El Estado, complacencia social y la violencia de élite en tiempos de la guerra sucia mexicana

El Estado, complacencia social y la violencia de élite en tiempos de la guerra sucia mexicana
Fernando Herrera Calderón,
Universidad del Norte de Iowa

Uno de los casos de desaparición forzada mejor documentados de la guerra sucia mexicana (1964-1982) tuvo lugar el 23 de agosto de 1977. Mientras tomaba el desayuno en casa, José Reyes Mayoral Jáuregui de sesenta años fue violentamente aprehendido por policías en presencia de su aterrorizada esposa, María Isabel Román Preciado. Afuera, un helicóptero de la Policía Judicial rondaba la casa y agentes del Departamento de Tránsito de Guadalajara se disponían a proporcionar refuerzos adicionales. Esta no era la primera vez que la policía “visitaba” a la familia. A principios de esa misma semana, los agentes habían irrumpido en la casa buscando a uno de los hijos de María Isabel y José, un conocido miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. El periódico El Universal retrató el momento preciso en que triste pero tranquilo, Mayoral Jáuregui, era apresuradamente arrojado a un coche con los ojos vendados para ser conducido a un centro de detención clandestino.[1] La fotografía también capturó las siniestras expresiones de los agentes que lo sometían. Cuando María Isabel fue a buscar a su marido, los oficiales negaron tener algún registro del arresto, a pesar de la evidencia incontrovertible del periódico. Al año siguiente María Isabel y uno de sus hijos se reunieron con Oscar Flores Sánchez, el entonces omiso Procurador General de la República, para discutir el paradero del esposo y padre. Flores Sánchez reiteró la misma versión de los oficiales, absolviendo a las agencias gubernamentales de cualquier responsabilidad por el misterioso arresto de Mayoral Jáuregui. Simplemente le dijo a la familia que había sido un “típico secuestro”.[2]

Mientras que en el medio urbano el modus operandi de las fuerzas contrainsurgentes se producía mediante la participación de las corporaciones policiacas y grupos paramilitares como la Brigada Blanca, en el ámbito rural el trabajo de destruir a las organizaciones guerrilleras recayó principalmente en las fuerzas armadas. En los años sesenta y setenta, cuando los revolucionarios Lucio Cabañas y Genaro Vázquez estaban activos en la Sierra Madre del Sur, los militares mexicanos llevaron a cabo una serie de campañas antisubversivas con un alto impacto en la población local. El estado de Guerrero era considerado uno de los principales bastiones de las guerrillas rurales, por lo que los militares establecieron ahí nuevos cuarteles, cárceles clandestinas y centros de exterminio. La militarización del estado se convirtió en sinónimo de comisión sistemática de atrocidades contra las comunidades campesinas. Las tropas peinaban la sierra y hostigaban con regularidad a poblaciones aisladas, cuya lejanía permitía que estos acontecimientos pasaran desapercibidos en el resto del país. Así, por ejemplo, a las afueras de Atoyac en el pequeño pueblo de La Quemada, la mayoría de los hombres fueron detenidos arbitrariamente por los militares y llevados a cárceles clandestinas, donde fueron interrogados, torturados por largos periodos y, en muchos casos, desaparecidos.[3] Entre 1969 y 1982, en Guerrero, miles de personas, principalmente de origen campesino, fueron sometidas a todo tipo de violencia por su presunta colaboración con los guerrilleros, la cual no era acreditada legalmente, dado que no se seguía el debido proceso.

De acuerdo con el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, (Sotelo ed., 2006), el ejército y los grupos de contrainsurgencia en las ciudades no sólo se valió de labores de inteligencia y guerra psicológica (tortura, violaciones, ejecuciones y desapariciones selectivas, uso del rumor y la propaganda para causar pánico y medidas de asistencia social para confundir a la población); también llevó a cabo acciones de mayor alcance, como desplazamientos forzados, reconcentración de la población en lugares estratégicos, bombardeos, utilización de agentes químicos para defoliar las zonas guerrilleras y la política de “tierra arrasada”, una táctica consistente en destruir todo lo que sea de utilidad para el enemigo, principalmente los cultivos, el suministro de agua y cualquier otro medio de subsistencia. En los momentos más álgidos de la persecución contra Lucio Cabañas, el ejército estableció un cerco de hambre en la Sierra de Atoyac, controlando el consumo alimenticio de los campesinos. Los autores de la campaña anti-subversiva creyeron que la violencia era justa y necesaria para “extirpar el mal”.[4] Cientos de agentes anti-guerrilleros violaron las mismas leyes que se comprometieron a mantener y seguir. Los informes diarios de la Dirección Federal de Seguridad ofrecen una espeluznante instantánea del funcionamiento interno de la contrainsurgencia urbana. Con una “licencia para matar”, los agentes de la DFS recorrieron las calles de varias ciudades buscando, según un ex agente, “opositores reales o sospechosos, no importaba”.[5] Los estudiantes se convirtieron en un trofeo que los agentes anti-subversivos apasionadamente buscaban.

La guerra sucia mexicana se produjo bajo un régimen presidencialista dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que pretendía ser democrático pero que basaba su estabilidad en la perpetración masiva de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, hay que hacer notar que este tipo de violencia estatal sistemática no puede durar períodos tan prolongados sin la colaboración de la sociedad.[6] Este artículo examina la interacción entre el ejército y la sociedad en el contexto de la guerra fría mexicana y la guerra sucia de los 1960 y ‘70. El estado justificaba la actuación de las corporaciones policiacas y militares con base en una retórica populista y nacionalista, que sostenía que el gobierno únicamente buscaba proteger a la sociedad de presuntas conspiraciones comunistas internacionales. Una serie de términos clasistas, propaganda anticomunista y actitudes nacionalistas se convirtieron en rótulos normativos utilizados por la sociedad, el Estado, así como por los medios de comunicación para desacreditar a las guerrillas, idealizar sus anhelos revolucionarios y deslegitimar su causa. El presidente Echeverría utilizó una estrategia de división y conquista para crear dos grupos polarizadores. Un lado abarcaba a creyentes en la democracia, era nacionalista y defendía el legado de la Revolución de 1910. El otro abarcaba el sector “maligno” de la sociedad que era antidemocrático, anti-mexicano y comunista.

