El nuevo militarismo latinoamericano en democracias constitucionales: fuerzas armadas y violaciones a los derechos humanos

El nuevo militarismo latinoamericano en democracias constitucionales: fuerzas armadas y violaciones a los derechos humanos 
David Blanc Murguía

Los Estados crean fuerzas armadas para protegerse de posibles amenazas, pero también éstas pueden convertirse en una amenaza para sus creadores. La falta de control sobre las fuerzas armadas puede derivar en consecuencias perniciosas para el régimen político –y más aún, si se trata de un régimen democrático. En gran parte de la historia de América Latina, el uso de la fuerza militar fue empleado como justificación para resolver disputas y para preservar el sistema político. Así, países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú enfrentaron constantes golpes de estados que permitieron la instauración de dictaduras militares y retrasaron la consolidación de las democracias.

            Con la tercera ola de la democracia, los golpes militares tradicionales cesaron en América latina. No obstante, en la mayoría de los países de la región, la inclusión de las fuerzas armadas al nuevo orden democrático no se ha conseguido. De hecho, ningún país de la región ha logrado consolidar un control civil efectivo sobre las fuerzas armadas. En algunos países como Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, los militares se han convertido en aliados políticos, en donde las élites civiles dependen de ellos para permanecer en el poder. En otros países como Brasil y México, los militares son llamados para resolver situaciones de crisis, en donde la estabilidad interna depende completamente del actuar de las fuerzas armadas.[1] El debate de cómo evitar un golpe de Estado ha quedado en el pasado, pero ahora surgen nuevos cuestionamientos sobre el funcionamiento de las fuerzas armadas en regímenes democráticos.

Históricamente, las fuerzas armadas han realizado una gran variedad de actividades que no son de carácter militar.[2] Algunas de estos labores han sido la construcción de escuelas o carreteras, asistencia en desastres naturales, recolección de basura, protección en cárceles, entre otras. En la actualidad, debido a que las instituciones han fallado en mantener el orden público y a la ausencia de políticas efectivas de seguridad pública, la mayoría de los Estados latinoamericanos han recurrido a las fuerzas armadas como escudo fundamental en la lucha contra el crimen organizado y crisis de seguridad interna. Esto representa, como comenta Rut Diamint,[3] un nuevo militarismo en América Latina, en donde hay una militarización de la policía y una policialización de los militares. Las consecuencias de esto han sido las recurrentes violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Si bien hay casos (del nuevo militarismo) como el mexicano, en donde desde el 2010 “…la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha sido la dependencia con la mayor cantidad de recomendaciones por violaciones de derechos humanos”,[4] esta situación no se suscita todo el tiempo ni en todos los países de América Latina. Por ejemplo, desde la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta en Bolivia[5] en 1998, Amnistía Internacional reporta una sola violación de derechos humanos en 2007. De igual manera, en 2010 y 2009, en Paraguay y Perú respectivamente, se desplegaron a las fuerzas armadas en casos de estado de emergencia y no derivaron en violaciones de derechos humanos. Por lo anterior, este trabajo busca responder la siguiente pregunta: ¿bajo qué condiciones los militares violan derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna? El artículo está dividido en tres secciones. La primera presenta un resumen de la literatura, así como las tres hipótesis. La segunda describe el diseño de investigación utilizado y presenta los resultados obtenidos en el modelo estadístico. Por último, la tercera introduce nuevas líneas de investigación sobre el tema.

Revisión de la literatura y argumentos

Hasta hace poco tiempo, la literatura de relaciones cívico-militares no había estudiado este problema. En las últimas tres décadas, “… varios autores han advertido sobre la militarización de la seguridad pública y la policialización de los militares…”[6] De esta manera, esta literatura se ha dedicado a estudiar únicamente las razones por las cuales los países utilizan a los militares en funciones de seguridad interna. Al respecto, Chillier y Freeman[7] argumentan que “esto se debe principalmente a dos factores: la amenaza del tráfico de drogas (y las políticas antinarcóticos de Estados Unidos que auspiciaron la participación militar en las misiones de lucha contra el narcotráfico) y la falta de políticas de seguridad pública…”. Asimismo, Diamint[8] argumenta que en los últimos años han surgido nuevas amenazas, entre ellas, el tráfico de drogas, la migración y el terrorismo. Por lo tanto, las agendas de seguridad han cambiado y, a su vez, han permitido y justificado la intervención de los militares en funciones de seguridad interna. Por último, Arturo Sotomayor ha argumentado que “los países utilizan a las fuerzas armadas para mantener el orden público, ahí dónde fallan otras instituciones públicas”.[9]

Asimismo, la literatura de justicia transicional ha estudiado la manera en que los países deben enfrentar las consecuencias que surgieron por las intervenciones militares en el pasado. En concreto, esta literatura busca responder ¿cómo se puede asegurar una transición a la democracia y consolidación de las instituciones democráticas y, al mismo tiempo, castigar e incluir al nuevo orden democrático aquellos que fueron responsables de cometer abusos de derechos humanos en el pasado?[10] Por un lado, “algunos argumentan que la mejor manera de hacer esto es olvidar los crímenes y abusos del pasado y seguir adelante…”. La justificación es que no hay nada más por hacer respecto a las vidas que se perdieron y el dolor que sufrieron las víctimas. Por otro lado, autores como Mayorga[11] han demostrado que las violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares deben ser castigadas, ya que cuando no lo son la impunidad permite que estas prácticas se reproduzcan. Además, el Estado tiene una obligación de hacer justicia y de reconocer la dignidad de las víctimas. En general, esta literatura está enfocada en las violaciones de derechos humanos cometidas únicamente en regímenes militares y no en democracias.

