de modo que solo se confirmaron las condenas a los jefes máximos de la dictadura”.[11]

La sanción de las leyes (conocidas luego como “leyes de impunidad” o “leyes del perdón”) son el punto de partida de la historia que acá queremos analizar:  Antonio Domingo Bussi, quien fuera general del Ejército Argentino; protagonista del Operativo Independencia, cuya misión ordenada en 1975 por el gobierno constitucional a cargo de María Estela Martínez de Perón, era exterminar a la subversión asentada en el monte tucumano; e interventor de la dictadura a partir de 1976,  fue beneficiado por las leyes 23.492 (1986)[12] y 23.521 (1987)[13] que suspendió los procesos judiciales, por un lado, y permitían a quienes cumplían órdenes de sus superiores blindarse ante la posibilidad de procesos judiciales por causas de delitos cometidos durante el auto denominado Proceso de Reorganización Nacional.

Tucumán: La metamorfosis del sistema político y el nacimiento de una “fuerza republicana”

Desde que se inició el proceso de transición democrática en 1983, el sistema político de Argentina ha experimentado un doble movimiento: mientras se lograba la consolidación de una democracia competitiva, el sistema de partidos iba variando en su forma y en sus protagonistas. “La imagen de un sistema bipartidista representando a dos electorados claramente definidos, peronistas y radicales, ha ido resquebrajándose en los últimos veinte años”.[14]

En los inicios de este proceso, los actores políticos de las arenas subnacionales competían “a la sombra” de los protagonistas nacionales, a pesar de la gran variedad normativa-institucional vigente en el ámbito local.[15] Esta polarización bipartidista, con la Unión Cívica Radical (UCR) en el gobierno y el Partido Justicialista (PJ) comandando la oposición, que caracterizó el período 1983-1987 fue de a poco diluyéndose, básicamente a partir del hecho de que en las provincias comenzaron a surgir movimientos o agrupaciones locales que capitalizaron las demandas surgidas en el contexto de las crisis político-económica del cambio de década.[16]  Terceros partidos emergieron, tanto en la órbita nacional como en los distritos subnacionales .[17]

En Tucumán fue clara la dinámica descripta: en los inicios de la transición democrática, el bipartidismo PJ-UCR protagonizaba la escena local, aunque con los roles invertidos: el primero gobernaba y el segundo cumplía el rol de oposición. Pero, la emergencia de fuerzas provinciales fue imprimiéndole una nueva dinámica a la política de este distrito.

Militares al poder (democrático)

Como venimos remarcando, la dinámica que tomó el proceso de transición en Argentina derivó en la posibilidad que actores relevantes en la última dictadura pudieran llevar adelante iniciativas electorales bajo el nuevo marco institucional. Ejemplo de ello son José Ruiz Palacios -quién estuvo bajo las órdenes del Ministro del Interior Harguindeguy y luego en la gobernación de la provincia de Chaco durante la dictadura- quien ya en democracia conformó el partido Acción Chaqueña que en 1991 superó al PJ y la UCR local ; Roberto Ulloa – ex gobernador de facto en la provincia de Salta durante la dictadura- se suma luego de modo activo a la política democrática a través del  Partido Renovador Salteño, con el que se convertiría en el primer ex militar en conquistar un puesto ejecutivo a través del juego electoral; Aldo Rico protagonista del levantamiento carapintada durante la presidencia de Alfonsín en 1987  y que 4 años después logró que su fuerza político-partidaria (el MODIN) lograra el tercer lugar en la Provincia de Buenos Aires; y Antonio Domingo Bussi, cuya trayectoria proponemos analizar acá[18].

La competencia electoral a partir de la transición

Durante la gestión del primer gobernador electo luego del retorno de la democracia (1983-1987), Fernando Riera (PJ), sólo dos partidos tenían presencia relevante en la vida política de la provincia, aunque el Partido Justicialista gozaba de mayoría legislativa en ambas cámaras.

En 1987, José Domato – también por el PJ- logró hacerse con la gobernación articulando una mayoría en el Colegio Electoral gracias al apoyo a su candidatura por parte del Frente de Acción Provincial (FAP)[19], a pesar de que la elección popular había otorgado la mayoría de los votos a la Unión Cívica Radical (UCR). A su vez, la debacle que significó el gobierno de Riera abrió las puertas para el “regreso” de Bussi, que participaba como candidato a gobernador por Defensa Provincial Bandera Blanca (DPBB)[20].