A pesar de ello no se puede argumentar que la sociedad haya sido una mera víctima de la manipulación informativa; existió la complicidad de una parte de la sociedad mexicana con las fuerzas contrainsurgentes. Siguiendo las maniobras de la propaganda oficial, que culpaba a los guerrilleros de amenazar la democracia y desestabilizar al país; el sector privado, los medios de comunicación, la Iglesia católica, la izquierda moderada e incluso algunos académicos los acusaban -sin pruebas- de ser agentes provocadores, pagados ya sea por la CIA o por la Unión Soviética, cuyo objetivo era crear una crisis política para favorecer intereses obscuros.[7] A semejanza del caso argentino, dichos sectores estaban inclinados a creer en una especie de “teoría de los dos demonios”, según la cual la actividad guerrillera había creado las condiciones que desencadenaron el terror de Estado. Mientras algunos justificaron la violencia perpetrada por las fuerzas armadas, en tanto garantes de la seguridad de la población civil, otros soslayaron sus abusos y guardaron silencio sobre la guerra sucia.

La seguridad nacional después del ‘68

Debido a los bajos estándares de espionaje y a la ausencia de analistas bien capacitados, los servicios de inteligencia mexicanos adoptaron las teorías de la conspiración como información creíble.[8] La paranoia anticomunista del régimen priísta que se desarrolló ante el auge de los movimientos sociales de los 1950 y ‘60 influyó en las políticas posteriores a 1968, bajo el supuesto de que había graves amenazas internas contra el Estado mexicano. Después de la sangrienta represión contra el movimiento estudiantil de 1968, el gobierno mexicano tomó medidas preventivas contra los llamados “filósofos de la destrucción”,[9] y aseguró la erradicación de todo vestigio de agitación en la Ciudad de México. Agentes de diversas corporaciones establecieron una elaborada red de vigilancia para infiltrarse en las universidades donde la izquierda tenía mayor influencia, y que eran consideradas como semilleros de subversivos. Los espías del gobierno, disfrazados de estudiantes, se infiltraron en eventos de activistas para rastrear y eliminar a los alborotadores. Los estudiantes se percataban del espionaje y denunciaban públicamente la intrusión de los llamados “orejas” en los campus universitarios. Además, el gobierno utilizó a los porros como aliados para sabotear el activismo estudiantil.[10] A pesar de que los estudiantes evidenciaban a los porros ante las autoridades escolares y ministeriales, éstas ignoraban deliberadamente sus actos de violencia e intimidación; lo que demuestra la existencia de una alianza secreta entre la jerarquía de la universidad, los infiltrados y los porros con las autoridades gubernamentales. La presunta conjura comunista internacional fue el gran mito movilizador de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, fue la violencia sistemática contra el movimiento estudiantil la que llevó a la radicalización de un sector de los estudiantes. Así como su involucramiento en otros movimientos sociales y en la lucha armada misma. La mayoría de las organizaciones guerrilleras urbanas estaban conformadas por estudiantes y profesionistas jóvenes. En el caso de las guerrillas rurales, como las de Chihuahua y Guerrero, sus líderes eran en su mayoría maestros normalistas o de origen campesino.

La fuerte retórica anticomunista utilizada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) durante el movimiento estudiantil se disipó al principio de los setentas, hasta el punto donde el Estado ya no podía negar la existencia de una amenaza de guerrillas urbanas. Teniendo como resultado la legitimación del uso de fuerzas contra el supuesto enemigo interno. Fue durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) que el discurso anticomunista retomó fuerza e inauguró una nueva etapa de la Guerra Fría en México.

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En 1971, menos de tres meses después de la toma de poder del Presidente Echeverría, la policía descubrió una casa de seguridad en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y arrestó a tres mujeres y dieciséis hombres, todos miembros del Movimiento de Acción Revolucionaria. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado de prensa con el ominoso titular: “Conjura Roja Contra México”. Bajo custodia policial, los detenidos fueron interrogados por varios días y luego exhibidos al público a través de los medios de comunicación. Los periódicos publicaron versiones del informe acompañadas de fotografías de los guerrilleros con muestras de fatiga y con rastros de tortura. “Fue un duro golpe para la organización”, comentó Fernando Pineda Ochoa, ex miembro del MAR. Otro marista, Salvador Castañeda, declaró que su captura fue “toda la evidencia que el PRI necesitaba para comenzar a inventar conspiraciones sobre un complot comunista internacional en contra de México”. Durante el saqueo de la casa de seguridad los agentes federales también confiscaron una gran cantidad de literatura revolucionaria y manuales de instrucción para fabricar explosivos. Pero para el Estado, la revelación más aterradora resultó ser que el grupo había recibido entrenamiento en Corea del Norte.[11] Sin exagerar, el descubrimiento de la casa de seguridad del MAR en Jalapa y posteriormente otras operaciones antisubversivas hicieron que la retórica de la Guerra Fría volviera a ocupar un lugar importante en los discursos políticos, en distintos medios de comunicación e influyó la doctrina de seguridad nacional.[12]