Es así que, por un lado, la literatura de las relaciones cívico-militares ha explorado las causas pero no las consecuencias de utilizar a los militares en funciones internas en regímenes democráticos. Por otro lado, la literatura de justicia transicional ha estudiado los mecanismos para enfrentar los abusos cometidos sólo en regímenes no democráticos. Por lo tanto, este artículo vincula ambas literaturas y llena el vacío existente de un tema poco explorado: consecuencias de la intervención de militares en funciones internas en regímenes democráticos.

Opinión Pública

Uno de los desafíos que han enfrentado los países de América Latina es hacer compatible la ideología que prevalece en la sociedad con la ética militar. En sociedades con ideología antimilitar, las personas son poco simpáticas ante las fuerzas armadas debido a la confrontación de valores; por el contrario, en sociedades promilitares el conflicto es inexistente ya que hay un alto grado de compatibilidad entre la ideología y la ética militar. Además, en sociedades promilitares, las fuerzas armadas son un referente del orgullo nacional y símbolos de nacionalidad. Al respecto, McAlister comenta que en estos casos, “…los militares son considerados por amplios sectores del público como los garantes del orden interno…”.[12]

Los militares intervienen para resolver problemas de seguridad interna; por ejemplo, combatir el crimen organizado. Las sociedades con ideología promilitar, en donde los militares son considerados garantes del orden interno, presuponen que dicha intervención va a resolver el problema y restaurar el orden y la estabilidad interna. Por consiguiente, las sociedades con ideología promilitar son más tolerantes a las violaciones que cometen durante esta intervención ya que los costos son menores que los beneficios. Esto no quiere decir que no importen las violaciones, sino que se vuelven más permisibles porque son parte de la solución al problema. Por lo tanto, la primera hipótesis de este artículo es que si la ideología de la sociedad es promilitar, entonces incrementa la probabilidad de que los militares violen derechos cuando intervienen en funciones de seguridad interna.

H1: Si la sociedad tiene una ideología promilitar, entonces habrá mayor probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna ya que la sociedad es más tolerante ante estos abusos.

Impunidad

El control cívico-militar es un proceso y como tal requiere de distintos elementos para su consolidación. Un elemento es el castigo ante los actos ilegales cometidos por las fuerzas armadas. Al respecto, Richard H. Kohn argumenta que “si las violaciones al control civil no son perdonadas y tropiezan con una resistencia efectiva, es menos probable que ocurran”.[13] Además, Mayorga[14] ha argumentado que en países como Bolivia, el uso de las cortes para castigar a los militares permitió la subordinación de los militares al orden democrático civil y sirvió como una amenaza futura para disuadir a los que quisieran cometer abusos. Por lo tanto, la segunda hipótesis de este artículo es que a medida que el fuero militar o la jurisdicción militar sea más amplia, entonces habrá mayor probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna, ya que los militares anticipan que sus actos ilegales no serán castigados.

Un supuesto fundamental de esta hipótesis es que las cortes militares no son efectivas. Lo anterior emana de que la mayoría de estas cortes, por su naturaleza y estructura, carecen de independencia e imparcialidad ya que no pertenecen al poder judicial del Estado y están operadas por las mismas fuerzas armadas.[15] Sobre esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas”.[16] Además, los procesos penales que realizan las cortes militares carecen de una buena investigación y juzgamiento, lo que resulta en una sanción nula o parcial para los acusados. Ejemplo de lo anterior está presente en los casos de “Correa Belisle”, “Durand y Ugarte”, “Hermanas González Pérez”, “Miguel Orlando Muñoz” y “Rosendo Radilla” presentados ante organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana.

H2: Si el fuero o la jurisdicción militar es amplia, entonces hay mayor probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna ya que los militares anticipan que sus actos ilegales no serán castigados.

El actuar de las fuerzas armadas

El nuevo militarismo implica que los militares, formados para pelear guerras en contra de las fuerzas armadas de otro país, sean utilizados para combatir grupos armados que no se asemejan a un ejército. De igual manera, al intervenir en funciones de seguridad interna, su objetivo es restaurar el orden interno y garantizar la paz y no eliminar únicamente al enemigo. Por consiguiente, resulta de suma importancia el cómo intervienen las fuerzas armadas en las funciones de seguridad interna. Al respecto Julio Ríos-Figueroa comenta que el nuevo militarismo implica que “… las fuerzas armadas tienen que actuar eficazmente en sus misiones de seguridad interna, pero también tienen que desempeñarse dentro de límites de un estado de derecho democrático”.[17]

            Es así que, si la profesión de las fuerzas armadas no es compatible con los valores de las democracias constitucionales, donde predomina el principio de la dignidad humana, entonces los militares tenderán a ser menos cuidadosos en su forma de actuar. Entre más se acerquen al ideal democrático, entonces habrá mayor respeto por los derechos humanos. Por ejemplo, si un militar profesionalizado es utilizado para dispersar una manifestación, probablemente haga uso de la fuerza necesaria para realizar su objetivo. Por el contrario, un militar poco profesionalizado, hará uso desproporcionado e innecesario de la fuerza para cumplir el objetivo, cometiendo violaciones de derechos humanos.