La votación en el Colegio Electoral no resultó sencilla. El total de los electores estaba dividido en cuatro grupos, y sólo después de arduas negociaciones – habiéndose retirado los bussistas del recinto- el sector liderado por Cirnigliaro (FAP), dio sus votos al candidato del Partido Justicialista, y el Colegio proclamó gobernador a Domato[21].

La aparición de las dos nuevas fuerzas (DPBB – FAP) produjeron una fragmentación en el sistema de partidos y dieron lugar a un gobierno dividido. Poco tiempo después de las elecciones “(…) fuertes discrepancias con la dirigencia de DPBB llevaron a Bussi a fundar su propio partido”: Fuerza Republicana.[22]

El debut de Fuerza Republicana

En mayo de 1989 se realizaron las últimas elecciones de diputados y senadores, ya que posteriormente -reforma de la Constitución provincial mediante- el Poder Legislativo pasó a ser unicameral. De todas formas, en esas elecciones la legislatura reflejaría básicamente el mismo patrón del período previo, aunque puede advertirse el inicio de la transferencia de representación de la UCR a FR. Esto generó que se equilibren las fuerzas políticas: aunque el PJ contaba con mayoría en diputados, los partidos de la oposición sumaban el 50 por ciento de los escaños en el Senado.

En los mismos comicios, el electorado tucumano tenía que decidir quiénes iban a ser los convencionales encargados de reformar la  Constitución. El partido de Bussi, Fuerza Republicana (FR), que en las otras elecciones había demostrado un fuerte crecimiento (6 de los 22 electores tucumanos para la designación de Presidente, 2 diputados nacionales y 9 provinciales) salió victorioso de la contienda consiguiendo la mayoría: logró 8 constituyentes y 70 mil votos más que el Partido Justicialista, a pesar del “efecto arrastre” de los sufragios obtenidos por Carlos Menem en las elecciones presidenciales.[23] Este crecimiento consagró a FR como la segunda fuerza política de la provincia; escenario que se mantuvo hasta 2003.

En 1990 se llevó a cabo la reforma constitucional (la anterior databa de 1906), por medio de la cual se introdujeron importantes cambios institucionales: la ya mencionada eliminación del Senado; la renovación total de la Legislatura cada cuatro años –antes se hacía por mitades, cada dos años-; la unificación de distritos en toda la provincia; la eliminación de la Ley de Lemas[24] y la elección directa del gobernador, con la consecuente eliminación del colegio electoral provincial.

En el lapso que fue desde la sanción de la nueva Constitución provincial hasta la asunción de Ramón Ortega como gobernador en 1991, el clima político de la provincia se volvió cada vez más enardecido. Este se caracterizó por la disputa entre los constituyentes bussistas, que eran mayoría y pedían la renuncia de los miembros de todos los poderes, y el gobernador Domato que se negaba a promulgar la sancionada Constitución, en el contexto de largas huelgas protagonizadas por jubilados y por policías (entre 1989 y 1990) y una profunda crisis hiperinflacionaria. El resultado fue la intervención federal de 1991.[25]

La intervención estuvo a cargo de Julio César Aráoz, quien puso en vigencia la constitución bussista y llevó a cabo el ordenamiento de la administración pública – incluyendo el procesamiento judicial del ex gobernador Domato- y del sistema judicial, gracias a una alta concentración de poder en el Ejecutivo[26]. La gestión del interventor (que, subsidiado por la Nación, en poco tiempo saneó las finanzas públicas locales) y el impulso de Carlos Menem a la candidatura de Ortega –cantautor oriundo de Tucumán, devenido empresario- intentaban solucionar el problema de descrédito del peronismo tucumano para hacer frente a la creciente importancia de la figura de Bussi.[27]Esto, sumado a la reorientación de los votantes[28], hizo que Bussi, que había sido el impulsor inicial de estas transformaciones, haya tenido que enfrentar una competencia mayor para asumir el rol de “representante soberano y absoluto”.[29]

En 1991, “Palito” Ortega (PJ) resultó electo gobernador por poco más del 50 por ciento de los votos, mientras que el líder de FR alcanzaba el 44 por ciento. Menem, quien había sido el “artífice oficial” de la candidatura, presidió el acto de asunción en Tucumán, en la que  Ortega recibió los atributos de poder de parte del Presidente. Así, la estrategia presidencial, iniciada con la intervención y consumada con la victoria electoral se había puesto de manifiesto -buscaba tener en el (neo) peronismo tucumano un aliado- y se había ejecutado con precisión.