Entre 1970 y 1973 la agitación revolucionaria aumentó exponencialmente en las universidades. Al frente de este renacimiento revolucionario estuvieron la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad de Guadalajara (UdeG). Lo que inicialmente comenzó como una “lucha para limpiar la universidad” se convirtió en un proyecto para construir una revolución socialista y derrocar al estado capitalista.[13] Además, los militantes criticaron al régimen por financiar, armar y ayudar a grupos reaccionarios de estudiantes que buscaban consolidar su poder político y reprimir cualquier pensamiento que pudiese reemplazar la ideología revolucionaria-nacionalista del régimen. La policía local en conjunción con porros y otros aliados intentaron preservar el orden y garantizar la seguridad pública, aún sin contar con un plan de acción bien definido. En este contexto, bajo la tutela de los presidentes Luis Echeverría y José Lopéz Portillo, el Estado implementó una nueva serie de medidas de seguridad nacional. Así mismo, construyó una infraestructura contrainsurgente urbana, consistente en otorgar facultades de ministerio público a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y promover la formación de grupos paramilitares integrados por policías y militares, autorizados para trabajar fuera de los parámetros legales y amparados en la inmunidad total.[14] Ambos jefes de Estado se extralimitaron en sus atribuciones legales, pese a que el presidente Echeverría se justificaba en el discurso de “defender la democracia de cualquier agresión interna o externa”.[15] Los informes diarios de la DFS y los testimonios de antiguos perpetradores de torturas y ejecuciones dan una idea del funcionamiento interno de la contrainsurgencia urbana. Los creadores de la “lucha anti-subversiva” estuvieron firmemente convencidos de que las tácticas brutales eran justas y necesarias para “extirpar el mal”.[16] Con “licencia para matar”, los agentes antiguerrilleros se dispersaron por las ciudades, instruidos por sus superiores de limpiarlas de “delincuentes” que querían “desestabilizar al país”.[17]

La Brigada Blanca fue un escuadrón de la muerte creado por Miguel Nazar Haro en 1976, a raíz de que la Liga intentó secuestrar a Margarita López Portillo, hermana del entonces candidato presidencial José López Portillo. Aunque Nazar Haro, subdirector de la DFS, ha sido señalado como el arquitecto de la contrainsurgencia urbana, no se puede pasar por alto la actuación de Luis de la Barreda Moreno, director de la DFS, y de su superior jerárquico, Mario Moya Palencia, entonces Secretario de Gobernación, quienes supervisaron todo el trabajo de seguridad nacional durante el sexenio de Echeverría. Miles de mexicanos fueron capturados arbitrariamente, encarcelados, ejecutados o desaparecidos a manos de la DFS o de la Brigada Blanca. Una vez detenidos sin orden de aprehensión, los llamados “civiles indeseables” eran transportados a centros de detención clandestinos o al temible Campo Militar Nº 1 de la Ciudad de México, donde quedaban bajo entera custodia del ejército. Los presos políticos hicieron frente a abusos periódicos, intimidación, tortura y violencia sexual; en sus confesiones fueron forzados a admitir crímenes que en muchos casos no habían cometido. En el apogeo de la guerra sucia, hacia 1974, la DFS y otras corporaciones dejaron de enviar a los presos clandestinos del Partido de los Pobres y la LC23S a cárceles públicas y ejercieron contra ellos una política de aniquilación. Oficiales de distintas corporaciones tanto policiacas como militares cometieron múltiples ejecuciones extrajudiciales, desapareciendo el cuerpo del delito. Además, un número nunca revelado de detenidos fueron colocados en aviones militares y lanzados al mar, una práctica contrainsurgente iniciada en Argelia en la década de 1950 conocida como los “vuelos de la muerte”. Gustavo Tarín, un ex–oficial del ejército mexicano, admitió que por lo menos 1500 “subversivos” fueron tirados al Océano Pacífico durante los setenta.[18]

A diferencia del terrorismo de Estado que ocurrió en el Cono Sur, el Estado mexicano, por razones deliberadas, adoptó un modus operandi de baja intensidad. Mientras que los regímenes de América del Sur fueron contra la izquierda urbana, el gobierno mexicano practicó el terror selectivo. Los estudiantes se convirtieron en los principales trofeos de guerra, cazados en su propio medio, de acuerdo con la táctica contrainsurgente de “quitarle el agua al pez”. La DFS recorrió las calles de las principales ciudades buscando -según un ex-agente- “opositores reales o sospechosos, no importaba”[19] con tal que fueran estudiantes. Es por eso que la DFS y otras agencias enfocaron sus operaciones anti-subversivas en los campus universitarios, considerados como centros de reclutamiento vitales para las guerrillas urbanas. Los porros monitoreaban los lugares populares de reunión, ayudaban a seleccionar arbitrariamente a los simpatizantes de la guerrilla e instigaban enfrentamientos con estudiantes izquierdistas sólo por tener una razón para detenerlos. En todo el país, cientos de estudiantes universitarios e incluso preparatorios fueron detenidos ilegalmente y enviados a prisión bajo cargos de conspiración, aun cuando muchos de ellos no tenían nexos con algún grupo guerrillero.

Violencia elitista

Hoy en día el ciudadano mexicano sigue sabiendo poco de la guerra sucia, a pesar de todos los estudios que se han producido alrededor de este tema. Las personas quienes recuerdan los setentas y no fueron directamente afectados por la contrainsurgencia parecen estar en un estado de limbo; ya sea que se encuentran impasibles ante lo que sucedió o continúen creyendo en la versión propagada por el Estado. Es fácil decir que la sociedad fue completamente ajena a lo que estaba haciendo el gobierno y así exonerarla o incluso etiquetarla como víctima de la guerra sucia. Pero no es tan fácil. Los mexicanos, en su mayoría, se auto-censuraron o aprobaron las acciones de sus fuerzas armadas y las de la contrainsurgencia en las ciudades. ¿Pero cómo fue esto? El régimen encontró un sólido aliado en gran parte de la sociedad no solo usando la retórica de la guerra fría como instrumento para expandir el miedo, sino también explotando el robusto nacionalismo mexicano y las perspectivas clasistas.[20] Para combatir la subversión las familias mexicanas de algún modo compartieron el trabajo antisubversivo con el Estado. No fueron directamente involucrados en actos de tortura o asesinato, pero tampoco fueron espectadores.