H3: A menor profesionalización de las fuerzas armadas, entonces habrá mayor probabilidad de que los militares cometan violaciones de derechos humanos cuando son utilizados en funciones de seguridad interna ya que su comportamiento es incompatible con la protección de los civiles.

Diseño de la investigación y resultados 

Con el fin de comprobar las hipótesis previamente descritas, construí una base de datos que incluye a 17 países de América Latina, cuyo período temporal va de 2004 a 2013 donde la unidad de análisis es país-año. Para medir las violaciones de derechos humanos cometidas por militares cuando intervienen en funciones de seguridad interna (variable independiente) utilicé los reportes anuales de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos. Con esta información generé una variable binaria donde el “1” representa los años en los cuales, según el reporte anual de Amnistía Internacional, los militares violaron derechos humanos cuando realizaban funciones de seguridad interna. Por el contrario, el “0” representa los casos en donde los militares no cometieron violaciones de derechos humanos, sin saber con certeza si estaban interviniendo en funciones de seguridad interna.[18]

            Sobre la codificación de esta variable es preciso hacer dos aclaraciones. Primero, en los reportes hay una distinción entre militares y policía militar en los casos de Argentina, Chile y Brasil. Sin embargo, para el caso de Argentina y Chile estas observaciones fueron codificadas como violaciones cometidas por militares debido a la naturaleza, formación, organización y régimen penal y disciplinario al que pertenecen. Por lo que respecta al caso de Brasil, debido a la preparación y al actuar de la policía militar brasileña, las observaciones se codificaron como violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

La segunda aclaración refiere a que en algunos casos de Venezuela y en todos los de Cuba, los reportes de Amnistía Internacional no son claros sobre qué institución cometió las violaciones de derechos humanos. Los reportes mencionan que fueron “agentes de seguridad del Estado” o “fuerzas de seguridad del Estado”. Respecto a Venezuela, las “fuerzas de seguridad” parece que están relacionadas o se refieren a la Guardia Nacional. Además, no hay evidencia que exista una policía militar en este país, y nunca se menciona que haya sido la policía civil. Por lo tanto, asumo que estas violaciones fueron realizadas por los militares. El caso de Cuba es aún más complicado ya que la constitución no refiere sobre la organización de las fuerzas armadas o fuerzas policiacas. Sólo hay un artículo que menciona las fuerzas armadas revolucionarias, pero se enfoca más en los derechos de sus miembros que en la composición misma de las fuerzas armadas. Sin embargo, dada la naturaleza y sustento del sistema político cubano -basado en las fuerzas armadas revolucionarias, asumo que recibieron capacitación castrense, sin importar la institución a la que se refieran. Por consiguiente, codifiqué todas las violaciones como si fueron cometidas por militares.

Respecto a las variables independientes, para la primera hipótesis sobre opinión pública utilicé la pregunta del estudio de opinión pública “Latinobarómetro” que refiere a la confianza que tienen las personas en las fuerzas armadas.[19] Debido a que la hipótesis refiere a la ideología promilitar, consideré únicamente la categoría de respuesta de “mucha” confianza en las fuerzas armadas. Para la segunda hipótesis sobre impunidad utilicé un índice que creó Julio Ríos-Figueroa[20] sobre el alcance de la jurisdicción militar. Dicho índice toma valores que van del 0 al 7 dependiendo de lo que diga la constitución de cada país respecto a la pregunta de ¿quién y cuándo puede ser juzgado en una corte militar? Valores más altos corresponden a que el alcance de la jurisdicción militar es mayor; es decir, países donde la constitución permite que tanto civiles como miembros de las fuerzas armadas puedan ser juzgados en tiempos de paz. Por último, para la tercera hipótesis, debido a que la profesionalización de las fuerzas armadas es muy complicado de medir, utilicé dos variables que se pueden aproximar al ideal. La primera es el gasto militar de cada país como porcentaje de su PIB, obtenida del proyecto “Quality of Government dataset (QOGd)” de la Universidad de Gotemburgo. La lógica detrás de esta medición es que menor gasto militar, entonces recibirán menor capacitación y, por lo tanto, estarán menos profesionalizados. Es preciso aclarar que esta lógica también podría ser a la inversa; por ejemplo, si el presupuesto militar no es monitoreado y controlado. La segunda medida es un índice que creó Julio Ríos-Figueroa[21] el cual toma valores que van del 0 al 9 dependiendo del número de ministerios destinados a las fuerzas armadas y si el ministro es un oficial militar o un civil (y también su sexo). Valores más altos corresponden a mayor número de ministerios, encabezados por militares hombres; por el contrario, valores más bajos corresponden a menor número de ministerios encabezados por mujeres civiles. La lógica de esta medición es que valores más altos significan menor profesionalización porque los militares no están unificados en una sola institución lo cual debilita el control civil. Además, incrementa las tensiones entre los civiles y militares en un orden democrático, con lo cual la capacitación castrense no será compatible con los valores de las democracias constitucionales.