Novaro  explica las razones del cambio de la estrategia de Menem respecto de quién ocuparía el Ejecutivo en la provincia de Tucumán: señala que el entonces presidente “había alabado y apoyado a Bussi en 1989 y 1990”, pero la pretensión del ex general de convertir su partido (FR) en una agrupación de alcance nacional[30] hizo que fuera excluido de su “Liga de Gobernadores[31]: la versión contemporánea de la estrategia que usaba el Partido Autonomista Nacional para la construcción de coaliciones presidenciales en la segunda mitad del siglo XIX.

De todas formas, FR siguió creciendo. En los comicios legislativos del mismo año, el partido de Bussi duplicó su bancada que, junto con la de la UCR, sumaba la mitad de los 40 legisladores que estipulaba la nueva Constitución, explicado por el estrecho margen con el que Ortega había conseguido la victoria.

En efecto, Bussi llegó al Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán tras los comicios de 1995[32], en los cuales el PJ fue derrotado por única vez en el período 1983-2015. Sin embargo, la elección para diputados provinciales arrojó un saldo favorable al peronismo –obtuvo más de la mitad de los escaños-, lo que hizo imposible que Bussi lograra un gobierno unificado.

Cuatro años más tarde, y dado que la Constitución que los mismos bussistas habían promulgado a piacere prohibía la reelección, Fuerza Republicana presentó como candidato a gobernador al hijo de Bussi, Ricardo. Los comicios fueron extremadamente reñidos. Al finalizar el día de las elecciones (6 de junio 1999), los resultados que circulaban daban como ganador a Bussi (hijo)[33]. La representación en la Legislatura se repartió nuevamente: el PJ obtuvo el 50 por ciento de las bancas, mientras que FR, la Alianza y un bloque unipersonal sumaban la otra mitad.

Salvo el diario La Gaceta de Tucumán, toda la prensa escrita del país sostuvo la mañana siguiente que el candidato de FR había resultado victorioso[34]. Durante la noche del domingo se festejó la victoria en el comando de Fuerza Republicana, pero a medida que avanzaban las horas la celebración fue cambiando de sede y se concentró en la del PJ[35].  A los pocos días, se anunciaba oficialmente que Julio Miranda (PJ) había sido electo gobernador por menos del 1 por ciento de los sufragios (2405 votos de diferencia, según datos oficiales), lo que despertó sospechas y denuncias sobre el proceso electoral.

El rechazo en Diputados

Las elecciones para diputados nacionales de 1999 fueron las peores para FR desde su fundación, hasta las elecciones de 2005 (cuando el radicalismo recupero su posición como segunda fuerza)[36]. A pesar de ello, la lista encabezada por Antonio Bussi logró quedarse con el quinto escaño para la cámara baja. Esta victoria parcial, que otorgaba una banca (y los fueros necesarios para protegerse por investigaciones sobre cuentas millonarias en el exterior[37]) al alma mater del bussismo, se vio opacada rápidamente.

Se presentaron distintos proyectos en la cámara de Diputados con el objetivo de impedir que Bussi asumiera la banca. Estos tenían matices entre sí pero, como señalan crónicas de la época, “en lo que todos coinciden es en que para que Bussi no sea diputado es necesario voluntad política para impedirlo[38]. Aunque los tiempos institucionales jugaban en contra del armado político necesario para llevar adelante la estrategia, los diputados lograron su cometido: Bussi no pudo asumir la banca.

La decisión de los legisladores fue fundada en base al artículo 64 de la Constitución Nacional, la cual establece que la Cámara baja es “juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros”. Tomando como antecedente la exclusión de Luís Luque (diputado por la Provincia de Catamarca vinculado con el crimen de María Soledad Morales), y apoyándose en la reivindicación de Bussi del terrorismo de Estado, sus imputaciones por secuestro de menores, la denuncia de responsabilidad en la desaparición de centenares de personas, y los mencionado casos de corrupción –ya como Gobernador de la Provincia-, lograron que no asumiera.

Al justificar la decisión de los miembros de la cámara baja de rechazar el diploma del ex gobernador de facto, los diputados sostuvieron que “los antecedentes antidemocráticos y opuestos a los principios de la Constitución, como así también su conducta, lo hacen (a Bussi) indigno de estar en este cuerpo[39].