Dado que los grupos guerrilleros en los setentas eran compuestos en su mayoría de estudiantes, el Estado construyó un esquema antisubversivo que afectó la relación entre los padres y sus hijos. En primer lugar, muchos de los discursos y propagandas producidos por el régimen les suplicaba a los padres de familia hacerse responsables de sus hijos, saber con quienes se juntaban, que leían, y si fuera necesario ser duros con ellos; con el fin de protegerlos o prevenir que fueran atraídos a cometer actividades ilícitas. Sin dudar, muchos padres tomaron medidas para prevenir que sus seres queridos fueran contagiados por tendencias subversivas. En las regiones del país en donde estaba fuerte el movimiento guerrillero hubo padres que sacaron a sus estudiantes de universidades públicas y los inscribieron en escuelas privadas o los forzaron a cambiar de concentración.[21] Pero la mayoría fueron estudiantes que procedían de familias que tenían los recursos necesarios para pagar la cuota de una universidad privada. Cuando la batalla entre el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y la Federación Estudiantil de Guadalajara (FEG) por el dominio de la Universidad de Guadalajara se intensificó, varios estudiantes de la élite se transfirieron a la Universidad Autónoma de Guadalajara -conocida por su conservadurismo- para proteger su bienestar.[22] Claro, es difícil saber si esto en verdad impidió que un estudiante se fuera a la guerrilla.

Aunque los funcionarios municipales y la élite local estaban conscientes de las prácticas ilegales de la FEG, dentro y fuera del campus, les permitían llevar a cabo sus negocios sin intervención de la policía como una forma de compensación por reprimir a estudiantes radicales. Esencialmente, la FEG era un mal necesario para preservar la paz en los campus y las escuelas de Guadalajara, e impedir un levantamiento similar a 1968. A partir de 1972, una gran parte del FER ya estaban en la clandestinidad, pero no dejaban de luchar en contra de la FEG. Siguieron aumentando los violentos choques entre los dos grupos. La sociedad tapatía crecía cada vez más preocupada mientras veía cómo las combates entre FER y la FEG se extendían a las calles de la ciudad. Para terminar con el desorden, la élite de Guadalajara exigió una respuesta rápida y feroz de parte de las fuerzas policiacas, el gobernador y el alcalde. Claro, la responsabilidad de todo el caos fue directamente atribuida a los del FER. Al igual que la élite, varios sectores de la clase media en la ciudad también aprobaron el uso de fuerza contra los revoltosos con el fin de restaurar la paz. Evidentemente, ninguno había tomado el tiempo de escuchar y comprender las demandas de estos estudiantes, antes que el FER se convirtiera en guerrilla.

Ya en plena guerra sucia, la guerrilla urbana le dio un serio golpe a la élite del país que aumentó su poder político sobre la campaña antisubversiva. Las élites empresariales de México fueron profundamente instrumentales con el fin de presionar al Estado para que tomara represalias brutales contra los subversivos. El 10 de octubre de 1973, la Liga Comunista 23 de Septiembre ejecutó el doble secuestro de Anthony Duncan Williams, el cónsul británico en Guadalajara y Fernando Aranguren, un joven empresario de Jalisco. A cambio, la Liga pidió 2,5 millones de pesos y la liberación de 51 presos políticos pertenecientes a varias organizaciones revolucionarias.[23] Tres días después de los secuestros, el Fiscal de la República, Pedro Ojeda Paullada, leyó una declaración por radio y televisión explicando que el gobierno no negociaría con los secuestradores. En respuesta al impasse, la Liga hizo una “decisión en tiempos de guerra”[24] y liberó a Williams cinco días después de su secuestro, pero Aranguren permanecía en manos de sus secuestradores. El cónsul británico fue inmediatamente llevado a una comisaría de policía e interrogado por las autoridades con la esperanza de que proporcionara información que pudiera llevar a la liberación de Aranguren. Sin embargo, los periódicos mexicanos informaron que el gobernador de Jalisco, Orozco Romero había acusado a Duncan Williams de no decir toda la verdad y supuestamente se negó a cooperar con las autoridades.[25] Después de varios días secuestrado, el cuerpo de Aranguren se localizó sin vida en un automóvil abandonado en la ciudad de Guadalajara. Después de numerosos interrogatorios, la policía identificó a José Luis Andalón Valle como el presunto asesino, convirtiéndolo de la noche a la mañana en “la persona más buscada en México”. [26]

Hacia finales de 1973, el aparato de contrainsurgencia recibió mucha presión de las élites empresariales. La muerte repentina del empresario Eugenio Garza Sada en 1973 a manos de la Liga forzó al Estado a ser más agresivo para poder contrarrestar la violencia revolucionaria. Eugenio Garza Sada era un distinguido miembro de la élite empresarial mexicana. Se distinguía por ser una figura prominente del Grupo Monterrey, miembro fundador de la Cervecería Cuauhtémoc y del Instituto de Tecnología y Educación Superior de Monterrey (ITESM). El 17 de septiembre la Liga ejecutó su primer gran intento de secuestro, cuando seis revolucionarios emboscaron el automóvil Galaxie 1968 tomando a Garza Sada en su camino hacia la cervecería Cuauhtémoc en Monterrey. El plan original había sido secuestrarlo, pero terminó siendo un tiroteo entre los guerrilleros y los guardaespaldas de Garza Sada, resultando en la muerte del industrial, su chofer, un guardaespaldas y dos revolucionarios.[27] Elías Orozco Salazar, uno de los participantes en el fracasado secuestro, confesó que el plan nunca era matar a Garza Sada. Sus palabras fueron: “definitivamente no era el propósito; hicimos todo lo posible para mantenerlo vivo.”[28]