Existen otras variables que pueden explicar la proclividad de que los militares violen derechos humanos cuando son utilizados en labores de vigilancia interna. En concreto, hay cuatro aspectos que pueden explicarlo: 1) condiciones económicas; 2) legado de las intervenciones militares; 3) condiciones de seguridad interna; 4) calidad de la democracia. Por lo tanto, para realizar los modelos estadísticos utilicé 5 variables de control que están relacionadas con las 4 categorías previamente mencionadas. Para la primera categoría usé como variable de control el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita por año para los 17 países, obtenida el trabajo de QOG. Debido a que la distribución de la riqueza en América Latina es muy desigual, realicé una transformación logarítmica a esta variable para normalizar su distribución.

Para la segunda categoría utilicé una variable que construyó Reiter[22] la cual clasifica el tipo de transición a la democracia que tuvo cada país. Dicha variable tiene cuatro categorías: 1) Colapso; 2) Derrocamiento; 3) Liderada por la oposición; 4) Liderada por el régimen. Lo que importa de este control es que las transiciones que rompieron por completo con el régimen militar, debilitaron el poder de las fuerzas armadas permitiendo fortalecer el control civil. Por tanto, transformé esta variable en una nueva variable binaria en donde el “1” representa las transiciones por colapso y derrocamiento y el “0” el resto de las transiciones. Además, utilicé otra variable que creó Gabriel Negretto en la cual captura la cantidad de años que estuvo un país bajo un régimen militar a partir de 1900.

Para la tercera categoría utilicé la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes para cada país. Esta variable la obtuve de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por último, para la cuarta categoría utilicé un índice del proyecto de QOG que pondera los resultados obtenidos de Freedom House y Polity V. El rango del índice toma valores que van del 0 al 10, en donde valores más bajos significan menor calidad de la democracia. En esta tabla se resume la medición de todas las variables.

Debido a que el fenómeno que busco estudiar es discreto y no continuo, realicé un modelo logístico que se adaptó a la transformación de mi variable dependiente para comprobar las hipótesis. Con el propósito de evitar que los resultados se vieran afectados o sesgados por casos particulares, y dado que los datos del modelo son panel, agrupé los errores por conglomerados de países y los incluí en las dos regresiones. La tabla 2 presenta los resultados de las regresiones logísticas.

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Para poder analizar la diferencia entre los dos modelos, la gráfica 1 representa los coeficientes de ambos modelos.

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Al respecto, la primera hipótesis, medida a través de la confianza, tiene un efecto positivo en la relación de momios; en el primer modelo la razón de momios aumenta en .089 y en el segundo en .081. Además, en los dos modelos la variable es estadísticamente significativa con p-value de .05 y .07 respectivamente. Derivado de lo anterior, se puede concluir que la intuición sobre la primera hipótesis encuentra evidencia favorable: a mayor confianza, mayor probabilidad de violar derechos humanos.

Asimismo, la hipótesis de impunidad tiene un efecto positivo en la razón de momios; en el primer modelo la razón aumenta en .26 y en el segundo en .21. Sin embargo, sorprendentemente, esta variable no es estadísticamente significativa en ninguno de los modelos. Al realizar distintas pruebas en los modelos logísticos, la variable de jurisdicción militar es estadísticamente significativa únicamente cuando no se controla por los errores de los países. De esto se puede concluir que la jurisdicción militar tiene efecto únicamente en casos puntuales y en determinadas situaciones. También, el índice utilizado captura la impunidad de jure y no de facto, por lo que puede ser que la impunidad sí tenga un efecto estadísticamente significativo, sólo que la variable no captura la impunidad real.

Respecto a la tercera hipótesis hay dos grandes hallazgos. Primero, la medida sobre número de ministerios dedicados a las fuerzas armadas, a pesar de no ser estadísticamente significativa, tiene un efecto negativo en la razón de momios, contrario a la intuición de la hipótesis. Es decir, a mayor número de ministerios de defensa dedicados a las fuerzas armadas y liderados por militares, la probabilidad de violar derechos humanos disminuye. Lo anterior puede responder a que la fragmentación conlleva a una competencia entre los distintos cuerpos armados, los cuales, al buscar posicionarse de mejor manera, tengan mayor respeto a los derechos humanos durante su actuar. También, es posible que el aumento de la tensión entre civiles y militares permita que éstos últimos sean más vigilados.

El segundo hallazgo relacionado a la tercer hipótesis es que el gasto militar tiene un efecto positivo en la razón de momios; dicha razón aumenta en .62. Además, esta variable es estadísticamente significativa con un p-value de .04. Dicho efecto es contrario a lo esperado ya que a mayor gasto militar, menor probabilidad de violar derechos humanos. Esto puede reflejar que la designación de recursos no tiene ninguna relación con la capacitación y formación de las fuerzas armadas. También, debido a que los militares están interviniendo en funciones de seguridad interna, probablemente este resultado indique que los militares utilizan los recursos para comprar armamento, en vez de dedicarlo a la capacitación de los activos.

