Efectos en desarrollo de los regímenes de usos y costumbres en Oaxaca

Efectos en desarrollo de los regímenes de usos y costumbres en Oaxaca

María Alicia Filigrana Suárez

En las últimas décadas, se ha observado cómo los movimientos rurales étnicos han asumido una creciente importancia en las democracias de la tercera ola, a pesar de una historia contemporánea de clivajes étnicos[1] poco politizados. Particularmente, en la década de los noventa, la incapacidad de los partidos políticos en América Latina para reducir la pobreza y la inequidad, de proveer a los ciudadanos de seguridad, de promover desarrollo económico y de proteger los derechos humanos tras el fin de los regímenes militares, ocasionó un fuerte deterioro en la confianza que la ciudadanía tenía en el sistema de partidos y en la democracia misma.[2]

Incluso, desde la década de los ochenta, el concepto de ciudadanía se alteró tras el viraje de políticas corporativistas que anteriormente habían asimilado a los indígenas como sectores organizados (imponiéndoles identidades de clase como la campesina u obrera). Además, les habían extendido derechos sociales (créditos, subsidios, educación, salud pública), mismos que se vieron disminuidos al promoverse cambios institucionales en la intermediación de intereses políticos que acompañaron las políticas neoliberales.[3]

Las movilizaciones étnicas han surgido como respuestas a la doble transición, la liberalización política, por un lado, y las reformas económicas de mercado, por el otro y han comenzado a refutar las fundaciones y los contornos de las instituciones democráticas liberales contemporáneas, haciendo particular énfasis en autonomía territorial, pluralismo legal, ciudadanía, representación y, principalmente, reconocimiento a la composición plurinacional y multicultural de sus países.[4] La convergencia en la época en que se han llevado a cabo estos eventos sugiere que existe una relación entre la descomposición del sistema de partidos, el declive de las identidades de clase y el surgimiento de nuevos partidos organizados alrededor de la etnicidad como un nuevo clivaje politizado.[5]

De manera paralela, se ha incrementado la tensión que existe entre las costumbres y creencias de las comunidades indígenas, y la manera de acomodarlas dentro de la doble transición hacia la democracia occidental y hacia la economía de mercado. Mientras que la doble transición les provee de herramientas que les pueden fortalecer en ciertos aspectos económicos y de desarrollo, también amenaza sus tradiciones y les puede rezagar en ciertos aspectos políticos.[6]

En años recientes, las movilizaciones étnicas han logrado canalizar demandas pacíficas, principalmente de índole agraria, por medio de la sociedad civil. Apoyadas or el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),[7] las diversas identidades indígenas de América Latina lograron prominencia tanto en la opinión pública como en la agenda de política.[8] La organización alrededor de reformas constitucionales como respuestas a demandas, que sin éxito habían hecho por años por otros medios, ayudó a estas organizaciones a consolidarse, a obtener prominencia dentro de la opinión pública, y a generar solidaridad por sus movimientos. [9]

En Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana y Venezuela, surgieron candidatos y partidos afiliados a movimientos y organizaciones indígenas que lograron tomar el control de gobiernos locales e intermedios, mientras que, en los casos de Bolivia y Ecuador, ganaron un peso muy notorio en el Congreso y en gobiernos locales (donde incluso ganaron la presidencia en 2005 y 2002, respectivamente).[10] En México, el caso más emblemático fue el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.[11]

Se sugiere que, en gran medida, los movimientos indígenas dependen de la construcción de canales trans-comunitarios, pues figuras como el Estado, sindicatos y agrupaciones religiosas – en especial la Iglesia católica con las comunidades eclesiales de base (CEBs) o las iglesias evangélicas con círculos bíblicos[12]-, han jugado un papel fundamental para crear enlaces entre comunidades, promover el bilingüismo e incrementar tasas de alfabetismo. Estos primeros pasos han provisto los eslabones institucionales que conforman la base de subsiguientes movilizaciones indígenas.[13]

La transición hacia el multiculturalismo en América Latina ha sido distinta entre países y, en todos aquellos que existe un componente étnico importante, se han logrado implementar políticas para el otorgamiento y reconocimiento de derechos de sus grupos indígenas. Sin embargo, algunas críticas se han hecho a la manera en que el Estado ha respondido a los movimientos étnicos en la región, pues éstos enmarcan distintas demandas por una “ciudadanía diferenciada”, con tipos de ciudadanía que protegen los derechos liberales individuales en conjunto con los derechos colectivos.[14]

La literatura sobre los efectos que tiene la diversidad étnica establece que hay una mayor fragmentación en el sistema de partidos, sobretodo en democracias jóvenes, debido a que hay mayor heterogeneidad y diversidad social.[15] Un nivel alto de fragmentación del sistema de partidos complica la construcción de coaliciones y dificulta el compromiso en términos de políticas públicas,[16] mientras que la fragmentación étnica puede entorpecer la provisión de bienes públicos productivos.[17] Sin embargo, parece haber factores más certeros que la diversidad étnica o religiosa para determinar la probabilidad de insurgencia en un país dado, tal como la debilidad del Estado, manifiesta en poblaciones amplias, inestables y con altos niveles de pobreza y desigualdad económica.[18]