De acuerdo a Rodríguez Castañeda, “Ese día Monterrey tembló […] por el clamor histérico de la burguesía de Monterrey reclamando venganza y sangre.”[29] Según Cabildo y Monge, un grupo de empresarios de Monterrey organizó un pequeño escuadrón privado de la muerte, para perseguir a los culpables y vengar la muerte de Garza Sada.[30] La idea de que la juventud proletaria estaba detrás de los ataques aumentó la exasperación de la clase alta. Frente a este desafío, el presidente Echeverría no tuvo más remedio que actuar rápido para aplacar a los capitalistas industriales. Agentes fueron ubicados en varios puestos de control a lo largo de las principales carreteras que conectaban a Guadalajara y Culiacán; la Ciudad de México y Guadalajara, y otras rutas para interceptar guerrilleros. Durante una parada en la carretera Mazatlán-Durango, la policía detuvo a Ignacio Olivares Torres “El Sebas” y a Salvador Corral García, y los transportó al Campo Militar Nº 1.[31] Los torturadores le quebraron los huesos a Olivares Torres y le introdujeron clavos calientes en las rodillas. El cuerpo sin vida de Olivares Torres fue colocado cerca de la casa de Aranguren, como una “ofrenda a la burguesía por la muerte de Aranguren”. Así mismo, el cuerpo destrozado de Corral García fue dejado a pocos metros de la residencia de Garza Sada como un “tributo de sangre” a la familia.[32] En respuesta a la muerte estos dos revolucionarios, la élite aplaudió la postura del presidente contra los guerrilleros. Sin embargo, la explicación oficial por parte de la policía fue afirmar que la Liga había ordenado las ejecuciones de Olivares Torres y Corral García como parte de una purga interna. Este discurso logró exonerar a los agentes estatales de cualquier acto ilícito;[33] a pesar de la existencia de un documento firmado por el Director del DFS, Luis de la Barreda Moreno, donde se demuestra que Olivares Torres fue llevado vivo por las autoridades. Otro expediente verifica que Olivares Torres dio una declaración durante su detención; refutando así, aquella narración oficial donde la Liga lo había ejecutado o que había perecido como resultado de un enfrentamiento con la policía.

Sin embargo, la creencia elitista de que los guerrilleros urbanos provenían exclusivamente de entornos subalternos fue de corta duración después de que una serie de operaciones anti-guerrillera revelaran la diversidad socioeconómica de los revolucionarios. Las familias de la élite mexicana nunca se imaginaron que varios de ellos traicionarían a su clase social colaborando con una organización que quería alterar el equilibrio de poder; hasta la muerte de Dení Prieto Stock en 1974: miembro de las Fuerzas de Liberación Nacional. Prieto Stock era la hija del renombrado dramaturgo Carlos Prieto y Evelyn Stock, y nieta de un destacado miembro de la élite mexicana.[34] Las fuerzas anti-guerrilleras mataron a varios revolucionarios que mantenían estrechos vínculos con la élite de México. Los agentes anti-guerrilla los sometieron a las mismas brutalidades que sufrieron los insurgentes de la clase obrera. De acuerdo a la sociedad, existían tres posibles respuestas de parte de los padres de guerrilleros de clase alta muertos, una era que se condenaran las luchas armadas; otra era la culpabilización de los jóvenes proletarios por haber seducido a sus hijos a participar en actividades peligrosas; o asesorar a padres de cómo garantizar la seguridad de sus hijos; a pesar de estas creencias, por lo general respetaron la decisión de sus hijos y admiraron su sentido de justicia social. Sin embargo, las muertes de varios revolucionarios burgueses no hicieron nada para disuadir al Estado de poner fin a su reinado de terror.

Clase y terrorismo de Estado

Para seguir deslegitimizando y empañando los esfuerzos de los estudiantes revolucionarios, el régimen echeverrista puso en marcha otras medidas que dependían de la complacencia de gran parte de la sociedad. Por un lado, el régimen construyo un concepto del subversivo aprovechándose en gran parte de los orígenes proletarios de cientos de guerrilleros urbanos. Utilizando la clase social de las guerrillas urbanas en su contra, el régimen forjó una ilusión donde jóvenes inmorales y lúmpenes buscaban “secuestrar” a jóvenes procedentes de familias trabajadoras y morales, convencerlos de que participaran en actividades ilegales, abandonaran a sus familias y se sometieran a un estilo de vida que entraba en conflicto con sus normas y espíritu nacionalista.

El clasismo mexicano se convirtió en un componente integral de la propaganda antisubversiva en los setentas. En el caso de Guadalajara la sociedad aceptó ciegamente las teorías de la conspiración propagadas por la FEG y la clase política tapatía. Además de usar la violencia, la Federación diseñó una campaña de desprestigio en contra del FER que explotó los prejuicios clasistas. La FEG transformó el clasismo mexicano en un instrumento de represión simbólica contra opositores al status quo. Para asegurar que la FEG pudiera controlar la narrativa sobre la situación política en la U de G, se les exigió a los medios de comunicación publicar titulares alarmantes para crear un estado de miedo y apoyo popular para la Federación. También, con la ayuda de la prensa, la FEG pudo hacer llegar su propaganda clasista a las familias que tenían estudiantes en la U de G. Los reportes de los medios carecían de cualquier matiz político. Durante la ocupación de la Casa del Estudiante por militantes del FER en septiembre de 1970, sin conocer los orígenes sociales y económicos de los ocupantes un periódico los convirtió en objeto de burla; alegando que eran un grupo de “vagos”; estudiantes de bajos ingresos, mal vestidos y perezosamente peinados”.[35] Dado que muchos de los rebeldes procedían del famoso barrio de San Andrés, los pobladores de Guadalajara ya estaban acostumbrados a creer que cualquier acción cometida por los jóvenes del barrio carecía de significado político o integridad moral. Al crear la falsa impresión de que la universidad estaba a punto de ser tomada por violentos seudo-estudiantes, apodados los “feroces”, la mafiosa FEG convenció al Estado de financiar la paramilitarización de su organización. La popularidad de la FER impulsó a la Federación a advertirle a la sociedad, que si los feroces lograban tomar control sobre la Universidad de Guadalajara este simbolizaría el fin de la institución. Preocupados por la seguridad y la formación intelectual de sus hijos e hijas, la clase media y alta presionaron a los administradores de la universidad para que expulsaran a los alborotadores y se restaurara el orden en la universidad. Después de que fueron expulsados varios estudiantes del edificio de la Casa del Estudiante por el ejército a fines de septiembre, la FEG y varios medios de comunicación escribieron informes en donde se “vulgarizan y criminalizan a los estudiantes más pobres de la universidad”.[36] En pocas palabras, la Federación se apropió de la discriminación basada en los humildes orígenes de los militantes del FER, de esta forma se defendió la preservación del clasismo institucional en la universidad.