Por último, los coeficientes de las variables de control también respaldan la intuición. El PIB per cápita aumenta la razón de momios y es estadísticamente significativa en ambos modelos. Los años bajo regímenes militares al igual que el tipo de transición a la democracia disminuyen la razón de momios; por tanto, entre más años bajo regímenes militares, y si la transición a la democracia significó una ruptura con el régimen militar, entonces habrá menor probabilidad de violar derechos humanos. La tasa de homicidios tiene un efecto positivo en la razón de momios sin ser estadísticamente significativa. Finalmente, la calidad de la democracia tiene un efecto negativo en la razón de momios. En este sentido, a pesar de que no todas las variables de control son estadísticamente significativas, el efecto de cada una sigue el sentido esperado.

Para los fines de este artículo, exploro a detalle los valores predichos y marginales de las variables que son estadísticamente significativas, limitando dicho análisis únicamente a las hipótesis. Con relación a la primera hipótesis, medida a través de la confianza en las fuerzas armadas, al estimar los valores marginales para el primer modelo, manteniendo todas las demás variables en sus valores promedios, un aumento porcentual de una unidad en mucha confianza en las fuerzas armadas aumenta 43% la probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna. Para el segundo modelo, los valores marginales son los mismos. La gráfica 2 y la gráfica 3 presentan los valores predichos de la confianza en las fuerzas armadas para el primer y segundo modelo respectivamente.

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Acorde a la gráfica 2, cuando el 9.3% de las personas confían mucho en las fuerzas armadas, la probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna es del 35%. Asimismo, cuando el 34% de las personas confían mucho en las fuerzas armadas, la probabilidad de violar derechos humanos por parte de militares realizando labores de seguridad interna aumenta a 75%. Los valores predichos del segundo modelo, representados en la gráfica 3, no cambian mucho con relación a los pasados; la mayoría de los valores predichos de ambos modelos oscilan por las mismas probabilidades de violar derechos humanos. Estos resultados no sólo comprueban la primera hipótesis, sino que resalta la importancia de la ideología, medida a través de la confianza, en las fuerzas armadas. Sin duda, el resultado presenta un nuevo paradigma, en el cual, la opinión pública tiene un efecto directo en el actuar de las fuerzas armadas.

Respecto a la tercer hipótesis sobre profesionalización, medida a través del gasto militar, al estimar los valores marginales, y manteniendo todas las demás variable en su valor promedio, un aumento de una unidad porcentual en gasto militar aumenta 42% la probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna. La gráfica 4 presenta los valores predichos del gasto militar como porcentaje del PIB. Estos resultados proyectan que cuando el gasto militar como porcentaje del PIB es de .39%, la probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna es del 35%. Cuando el gasto militar es del 3.39%, entonces la probabilidad de que violen derechos humanos los militares es del 65%. Estos resultados, como se comentó anteriormente, reflejan un resultado inesperado ya que rechazan la hipótesis propuesta y confirman que el efecto de la hipótesis es contrario: a mayor gasto militar, mayor probabilidad de violar derechos humanos. Sin embargo, esto puede estar mostrando que, como se dijo anteriormente, los recursos se gastan en otras actividades como la compra de armamento.

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Conclusiones y propuestas para investigación futura

Este artículo es uno de los primeros intentos por realizar un estudio regional con el fin de encontrar condiciones o factores que influyan el control cívico-militar en distintos países de América Latina. La mayoría de los estudios sobre el tema son casos de estudio, o estudios comparativos entre dos o tres países que tienen características en común. Asimismo, este trabajo se suma a los esfuerzos por estudiar el nuevo rol que están desempañando las fuerzas armadas en América Latina. El nuevo militarismo ha traído diversas dificultades y retos, por lo cual resulta necesario realizar distintos estudios sobre el tema.

A partir de los resultados, se puede concluir que la ideología de la sociedad es un factor fundamental que influye en el actuar de las fuerzas armadas. Las sociedades promilitares parecen tolerar los abusos cometidos por los militares porque son parte de una solución de un problema mucho más grande. Asimismo, la jurisdicción militar va en el sentido esperado, sin ser estadísticamente significativa. Por último, la profesionalización de las fuerzas armadas parece tener algún efecto en el actuar de las fuerzas armadas. Desafortunadamente, medir dicha hipótesis es muy complicado, pero lo propuesto en este artículo permite entrever que sí hay un efecto, y la formación de los militares debe tomarse muy en serio; aún más, en situaciones donde intervienen en cuestiones de seguridad interna.

Si bien es cierto que el trabajo arroja resultados muy interesantes, quedan pendiente realizar ajustes y modificaciones al trabajo con el fin de ser aún más acertados con los resultados. Primero, es necesario construir una base de datos que permita identificar los casos en los que los militares intervinieron en labores de vigilancia interna y no violaron derechos humanos. Sin duda, es un trabajo muy complicado ya que hay muy poca información sistemática al respecto. No obstante, este artículo, en la cual se utilizó una base de datos original construida a partir de los reportes de Amnistía internacional, puede servir como motivación para futuros trabajos.