Si bien esta disposición de los legisladores, como bien analiza el jurista Gustavo Arballo[40], fue revisada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2007, la dictaminar que el procedimiento ejecutado por los legisladores no se sujetaba a derecho, la causa ya había devenido abstracta[41] .Al respecto Eugenio Zaffaroni, uno de los ministros de la corte, explicó que “el caso Bussi se cierra por abstracto, eso lo pidió el Congreso. Lo que se agrega es un mensaje de naturaleza institucional. En “obiter”, que es un comentario marginal, se señala que es opinión de la mayoría de esta Corte que el Congreso no puede rechazar los diplomas de los legisladores electos fuera de las hipótesis taxativamente enunciadas en la Constitución. Venimos de largas proscripciones y desencuentros desde 1930 hasta 1983. Proscripciones no sólo de minorías sino de mayorías. Lo que decimos es `por favor, no toquen el hacha’[42]. Pero…la política había logrado su objetivo.

Múltiples elecciones  y la reversión en 2003

Battaglino señala, al describir el “modelo de calidad institucional”, que el kirchnerismo a partir del año 2003 “volvió a colocar en el centro de la escena política (…)” la búsqueda de justicia y el impulso de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.  Si bien distintas iniciativas ya habían apuntado en esa dirección[43], la anulación de las “leyes de perdón” y los dictámenes de la Corte Suprema sobre inconstitucionalidad de las mismas fueron pasos centrales en el posterior desarrollo y gestión de política de derechos humanos[44].

Esta reactivación de la juridicidad, que había comenzado y luego fuera “suspendida” durante el gobierno de Alfonsín, creemos es en buena medida causa de la declinación de Fuerza Republicana, como veremos a continuación.

Si revisamos los resultados de las elecciones para Diputado Nacional, que es la serie más larga con una elección cada dos años, podemos apreciar el gran protagonismo de Fuerza Republicana en casi dos tercios de los años desde la recuperación democrática, con un notorio declive a partir de 2005.

Ilustración 1. Fuente: Elaboración propia en base al Altas Electoral de Andy tow- http://www.andytow.com/atlas.

Las elecciones provinciales de abril de 2003, en las que Ricardo Bussi se presentaba nuevamente para el cargo de Gobernador, fueron un anticipo del sismo que experimentaría luego Fuerza Republicana, hasta entonces segunda fuerza política en la provincia[45]. El partido vio reducida en dos tercios su representación parlamentaria y resultó tercero en la elección para el Poder Ejecutivo, detrás del triunfante José Alperovich (PJ) y de una gran alianza entre la UCR y algunas fuerzas menores. Consecuentemente, el Poder Legislativo estaba constituido por una mayoría justicialista y una altamente fragmentada oposición.

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Ilustración 2. Fuente: Elaboración propia en base al Atlas Electoral de Andy tow http://www.andytow.com/atlas

Esta imagen se matiza al analizar las otras elecciones que se dieron ese año en la provincia. Dos meses después, tras los magros resultados en las elecciones provinciales, fue Antonio Bussi quien encabezó la elección para Intendente de la capital provincial. El ex gobernador se enfrentaba a Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), hijo del Senador provincial desaparecido el 24 de marzo de 1976, siendo Bussi el representante de la dictadura en la provincia. “La intendencia de Tucumán, luego del escrutinio definitivo y días de incertidumbre, quedó finalmente en manos de Antonio Bussi por solamente 16 votos (ambos obtuvieron alrededor del 31 por ciento de los votos)”.[46]

Sin embargo, la alegría no duraría demasiado. El juez Federal  en Tucumán, Jorge Parache, dictó prisión preventiva de los dictadores Luciano Benjamín Menéndez (quien permanecería en la provincia de Córdoba, compareciendo en otras expedientes por delitos de lesa humanidad) y de Antonio Domingo Bussi.

El proceso inició -tras la anulación de las leyes – por el pedido de reapertura de la causa que iniciara el hermano del mencionado senador desaparecido -Guillermo Vargas Aignasse. Bussi no pudo asumir nuevamente un cargo que había conseguido en las urnas porque se lo acusaba de la desaparición forzada de una personas. Victorioso (por escaso margen) frente al hijo de su víctima, tuvo que ser reemplazado provisoriamente en la toma de posesión de la Municipalidad por la sobrina del mismo, Carolina Vargas Aignasse, quien encabezaba la lista legislativa local[47].