Exagerar los aparentes “orígenes violentos” de los feroces ayudó al FEG a “educar” a la sociedad tapatía sobre cuáles serían las consecuencias si se permitía que jóvenes lúmpenes estuvieran en control del futuro de la universidad. La Federación llegó a la conclusión de que era su deber restaurar la paz en el campus para convertir a los jóvenes de barrio en ciudadanos complacientes.[37] Se creía que la violencia era el único método práctico para asegurar que los jóvenes rebeldes de familias obreras conocieran su lugar en la sociedad, y se abstuvieran de aventurarse fuera de los parámetros físicos, sociales y políticos designados a su clase. Como hijos de personas cultas y de mentalidad recta los “fegistas” adoptaron una postura que los hacía parecer los defensores de la comunidad universitaria.

Los conceptos clasistas y antisubversivos que adoptó el FEG al fin de cuentas encontraron expresión en los discursos del presidente Echeverría. Un ejemplo fue el cuarto discurso presidencial de Echeverría al Congreso. En él condenó el comportamiento violento provocado por estudiantes revolucionarios incultos, que provenían de hogares rotos o de familias irresponsables. En donde también se les describió como adolescentes que sufren de alienación, con tendencias homosexuales y que son víctimas de la violencia.[38] El presidente Echeverría también afirmó que la razón por la que los jóvenes se unían a los movimientos revolucionarios no era enteramente culpa de las circunstancias sociales y políticas en México, sino culpa de las familias por dejar que se precipitara la disensión en sus jóvenes.[39] El gobierno les sugirió a los padres mejorar las relaciones con sus hijos e hijas, ya que la estructura familiar en México era responsabilidad de la sociedad civil y no necesariamente del Estado. Este discurso fue suficiente para que muchos padres tomaran medidas que impidiesen las acciones políticas cuestionables de sus hijos e hijas. El aparente asalto a la familia mexicana, inventada por el régimen, proporcionó la munición que el presidente Echeverría necesitaba para apoyar su premisa antisubversiva.

Defender lo mexicano

Líderes políticos y militares ofrecieron discursos que exacerbaban la retórica nacionalista y enfatizaban la importancia de la sociedad en la preservación del orden contra enemigos externos e internos. También los funcionarios de la seguridad nacional vendieron sus teorías de la conspiración como verdaderas amenazas mediante la explotación de los valores familiares tradicionales, religiosos y nacionalistas del pueblo mexicano. Se esperaba que, como todas las unidades anti-subversivas, la población concibiera una mentalidad de guerra.

Los principales periódicos también ayudaron a vigorizar el nacionalismo mexicano y celebrar el fuerte sistema político en México. Un artículo titulado “¿Hay terroristas en México?”, muestra perfectamente cómo la prensa colaboró ​​con la campaña y la retórica anti-subversivas del Estado.[40] Además de asistir al PRI en legitimar la contrainsurgencia, la prensa fue un actor importante en la refutación del poder y la fuerza que los revolucionarios tuvieron en la población; basándose enteramente en la sesgada información proporcionada por el gobierno y nunca haciendo un esfuerzo para comunicarse con los insurgentes para entender sus justificaciones para recurrir a los métodos que estaban utilizando. En una entrevista con Novedades, el secretario de Gobernación Mario Moya Palencia (1970-1976), argumentó que los movimientos guerrilleros carecían de base de masas y que la sociedad nunca se uniría a una organización o movimiento que recurriera a la violencia para estimular la reforma.[41] Por supuesto, los medios de comunicación nunca hablaron de la violencia ejercida por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares. Cuando se publicaban los enfrentamientos, la prensa siempre ponía la responsabilidad sobre la guerrilla y pintaba a los agentes como héroes.

Además de llamar a los revolucionarios: terroristas, subversivos y delincuentes, el Estado explotó sus orígenes revolucionarios para también llamarlos contra-revolucionarios. En consonancia con esta postura contrarrevolucionaria, el presidente buscaba estigmatizar más a los guerrilleros urbanos criticando los fundamentos intelectuales de sus ideas y las imágenes que utilizaban. La mayoría de los guerrilleros urbanos se auto-proclamaron marxistas o se adhirieron a una de sus variantes. Debido a que sus ideas sobre la revolución y la lucha de clases fueron influidas por teóricos europeos y menos por las obras de los grandes pensadores nacionales, Echeverría explotó este detalle para demostrar que los estudiantes-revolucionarios buscaban radicalizar a la sociedad introduciendo ideas extranjeras que no correspondían con las normas mexicanas. Además, el régimen temía que la defensa anti-estatal de los guerrilleros urbanos “llevaría al Estado a ser visto como irrelevante y no representar las necesidades del pueblo, por lo tanto atrayendo a las clases populares a unirse a la lucha armada y emprender un movimiento revolucionario”.[42] A finales de ese mismo año, Jesús Reyes Heroles, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, durante una ceremonia política hizo eco de las afirmaciones de Echeverría añadiendo la ola de “terrorismo constituido irresponsablemente antirrevolucionario”.[43] Las personas que vivieron la Revolución Mexicana y que seguían teniendo fe en ella no consideraban a los guerrilleros de los setenta los herederos de la revolución, mucho menos a los de la nueva izquierda mexicana. Los izquierdistas que no quisieron unirse a la lucha armada fueron una importante fuente de apoyo al movimiento antiguerrillero. Aunque la izquierda no violenta nunca participó en la búsqueda de guerrilleros o pidió su erradicación, varios destacados líderes izquierdistas se mantuvieron quietos y no condenaron las violaciones del Estado en contra de sus camaradas. La postura apática de la izquierda tuvo mucho que ver con política. Cientos de izquierdistas también fueron reprimidos aún sin tener ninguna vinculación con un movimiento armado. Esta atención no deseada hizo que muchos izquierdistas se pusieran furiosos por tener que pagar por medio de golpes y acoso las acciones de sus camaradas guerrilleros.