Segundo, resulta necesario que se utilicen distintas variables para medir las hipótesis con el fin de corroborar los resultados. Las variables utilizadas son un proxi que intentan medir de la mejor manera la idea planteada. No obstante, puede haber mejores mediciones; por ejemplo, sería muy útil medir la impunidad de facto, o medir la profesionalización con el estudio de las doctrinas militares de cada país. Por último, algo que queda a deber este trabajo son los estudios de caso. Empero, esto debe servir como motivación para realizar estudios de caso en situaciones particulares para comprobar los efectos de las hipótesis. Por ejemplo, un caso muy atractivo sobre el tema es México, que desde el 2006 los militares han combatido al crimen organizado y, por consecuencia, violado derechos humanos sistemáticamente. Es así que, sería de gran interés conocer si las reformas a la justicia militar han tenido algún efecto en el actuar de las fuerzas armadas, o si la opinión pública, que tanto ha favorecido a las fuerzas armadas mexicanas, ha permitido que los abusos sean más tolerados. Igualmente, quedan también muchos otros países por analizar.

Bibliografía

  • Acuña, Carlos H. y Catalina Smulovitz. “Guarding the guardians in Argentina: Some Lessons about the risks and benefits of empowering the courts”. En Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, (ed.) A. James McAdams. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997.
  • Aministía Internacional. México: nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército. Londres: Aministía Internacional Publicaciones, 2009.
  • Amnistía Internacional. Informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Londres: Aministía Internacional Publicaciones.
  • Aguilera, Gabriel Peralta. “La defensa para el siglo XXI en América Latina y el Caribe”. En Atlas comparativo de la defensa en América Latina y el Caribe: edición 2014, (coord.) Marcela Donadio. Buenos Aires: RESDAL, 2014.
  • Agüero, Felipe. Sodiers, Civilians, and Democracy: Post-Franco Spain in Comparative Perspective, 1995.
  • Aristegui Noticias. “Graves violaciones de derechos humanos, de “forma reiterada” en México: HRW”. Aristegui Noticias. http://aristeguinoticias.com/2701/mexico/graves-violaciones-de-derechos-humanos-de-forma-reiterada-en-mexico-hrw/
  • Athanasios Hristoulas. Las relaciones cívico-militares en el nuevo orden internacional. México: Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2002.
  • Barros, Ciro. “Treinados pra rinha de rua.” Agencia Pública. http://apublica.org/2015/07/treinados-pra-rinha-de-rua/ (Fecha de consulta: 20 de julio de 2015).
  • Battaglino, Jorge. “Algunas precisiones sobre el origen de la teoría de las relaciones cívico-militares.” POSTdata, núm.5, (febrero, 2011): 43-59.
  • Beltrán, U. y Alejandro Cruz. “Mexicanos mantienen confianza en el Ejército; supera a la Iglesia”. Excélsior. http://www.excelsior.com.mx/node/714019 (Fecha de consutla: 14 de febrero de 2011).
  • Bendaña, Alejandro. “Las relaciones cívico-militares en Nicaragua”. En Relaciones cívico-militares comparadas, (coord.) Kevin Zamora Casas. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1997.
  • Benítez, Raúl. Los ministerios de defensa: un enfoque estructural. Documento publicado por la Red de Seguridad de Defensa de América Latina (RESDAL), 2005.
  • Call, Charles T. “War transitions and the new civilian security in Latin America.” Comparative Politics, núm.35 (octubre, 2002):1-20.
  • Centro de noticias ONU. (22 de febrero de 2013). Colombia: ONU insta a investigar violaciones de derechos humanos por Ejército y Policía. ONU. Recuperado de http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25754#.V5WBWGPEPZ4.
  • Cantón, A. Santiago. “La impunidad y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Aportes DPLF, núm13, (junio, 2010):5-9.
  • Chillier, Gaston y Laurie Freeman. “El Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: Una Amenaza en Potencia”. WOLA, 2005. http://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Regional%20Security/past/El%20nuevo%20concepto%20de%20seguridad_lowres.pdf (Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2015).
  • Chillier, Gaston y Lucila Santos. “Derechos Humanos y justicia militar en Argentina”. En Juan Rial (comp.) La Justicia Militar, entre la reforma y la permanencia. Buenos Aires: Red de Seguridad de Defensa de América Latina (RESDAL), 2010.
  • CIDH. Caso Durand y Ugarte vs. Perú. 2000 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_68_esp.pdf
  • CIDH. Informe No 53/01, Caso 11/565, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, 2011.
  • CMPDH. La incompatibilidad del Código de Justicia Militar con el derecho internacional de los Derechos humanos. México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2014. Disponible en http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2014/12/Jurisprudencia_2014.pdf
  • Código de Justicia Militar. (2016) Chile
  • Diamint, Rut. “Security Challenges in Latin America”. Bulletin of Latin America Research, núm.23, (enero, 2004):43-62.
  • Diamint, Rut. “A New Militarism in Latin America”. Journal of Democracy, núm.26, (octubre 2015):155-168.
  • Donadio, Marcela R. “Las Relaciones cívico-militares y la construcción de instituciones”. En América Latina: Enfrentando la Crisis de las Jóvenes Democracias, Marzo 2003.
  • El Mundo. “El Ejército paraguayo patrulla las calles de una ciudad fronteriza con Brasil.” El Mundo. http://www.elmundo.es/america/2010/04/30/noticias/1272583179.html (Fecha de consulta: 29 de abril de 2010).
  • Expansión. “Desde 2010, el ejército es la institución que viola más derechos humanos.” Expansión. http://expansion.mx/nacional/2012/12/25/desde-2010-el-ejercito-es-la-institucion-que-mas-viola-derechos-humanos (Fecha de consulta: 25 de diciembre de 2012)