Virginia Oliveros en su análisis de las elecciones del año 2003, relata como la última de las elecciones que se celebraron en el año – para cargos legislativos nacionales- fueron influenciadas por las de la intendencia y la detención y procesamiento del líder de Fuerza Republicana:

Fuerza Republicana fue la gran sorpresa al imponerse cómodamente con el 29,75 por ciento de los votos para diputados y 33,79 por ciento para senadores nacionales (…) Con estos resultados obtuvo las dos bancas por la mayoría para la cámara alta – encabezada por Ricardo Bussi, quien había sido derrotado en las elecciones para el ejecutivo provincial-  y dos de los cinco escaños de Diputados”.[48]

El impedimento a Bussi de asumir la intendencia tras la detención por su procesamiento fue parte central de la campaña: “El domingo se juega nuestra dignidad como pueblo. Podemos librarnos de Miranda y reivindicar con el triunfo de FR a Antonio Bussi, el intendente electo por los tucumanos y encarcelado por los políticos“, sostenía el primer candidato a Senador, Ricardo Bussi[49].

Más allá de la victoria en esas últimas elecciones de 2003, queda claro que a partir de allí -ya con Antonio Bussi detenido-, la performance posterior de Fuerza Republicana mostró resultados mucho más pobres. 

CONCLUSION

A lo largo de estas páginas tratamos de explorar algunas de las condiciones necesarias que permitieron que Bussi lograra construir una “fuerza republicana”. Creemos que el proceso político que fue delineando la “cuestión militar” permitió al gobernador de facto, ya retirado del Ejército, “reinventarse” en democracia: Antonio Bussi, en primera persona, fue electo como: a) Diputado provincial en 1987 b) Diputado nacional en 1993 c) Gobernador en 1995 d) Diputado Nacional en 1999 y e) Intendente de San Miguel de Tucumán en 2003. Su partido logró otras tantas victorias.

El inicial impulso del gobierno de Alfonsín procuraba poner bajo un marco jurídico el nuevo relacionamiento que habría de regir las relaciones político-militares. La promoción para la creación de la Conadep, el juicio a las Juntas, y la gran variedad de medidas “que afectaron directamente el poder organizacional y a autonomía de las Fuerzas Armadas[50], tuvo su contra cara en la sanción de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, que pusieron en suspenso los procesos judiciales que implicaban a Bussi, otorgándole no solo la libertad, sino la posibilidad de ser candidato en elecciones democráticas.

Como señalan los autores acá reseñados, Argentina es un ejemplo en su política de derechos humanos y de revisión del pasado. Se cumplieron 30 años en los cuales la tendencia fue la búsqueda de, como señala la consigna popular, “memoria, verdad y justicia”. Entre sus consideraciones finales Battaglino sostiene que “la democracia ha alcanzado importantes conquistas en el plano de las relaciones político militares. A pesar de logros y retrocesos que hemos analizado, la subordinación militar es indiscutida y se ha avanzado en la implementación de un extendido y sólido control civil democrático[51].

Aunque existieron iniciativas previas que buscaban revertir los pasos hacia atrás que habían significado las “leyes de impunidad”, en buena medida esta tendencia recobró fuerza a partir del año 2003. A pesar de que en 1998 se derogan estas leyes, recién en “agosto de 2003, el Congreso argentino declaró “insanablemente nulas” las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, mientras que la Corte Suprema ratificó la anulación al declarar su inconstitucionalidad en junio de 2005. A partir de este fallo la situación legal se retrotrajo a la existente en 1986, cuando se sancionó la ley de Punto Final, lo que propició la reapertura de numerosas causas que habían quedado paralizadas en los años 80, como así también el inicio de nuevas investigaciones que se habían interrumpido a partir de la sanción de ambas leyes[52] .

Mientras las “leyes de perdón” fueron condición de posibilidad de la aparición de un Bussi “republicano”, la reversión judicial a partir de 2003 sepultó sus chances de seguir participando en el juego democrático. Con la anulación por parte del Congreso y la posterior intervención de la Corte Suprema “se recuperó, después de muchos años, la idea inicial, esbozada en el comienzo de la transición a la democracia, de aplicar la juricidad para resolver la cuestión militar[53].

Si aceptamos que la historia acá relatada refleja las condiciones necesarias, resultaría de utilidad indagar cuáles fueron las condiciones suficientes para el éxito del bussismo en Tucumán a lo largo de dos décadas, al menos. ¿Su buena performance electoral se debió a la gestión de “eficiencia y orden” que promocionaba Bussi durante la dictadura? ¿Cuál fue el rol del electorado que venía apoyando a la Unión Cívica Radical? ¿Apoyó masivamente – como opción no peronista- a Fuerza Republicana? Estas preguntas, cuyas respuestas quedan pendientes para una futura investigación,  pueden ofrecernos indicios sobre el electorado bussista: condición suficiente de su éxito electoral.

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[1]   Guillermo O´Donell, Transiciones, continuidades y algunas paradojas (México: Era, 1989).