Aunque los guerrilleros urbanos se identificaron como revolucionarios que luchaban por la emancipación del proletariado, el Estado equiparó su propaganda, sus discursos y otras medidas político-militares de ser contrarrevolución. El régimen priísta le alertó a la población que los terroristas urbanos estaban empeñados en destruir las instituciones que los herederos de la Revolución Mexicana habían construido y en su lugar establecer un estado totalitario. Miguel Topete, ex miembro de la FER y la Liga, tenía razón cuando dijo que “nos criaron nunca cuestionar la legitimidad revolucionaria del estado. Por lo tanto, cuando la Liga comenzó a disputar la naturaleza revolucionaria PRI y cuestionar el éxito de la Revolución Mexicana, abrió las puertas de la represión porque, claro, el régimen no iba a permitir que lo humillara de esta manera, especialmente por un grupo de los “desajustados sociales”.[44] Para los nacionalistas gubernamentales de línea dura, civiles e izquierdistas, la Liga representaba una clara amenaza para la seguridad nacional, sin embargo, estaban desesperadamente preocupados por invalidar los ataques de la organización a la autenticidad revolucionaria del partido. El famoso líder estudiantil de 1968, Heberto Castillo, aunque no fue admirador del presidente Echeverría, condenó la propaganda armada como contrarrevolucionaria y por arriesgar los derechos de los trabajadores.[45] El presidente señaló, irónicamente, las contracciones en la retórica de las guerrillas urbanas diciendo que mientras clamaban por el cambio revolucionario, las medidas que empleaban eran antidemocráticas.[46]

Conclusión

La violencia llevada a cabo por el Estado durante aproximadamente doce años fue odiosa e inquebrantable. Los funcionarios del partido gobernante capitalizaron inteligentemente la violencia perpetrada por los revolucionarios para obtener apoyo y desarrollaron un discurso agresivo que difundió el temor y la ambigüedad en toda la población sobre la amenaza doméstica que representaban las guerrillas. A pesar de ser un momento políticamente sensible para el PRI, el régimen siguió adelante e implementó las mismas deplorables técnicas anti-subversivas que los regímenes militares de Sudamérica pusieron en uso durante sus guerras contra la subversión. Al igual que en el Cono Sur, ningunas de estas guerras se hubieran podido hacer sin la participación directa de la sociedad o su complicidad. La sociedad no puede ser totalmente vista como víctima de la violencia de Estado. A diferencia de Argentina o Chile, México era una democracia, autoritaria, pero de todos modos democrática en donde aún existían espacios para denunciar violaciones y otras canales para condenar las acciones del régimen.

Se estima que durante la guerra sucia el régimen desapareció y asesinó a más de 3,000 presuntos disidentes políticos, torturó a 7,000 y encarceló a 3,000.[47] En 2012, cuando Nazar Haro fue entrevistado sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en su contra, respondió, “para luchar contra ellos [los subversivos] tuvimos que ser fanáticos como ellos…” [48] A pesar de que Nazar Haro no negó que los agentes antisubversivos cometieron atrocidades masivas, también puso en evidencia que la cultura de la impunidad de México ha permitido que los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad sigan evadiendo la ley.

 

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[1] “Secuestrado y desaparecido,” Siglo XXI, 4 de enero de 1997, 5.

[2] Sergio René Dios Corona, Historia que no pudieron borrar: La guerra sucia en Jalisco, 1970-1985. (Guadalajara: La Casa del Mago, 2004), 143-146.

[3] Véase por ejemplo, los trabajos de Alexander Aviña, Specters of Revolution: Peasant Guerrillas in the Cold War Mexican Countryside (Oxford: Oxford University Press, 2014) y “’We have returned to Porfirian times:’ Neopopulism, Counterinsurgency, and the Dirty War in Guerrero, Mexico, 1969-1976,” en Populism in Twentieth Century Mexico: The Presidencies of Lázaro Cárdenas and Luis Echeverría, María L.O. Muñoz y Amelia M. Kiddle eds., (Tuscon: University of Arizona Press, 2010).

[4] Scherer y Monsiváis, Los patriotas, 189.

[5] Carlos Fazio Masiosare, “México: El general Quintanar y la guerra sucia,” http://www.rebellion.org/hemeroteca/ddhh/fazio131201.htm (accedido el 6 de abril de 2014).

[6] La idea de que el Estado y la burguesía nacional no puede mantener su hegemonía basándose exclusivamente en la violencia fue planteada por el italiano, Antonio Gramsci. Véase Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (New York: International Publishers Co., 1971).

[7] Véase: Adela Cedillo, “Violencia, memoria, historia y tabú en torno a la Liga Comunista 23 de Septiembre”, en La Liga Comunista 23 de Septiembre: cuatro décadas a debate: historia, memoria, testimonio y literatura, eds. Rodolfo Gamiño e Yllich Escamilla. (Mexico: UNAM, 2015), 343-373.

[8] Sergio Aguayo Quezada, “El impacto de la guerrilla en la vida mexicana. Algunas hipótesis,” en Movimientos Armado en México, Siglo XX, vol. 1, Verónica Oikión Solano y Marta Eugenia García Ugarte, eds. (Zamora; México D.F.: El Colegio de Michoacán/CIESAS, 2008), 93.

[9] Juan Antonio Castañeda Arellano, “Voces de la rebeldía: Prensa guerrillera, en Voces de fuego: La prensa guerrillera en Jalisco, ed. Juan Antonio Castañeda, Jesús Zamora y Armando Rentería (Guadalajara: Grietas Editores, 2013), 57.

[10] Véase Jaime Pensado, Rebel Mexico. Student Unrest and Authoritarian Political Culture During the Long Sixties (Palo Alto: Stanford University Press, 2013).

[11] DFS, AGN, Exp. 11-207-71 H-101 L-1 and Exp. 11-207-71 H-29 L-1.

[12] Gustavo M. García, “Localizan un campo de entrenamiento y un depósito de armas del M.A.R.,” El Universal, 21 enero 1972; Laura Castellanos, México armado 1943-1981 (Mexico: Era, 2007), 177.

[13] AGN, DFS, Frente Estudiantil Revolucionario, versión pública, vol. 1, 100-101.