  • Fearon, James y David Latin. “Integrating Qualitative and Quantivative Methods”. En Box-Steffenmeier, (eds.) Brady y Collier. Oxford Handbook of Political Methodology, 2009.
  • Feaver, Peter D. “El control civil en pequeñas democracias: la contribución de las ciencias políticas”. En Relaciones cívico-militares comparada, (coord.) Kevin Zamora Casas. Costa Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1997.
  • Frazer, Jendayi E. Sustaining Civilian Control in Africa: The use of armed conunterweights in regime stability. Standford University, Tesis Doctoral, 1994.
  • Foollietti, Gilda. Facultades Parlamentarias. Competencias constitucionales de los parlamentos latinoamericanos en el área de defensa. Documento publicado por la Red de Seguridad y Defensa Latinoamericana (RESDAL), 2005.
  • Fuentes, Claudio. “Fuerzas armadas y democracia en Uruguay: El Desafío de la Reingeniería de la Defensa”. En Relaciones cívico-militares comparadas, (coord.) Kevin Zamora Casas. Costa Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1997.
  • Gendarmería Nacional. Historia. 2006. http://www.gendarmeria.gob.ar/historia/
  • Gonzáles Ruíz, Salvador, Enrique López Portillo y Yañéz, J. Seguridad pública en México. Problemas, prespectivas y propuestas. México: Universidad Nacional Autonóma de México, 1994.
  • Human Rights Watch. World Report 2015. Estados Unidos de América, 2015.
  • Huntington, Samuel P. El Soldado y el Estado. Boston: Harvard University Press, 1995.
  • Horowitz, Donald. Coup Theories and Officer´s Motives: Sri Lanka in Comparative Perspective. Princeton: Princenton University Press, 1977.
  • Instituto Igarapé. Homicide Monitor. Brasil, 2015.
  • Kyle, Brett y Andrew Reiter. “Dictating Justice: Human Rights and Military Courts in Latin America.” Armed forces & Society, núm. 38 (enero, 2001):27-48.
  • Krujit Dirk y Kees Koonings. “Fuerzas Armadas y política en América Latina: perspectivas futuras”. Iberoamericana, núm.2, (febrero, 2002):7-22.
  • Kohn, Richard H. “Los fundamentos olvidados del control civil sobre los militares en gobiernos democráticos” en Relaciones cívico-militares comparadas, (coord.) Kevin Zamora Casas. Costa Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1997.
  • Ley Orgánica Constitucional de los Carabineros. (2014)
  • Ley Orgánica de Gendarmería Nacional. (2011) Argentina
  • Lieuwen, Edwin. Arms and Politics in Latin America. Nueva York: Frederick A. Praeger, 1961.
  • Lissardy, Gerardo. “Por qué la policía en Brasil mata a seis por día”. BBC. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141112_brasil_policia_muertes_gl (Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2014).
  • Lyle N. McAllister. “Changing concepts of the role of the military in Latin America”. Annals of the American Academy of Political and Social Science, núm.360 (julio 1965): 85-94.
  • Mares, David R. Civil-militar relations: Building Democracy and Regional Security in Latin America, Southern Asia, and Central Europe. Estados Unidos: Westview Press, 1998.
  • Mayorga, René Antonio. “Democracy Dignified and an End to Impunity: Bolivia´s Military Dictatorship on Trial”. En Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, ed. A. James McAdams. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997.
  • Meléndez, J. “Vive Honduras crisis por corrupción policial”. El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/04/20/vive-honduras-crisis-por-corrupcion-policial (Fecha de consulta: 20 de abril de 2016).
  • McAlister, Lyle. “Changing Concepts of the Role of the Military” en Latin America. Annals of the American Academy of Political and Social Science, núm.360 (1965):85-98.
  • Needler, Martin. “Putting Latin American Politics in Perspective”. en Interamerican economic affairs, núm.16 (1962):41-50.
  • Nordlinger, Eric. Soldiers in Politics: Military Coups and Governments. Nueva York: Prentice-Hall.
  • O´Donnell, Guillermo, et al. Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
  • Olsen, G. R. “European Public Opinion and Aid to Africa : Is There A Link?”. The Journal of Modern African Studies, vol. 39, núm.4 (2001): 645-674.
  • Perlmutter, Amos. The Military and Politics in Modern Times: On professionals, praetorians and revolutionary soldiers. New Haven: Yale University Press, 1977.
  • Pion-Berlin, David. Civil-militar relations in Latin America. Estados Unidos: Universidad de Carolina del Norte, 2001.
  • Remmer, Karen. Military rule in Latin America. Estados Unidos: Westview Press, 1989.
  • Revista Carabineros de Chile. Manual de Doctrina de Carabineros de Chile. Ñuñoa: Revista Carabineros de Chile, 2010.
  • Rios-Figueroa, Julio. Courts in Latin America. New York: Cambridge University Press, 2016.
  • Sojo, Carlos. “Un Ojo Abierto: Relaciones Civiles Militares en América Central”. En Relaciones cívico-militares comparadas, coord. Kevin Zamora Casas. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1997.
  • Salomón, Leticia. “Las relaciones cívico-militares en Honduras”. En Relaciones cívico-militares comparadas, coord. Kevin Zamora Casas. Costa Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1997.
  • Sotomayor, Arturo C. Diagnóstico de las relaciones cívico-militares en América Latina: Avances y retrocesos en materia de política de defensa. Documento de trabajo. (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2006).
  • Soroka, S. “Media, Public Opinion, and Foreign Policy”. Press/Politics Harvard College, núm.8 (2003): 27-48.
  • Trejo, Guillermo, J. Albarracín y L. Tiscornia. “Breaking State Impunity in Postauthoritarian Regimes: Why Transitional Justice Mechanisms Deter Criminal Violence in New Democracies”. Conferencia en Ciudad de México: CIDE, 2014.