[2] Jorge Battaglino, La política militar de Alfonsín:  la implementación del control civil en un contexto desfavorable (Buenos Aires: Siglo XXI, 2010), 161.

[3] Jorge Battaglino, La Argentina desde 1983:  un caso de desmilitarización del sistema político”, SAAP, No.2, Vol.7 (noviembre 2013) :266.

[4] Rut Diamint, “La historia sin fin: el control civil de los militares en Argentina”, Nueva Sociedad, No.213 (enero-febrero 2008).

[5] Cita a Alfonsín en Giussani (1987).

[6] La Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) fue una comisión asesora creada por el presidente de la Argentina Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado (sucedido entre 1976 y 1983), llevadas a cabo por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. No fue instituida para juzgar, sino para indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos (https://es.wikipedia.org/wiki/Comisión_Nacional_sobre_la_Desaparición_de_Personas).

[7] Rut Diamint, “La historia sin fin: el control civil de los militares en Argentina”, Nueva Sociedad, Nº 213 (enero-febrero 2008): 98.

[8] No obstante, las amenazas llegaron igualmente. Como señala Battaglino (2013), “la combinación de políticas tendientes al establecimiento de la subordinación y del control y el substanciamiento de los juicios desataron una oleada de revueltas militares (en 1987, 1988 y 1989) que pusieron en jaque a la democracia” (p.267). El autor también resalta como el gobierno de Menem, quien sucediera a Alfonsín en una coyuntura de crisis socioeconómica grave, decidiera resolver la “cuestión militar” con políticas que tendieran a una definitiva subordinación (a través de ciertas prerrogativas como los indultos- que beneficiaron a quienes no lo habían hecho con las “leyes de impunidad”) aunque cediera parte del control, por lo que algunos autores llamaron a esta dinámica de interacción político-militar como de “subordinación con autonomía militar” (p.268).

[9] Jorge Battaglino, La política militar de Alfonsín: la implementación del control civil en un contexto desfavorable (Buenos Aires: Siglo XXI, 2010), 177.

[10] Battaglino (2010) resalta que mientras el levantamiento de la semana santa de 1987 inició por la resistencia de un oficial a declarar en una causa por violaciones de derechos humanos, “las de Monte Caseros (enero de 1988) y Villa Martelli (diciembre de 1988) estuvieron principalmente motivadas por la necesidad de supervivencia organizacional de los carapintadas” (…) que habían sido debilitados con la sanción de la Ley de Obediencia Debida. “Existió una relación de proporcionalidad  entre la cantidad de militares desprocesados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y aquellos sometidos a distintos procedimientos disciplinarios por su participación en las rebeliones” (p.177- 179).

[11] Rut Diamint, “La historia sin fin: el control civil de los militares en Argentina”, Nueva Sociedad, Nº213 (enero-febrero 2008): 100.

[12] En su primer apartado la ley estableció que “se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la Ley Nº 23.049, que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983”.

[13] La ley establecía en su artículo 1º que: “Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley Nº 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida”.

[14] Ernesto Calvo y Marcelo Escolar, La nueva política de partidos en Argentina (Buenos Aires: Prometo, 2005), 21.

[15] Ibídem

[16] Marcos Novaro, Pilotos de tormentas: Crisis de representación y personalización de la política Argentina (Buenos Aires: Letra Buena, 1999)

[17]Carlos Adrogué, “Los ex militares en política”, Desarrollo económico, Vol.33, No.131(octubre-diciembre 1993):425-442.

El autor sostiene que cuando se abandona el plano nacional, muchos de los partidos provinciales, más que terceras fuerzas, configuraban “verdaderas primeras fuerzas”, por lo que les cabría mucho mejor el rótulo de “fuerzas distritales”.

[18] Un análisis exhaustivo de estas experiencias puede leerse en “Los ex militares en política” (Adrogué,1993).

[19] Frente de Acción Provincial: escisión del PJ local –encabezada por Osvaldo Cirnigliaro- que corrió con lista propia y en las elecciones de 1987 obtuvo un diputado nacional, dos senadores y cuatro diputados provinciales, con un porcentaje cercano al 18 por ciento, en ambos casos y 12 electores para el Colegio Electoral que elegía gobernador. Estos fueron determinantes en el resultado final: FAP sumó sus electores a los de Domato.