[14] AGN, DFS, Exp. 34-9-77, L-1, H-46 citado en Rubén Ortiz Rosas, “La Brigada Especial: Un instrumento de la contrainsurgencia urbana en el Valle de México (1976-1981),” Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, 67.

[15] Véase Edmundo González Llaca, “El presidencialismo o la personalización del poder,” Revista Mexicana de Ciencias Políticas 21 (Abril-Junio 1975): 35-42 y “Advertencia del Presidente Echeverría: Defenderemos la democracia frente a cualquier agresión interior o exterior,” El Día, 18 de marzo de 1971, 1.

[16] Julio García Scherer y Carlos Monsiváis, Los patriotas: De Tlatelolco a la guerra sucia (México: Nuevo Siglo, 2004),189.

[17] Carlos Fazio Masiosare, “México: El general Quintanar y la guerra sucia,” http://www.rebelion.org/hemeroteca/ddhh/fazio131201.htm (fecha de consulta April 16, 2014) y Scherer y Monsiváis, Los patriotas, op. cit.,189.

[18] Gustavo Castillo García, “Acosta y Quirós ordenaron asesinar a más de mil 500, dice testigo protegido,” http://www.cesarsalgado.net/200211/021118b.htm (fecha de acceso: Febrero 15, 2011).

[19] Elena Poniatowska, Fuerte es el silencio (México: Era, 1981), 138.

[20] Véasa, Fernando Herrera Calderón, “Contesting the State from the Ivory Tower: Student Power, Dirty War and the Urban Guerrilla Experience in Mexico, 1965-1982,” Ph.D. Dissertation, University of Minnesota, 2012.

[21] AGN, DFS, Exp. 100-299-73 L-4 H-34.

[22] Véase la versión pública “Los Tecos” en el Archivo General de la Nación.

[23] Dios Corona, La historia que no pudieron borrar, 80.

[24] Laura Castellanos, 1943-1981 (México: Ediciones Era, 2007), 216 y Guillermo Saad, Novedades, 19, Octubre 1973, 1.

[25] “Según el Gobernador de Jalisco el Cónsul no dijo toda la verdad,” El Día, 18 de octubre 1973, en AGN, IPS, Caja 1892 (1967-1982) A.

[26] El Universal, 18 octubre de 1973, 2.

[27] Véasa Jorge Fernández Menéndez, Nadie supo nada: La verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada (México D.F.: Grijalbo, 2006).

[28] Yo participé en la muerte de Eugenio Garza Sada”: Elías Orozco, Janambre, 17 September 2013, http://www.janambre.com.mx/2013/09/17/yo-participe-en-la-muerte-de-eugenio-garza-sada-elias-orozco/.

[29] Rafael Rodríguez Castañeda, El policía perseguía, torturaba, mataba (México D.F.: Grijalbo, 2013), 49 y AGN, DFS, Exp. 11-219-73 L-3 H-303.

[30] Cabildo y Monge, “Desapariciones: La mentira oficial,” 27 and Blanche Petrich, “Nazar: Antes torturador, ahora cínico,” La Jornada, Febrero 9, 2003, 9.

[31] Dios Corona, La historia que no pudieron borrar, 137.

[32] Gustavo Hirales, Memoria de la guerra de los justos (México: Cal y Arena, 1996), 71, citado en Jose Luis Sierra, “Fuerzas armadas y contrainsurgencia (1965-1982)” in Movimientos armados en México, siglo XX, vol. 2, ed. Verónica Oikión Solano and Marta Eugenia García Ugarte (Zamora: El Colegio de Michoacán/CIESAS, 2005), 389-390 and Rodríguez Castañeda, El policía perseguía, torturaba, mataba, 52.

[33] Dios Corona, La historia que no pudieron borrar, 136.

[34] Véase Adela Cedillo, “El verdugo y la flor (historia de Dení Prieto),” en Memoria del Primer Encuentro Nacional de Mujeres Ex guerrilleras: Análisis y reflexión de las mujeres en el Movimiento Armado Socialista, ed. María de la Luz Aguilar Terrés (N.p.: 2007) y Flor en otomí, DVD, por Luisa Riley (Brooklyn, NY: Icarus Films, 2012).

[35] Guillermo Robles Garnica, La guerrilla olvidada: La historia de una página manchada con sangre de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (Guadalajara, Jal.,: La Casa del Mago, 2013), 138.

[36] Ibid.

[37] Álvaro Ramírez Ladewig, Historia de una traición (Guadalajara: Editorial Apocalíptica, 2000),

[38] Centro de Documentación y Análisis, Cámara de Diputados, “Cuarto Informe de Gobierno de Luis Echeverría Álvarez,” Informes Presidenciales, www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-09-06-14.pdf, 180.

[39] Véase Cedillo, “El verdugo y la flor (historia de Dení Prieto)”.

[40] Jorge Aviles Randolph, “¿Hay terroristas en México?: Esquema organizativo de los extremistas,” El Universal, 3 de diciembre 1971, 7B.

[41] “Pleno repudio del pueblo a todo movimientos subversivos,” Novedades, 2 septiembre 1972.

[42] Antonio Orozco Michel, entrevista con el autor.

[43] AGN, DGIPS, caja C-1892-A, “Drogadictos Ideológicos, los Actuales Terroristas,” El Universal, Octubre 19, 1973, 20.

[44] Topete, entrevista con autor.

[45] Heberto Castillo, “Mejor organizar al pueblo: Asaltabancos Contrarrevolucionarios,” Excélsior, 12 de diciembre de 1974.

[46] Ortiz Ramírez, entrevista con autor.

[47] Fernando Herrera Calderón y Adela Cedillo, “The Unknown Dirty War,” in Challenging Authoritarianism in Mexico: Revolutionary Struggles and the “Dirty War”, 1964-1982, (New York: Routledge, 2012), 8.

[48] Gustavo Castillo García, “Nazar Haro aceptó haber creado la Brigada Blanca en combate a guerrilleros,” La Jornada [on-line], http://democratanortedemexico.blogspot.com/2012/01/nazar-haro-acepto-haber-creado-la.html (fecha de acceso: Marzo 4, 2013).

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