 

[1] Rut Diamint, “A New Militarism in Latin America”, Journal of Democracy, núm.26, (octubre 2015):155-168.

[2] Lyle McAlister.,“Changing Concepts of the Role of the Military” en Latin America. Annals of the American Academy of Political and Social Science, núm.360 (1965):85-98.

[3] Rut Diamint, “A New Militarism in Latin America”, Journal of Democracy, núm.26, (octubre 2015):155-168.

[4] Expansión, “Desde 2010, el ejército es la institución que viola más derechos humanos.”, Expansión. http://expansion.mx/nacional/2012/12/25/desde-2010-el-ejercito-es-la-institucion-que-mas-viola-derechos-humanos (Fecha de consulta: 25 de diciembre de 2012)

[5] La Fuerza de Tarea Conjunta pertenecen a las Fuerzas Especiales de Bolivia y está conformada por policías y militares. Su función es realizar operaciones de erradicación de cultivos de coca.

[6] Rut Diamint, “A New Militarism in Latin America”, Journal of Democracy, núm.26, (octubre 2015):158.

[7] Gaston Chillier y Lucila Santos, “Derechos Humanos y justicia militar en Argentina”, en Juan Rial (comp.) La Justicia Militar, entre la reforma y la permanencia. (Buenos Aires: Red de Seguridad de Defensa de América Latina (RESDAL), 2010).

[8] Rut Diamint, “Security Challenges in Latin America”, Bulletin of Latin America Research, núm.23, (enero, 2004):43-62.

[9] Arturo C. Sotomayor, Diagnóstico de las relaciones cívico-militares en América Latina: Avances y retrocesos en materia de política de defensa, documento de trabajo, (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2006).

[10] Carlos H. Acuña y Catalina Smulovitz, “Guarding the guardians in Argentina: Some Lessons about the risks and benefits of empowering the courts”, en Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, (ed.) A. James McAdams. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997).

[11] René Antonio Mayorga, “Democracy Dignified and an End to Impunity: Bolivia´s Military Dictatorship on Trial”, en Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, ed. A. James McAdams, (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997.)

[12] Lyle McAlister, “Changing Concepts of the Role of the Military, en Latin America. Annals of the American Academy of Political and Social Science, núm.360 (1965):85-98.

[13] Richard H. Kohn, “Los fundamentos olvidados del control civil sobre los militares en gobiernos democráticos”, en Relaciones cívico-militares comparadas, (coord.) Kevin Zamora Casas. (Costa Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1997).

[14] René Antonio Mayorga, “Democracy Dignified and an End to Impunity: Bolivia´s Military Dictatorship on Trial”, en Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, ed. A. James McAdams, (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997.)

[15] A. Santiago Cantón, “La impunidad y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Aportes DPLF, núm13, (junio, 2010):5-9.

[16] CIDH. Informe No 53/01, Caso 11/565, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, 2011.

[17] Julio Rios-Figueroa, Courts in Latin America. (New York: Cambridge University Press, 2016.)

[18] Es importante resaltar que no existe ningún trabajo ni base de datos que revele cuándo intervinieron los militares en funciones de seguridad interna. De igual manera, las instituciones militares latinoamericanas no tienen información al respecto. Por lo tanto, hay un sesgo inevitable: no existe una medición sistemática de la intervención de los militares en funciones de seguridad interna que me permitan investigar si hay ejércitos que no violaron derechos humanos a pesar de ser empleados en labores de vigilancia interna. Sin embargo, el modelo propuesto intenta explicar lo que sí se puede medir: violaciones de derechos humanos cometidas por militares cuando intervinieron en funciones de seguridad interna. Queda pendiente para un próximo estudio analizar los casos para los que no existen datos.

[19] Utilicé la variable de confianza en las fuerzas armadas ya que no existe una buena medida de ideología promilitar y antimilitar de la sociedad.

[20] Julio Rios-Figueroa, Courts in Latin America. (New York: Cambridge University Press, 2016.)

[21] Julio Rios-Figueroa, Courts in Latin America. ( New York: Cambridge University Press, 2016.)

[22] Brett Kyle y Andrew Reiter, “Dictating Justice: Human Rights and Military Courts in Latin America”, Armed forces & Society, núm. 38 (enero, 2001):27-48.

 

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