[20] Defensa Provincial Bandera Blanca era un partido conservador provincial nacido en la década de 1930 (Adrogué, 1993) que,  por la abstención del radicalismo luego del golpe a Yrigoyen, logró hacerse de la gobernación. En tiempos de transición a la democracia su liderazgo recayó en el ex diputado conservador popular Exqeuiel Avila Gallo, quien puso la etiqueta partidaria a disposición del ex gobernador de facto (La Gaceta, 29 de junio de 2014: http://www.lagaceta.com.ar/nota/597130/sociedad/vida-muerte-bandera-blanca.html)

[21] La elección de Domato sólo pudo concretarse luego de varios cuartos intermedios, de agotadoras negociaciones entre las facciones peronistas (el justicialismo de Domato y el FAP de Cinigliaro), un fallo de la Corte Suprema Provincial y la intermediación del diputado nacional Miguel Ángel Toma, operador político del titular del justicialismo en la Capital Federal, Carlos Grosso (Diario “El Tribuno” de Salta; 03/11/1987, 03/12/1987).

[22] Carlos Adrogué, “Los ex militares en política”, Desarrollo Económico, Vol. 33, No.131(octubre-diciembre 1993): 433.

[23] Congresales constituyentes: FR 33; PJ 25 y UCR 1.

Larrea y Zaramberg, “El General ha vuelto: Un análisis del discurso bussista”, en Militares y política 1983-1991, ed. Pablo Lacoste (Buenos Aires: Centro editor de América Latina, 1993).

[24] “Esta regla electoral permite a los partidos presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo y luego asignar a la lista más votada dentro de cada partido los votos que recibieron todas las otras listas“; CIPPEC, http://www.cippec.org/novedades-politica-y-gestion/-/asset_publisher/4L6RstQrScEG/content/ley-de-lemas-de-nuevo-no

[25] Marcos Novaro, Pilotos de tormentas: Crisis de representación y personalización de la política Argentina (Buenos Aires: Letra Buena, 1999).

[26]Aráoz había inaugurado ese estilo ejecutivista durante la intervención, haciendo uso de las amplísimas facultades que otorgaba la nueva Constitución. No es de extrañar que, en menos de un año y sin Legislatura, hubiera dictado más leyes que los gobiernos democráticos desde 1983” (Novaro; 1994; p.137).

[27] Larrea y Zaramberg, “El General ha vuelto: Un análisis del discurso bussista”, en Militares y política 1983-1991, ed. Pablo Lacoste (Buenos Aires: Centro editor de América Latina, 1993).

[28]El PJ reunía poco antes de las elecciones de 1991 apenas un 5 por ciento de apoyo, contra el 46 por ciento de Bussi” (Novaro; 1994; p.135).

[29] Marcos Novaro, Pilotos de tormentas: Crisis de representación y personalización de la política Argentina (Buenos Aires: Letra Buena, 1999).

[30] Fuerza Republicana, para ese entonces, ya había obtenido personería jurídica en 15 distritos y representación parlamentaria en tres de ellos (Novaro, 1994).

[31]Propuesta lanzada por Menem en 1990, con el objeto de crear una estructura de apoyo a sus políticas en las provincias (…)” (Novaro, 1994, p.90).

[32] Bussi debió renunciar a su banca de Diputado Nacional que había obtenido en las elecciones de 1993 tras lograr un segundo lugar, no muy lejos del PJ (37 por ciento de los votos contra el 35 por ciento, respectivamente).

[33] Las encuestadoras que medían la boca de urna, IBOPE y Nahuz, decían, al momento del cierre de las mesas, que la diferencia entre Ricardo Bussi (FR) y Julio Miranda (PJ) era del 37 por ciento al 29 a por ciento, y del 39,8 por ciento al 30 por ciento, respectivamente (La Gaceta, 08/06/1995).

[34] 7 de junio de 1999: “Tucumán: Continuará gobernando el bussismo” (La Nación, http://www.lanacion.com.ar/141275-tucuman-continuara-gobernando-el-bussismo), “Bussi ganó en Tucumán” (Clarín, http://edant.clarin.com/diario/99/06/07/t-00301d.htm), “Por qué los tucumanos votaron a Bussi” (Página 12, http://www.pagina12.com.ar/1999/99-06/99-06-07/pag05.htm).

[35] Ver: “Bussi y Miranda festejaban a la madrugada con cifras provisorias” (La Gaceta, 08/06/1995).

[36] En gran medida por la influencia del armado nacional de la UCR y la posterior victoria de la Alianza en las elecciones presidenciales del mismo año.

[37]Ni lo niego ni lo afirmo”, dijo Bussi acerca de sus cuentas en Suiza, http://www.lagaceta.com.ar/nota/466276/politica/ni-lo-niego-ni-lo-afirmo-dijo-bussi-acerca-sus-cuentas-suiza.html, La Gaceta.

[38] Yapur, Felipe; “Un frente amplio para sacar a Bussi”, Página 12, 18 de noviembre de 1999: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-11/99-11-18/pag14.htm

[39] “Los diputados intentan acorralar a Bussi”, La Nación, 20 de noviembre de 1999: http://www.lanacion.com.ar/161892-los-diputados-intentan-acorralar-a-bussi

[40] “Bussi”, Saber leyes no es saber derecho; 13 de julio de 2007: http://www.saberderecho.com/2007/07/bussi.html

[41] Arballo explica porque la Corte se pronuncia sobre un caso abstracto con las siguientes palabras: “más allá de la pretensión de “la parte” (Bussi), el interés institucional subsiste en dos aspectos. El primero de ellos es el resguardo de la soberanía del pueblo y la expresión de su voluntad, que está claramente comprometida en el caso. El segundo se refiere a la posibilidad de repetición del acto, lo que justifica una decisión esclarecedora“. Esta cuestión cobraría relevancia en el debate por la elección del ex policía Luis Patti como Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el rechazo de su diploma: http://www.saberderecho.com/2008/04/patti-el-fallo-de-la-corte-y-lo-que.html

[42]Quien ejerció el crimen al amparo del poder es un cobarde por definición”, entrevista de Irina Hauser a Raul Zaffaroni en Página 12, 15 de julio de 2007: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-88149-2007-07-15.html

[43] Marzo de 1998: los entonces diputados del Frepaso Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo propusieron declarar la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Pero sólo se aprobó una ley de derogación de las normas. No fue anulada. Marzo de 2001: el juez federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón. Octubre de 2001: el juez federal Claudio Bonadío también dictó la inconstitucionalidad de las leyes. Un mes después, la Sala II de la Cámara Federal ratificó ambos fallos. “Cronología y texto completo de las leyes”, La Nación, http://www.lanacion.com.ar/712690-cronologia-y-texto-completo-de-las-leyes

[44] Esta medida quedó firme recién 4 años después cuando, desechando un recurso de la defensa de Bussi, “la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la detención de Antonio Bussi y la declaración de nulidad, invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final que había sido dispuesta por el titular del Juzgado Federal nº 1 de San Miguel de Tucumán, el 7 de octubre de 2003” (en Diario Judicial). El criterio se había establecido dos años antes: cuando “la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 14 de junio de 2005, que las leyes de punto final y obediencia debida -leyes 23.492 y 23.521- son inválidas e inconstitucionales. A su vez se pronunció sobre la validez de la Ley 25.7791, dictaminada por el Congreso de la Nación en 2003, que ya había declarado la nulidad de estas leyes”, CELS, http://www.cels.org.ar/common/documentos/sintesis_fallo_csjn_caso_poblete.pdf

[45] Siguiendo el análisis de Adrogué (1995), podemos intuir que esta declinación en el voto se debe a que “el electorado de FR muestra un elevado nivel de estructuración política en torno de la figura de Bussi (…) la principal razón del voto es el propio Bussi”.

[46] Virginia Oliveros, “Entre lemas y neolemas. Las elecciones de 2003 en la provincia de Tucumán”, en El voto liberado, ed. Isidro Cheresky e Inés Pousadela,270(Buenos Aires: Biblos, 2004).

[47] Yapur, Felipe; “Bussi consiguió el lugar merecido”, Página 12, 30 de octubre de 2003: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-27492-2003-10-30.html

[48] Virginia Oliveros, “Entre lemas y neolemas. Las elecciones de 2003 en la provincia de Tucumán”, en El voto liberado, ed. Isidro Cheresky e Inés Pousadela,275(Buenos Aires: Biblos, 2004).

[49]La dignidad, en juego”; La Gaceta, 24 de octubre de 2003.

[50] Jorge Battaglino, La política militar de Alfonsín: la implementación del control civil en un contexto desfavorable (Buenos Aires: Siglo XXI, 2010), 167.

[51] Jorge Battaglino, “La Argentina desde 1983: un caso de desmilitarización del sistema político”, SAAP, Vol.7, Nº2 ( noviembre 2013): 272.

[52] Jorge Battaglino, “La Argentina en Perspectiva”, Nuestra Cultura. Secretaria de Cultura de la Nación, Año 3, N°14(noviembre-diciembre 2011).

[53] Rut Diamint, “La historia sin fin: el control civil de los militares en Argentina”, Nueva Sociedad, No.213 (enero-febrero 2008):108.

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