El surgimiento de este clivaje político constituye un avance para la democracia en la región y presenta la oportunidad de profundizar el entendimiento sobre cómo se ven afectadas las movilizaciones políticas según distintas configuraciones étnicas y contextos regionales, la incorporación de partidos étnicos a los diferentes sistemas de partidos, los resultados electorales emanados de esta nueva composición, las reformas estatales y la cambiante naturaleza de la ciudadanía.[19]

En una zona con los problemas característicos que tiene América Latina (divisiones étnicas, inestabilidad política y pobreza), cualquier mejoría a la calidad democrática no puede recaer únicamente en los diseños institucionales ya existentes o en procesos copiados de contextos ajenos. Al estudiar las posibilidades que se gestan fuera de las fronteras de la cultura occidental y procurar las alternativas radicales que desafíen los valores y las instituciones que consistentemente han fallado en proveer las condiciones para una ciudadanía significativa, se podrán entender las razones por las cuales han fallado, así como expandir la visión sobre la democratización en regiones en desarrollo.[20]

La aproximación al estudio de las movilizaciones indígenas y los clivajes étnicos que han surgido en años recientes en América Latina se han centrado en la manera en la que las leyes electorales facilitan u obstaculizan la formación de partidos políticos étnicos, la repercusión que esto tiene en los sistemas de partidos, y la estabilidad política del propio sistema.[21] La autonomía de gestión, a su vez, es una respuesta institucional distinta al surgimiento del clivaje étnico (en que los clivajes étnicos no necesariamente se materializan en el sistema de partidos), que permite conocer los problemas y recoger las demandas de la realidad social de forma diferente al sistema de partidos tradicional. Por ello, se debe de estudiar a profundidad, en aras de comprender los alcances y limitaciones de este tipo de régimen político.

México es el único país de América Latina con una concentración étnica importante donde el reconocimiento y el otorgamiento de derechos de autonomía de gestión a los grupos indígenas reconocen la existencia de un sistema diferenciado de organización sociopolítica y reglas distintas de construcción de ciudadanía,[22] según las tradiciones de las comunidades a las que se otorgaron. En éste, no existe la intermediación de partidos políticos y es la propia sociedad civil la que por medio de una jerarquía cívico-religiosae coordina para detentar el poder político a nivel municipal.

Oaxaca: el caso de estudio

Hacia finales de la década de 1960, se presentaron en Oaxaca asociaciones campesinas, obreras, estudiantiles y de profesores, que desafiaban la legitimidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado con respecto al interés común de que hubiera mayor autonomía política en la región. Hacia 1980, existían grupos campesinos con demandas ya no sólo agrarias , sino indígenas, por mejores servicios públicos, una mayor democratización, menos intrusión en la política local, respeto y reconocimiento de la cultura indígena, sus derechos, sus tradiciones y su autonomía local, luchas por recursos naturales, mejores condiciones para el sector rural y derechos sobre la tierra.[23]

Con el objetivo de dar cabida a las demandas de índole agraria e indígena, se llevaron a cabo las reformas constitucionales de 1995 y 1997, en las que se otorgó reconocimiento al derecho consuetudinario indígena, mientras que en 1998 entró en vigor la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Oaxaca. Estas reformas reconocen a los regímenes políticos con autonomía de gestión, normalmente llamados de usos y costumbres, mismas que han ayudado a la apertura de otros caminos de representación política y a dar cabida a las demandas por reconocimiento y al derecho a ejercer una identidad cultural distinta y diferenciable de la mayoría de la población.

Sin embargo, los defensores de los derechos de minorías tienden a cometer el error de tratar a los grupos culturales como monolitos, pues al concentrarse en las diferencias entre los grupos mayoritarios y minoritarios, tienden a ignorar las diferencias al interior de los propios grupos minoritarios, en donde existen ciertas estructuras asimétricas de distribución de poder.[24] El problema surge cuando los investigadores se preguntan sobre quiénes son los ciudadanos que cuentan con el derecho de interpretación de las tradiciones locales, pues en numerosas ocasiones, quienes las definen e interpretan son los mismos individuos o grupos que detentan el poder político, de tal manera que son también quienes definen a la comunidad misma y la injerencia que ésta tiene sobre los individuos que la conforman.

El tema entonces resulta de trascendencia pues existen diversos debates donde se confronta la supremacía de los intereses colectivos sobre los intereses individuales, lo que despierta dudas con respecto a proposiciones normativas (qué se debe hacer) y con respecto a las consecuencias estructurales y económicas que tiene este sistema (qué es lo que realmente ocurre). ¿Qué sucede con los grupos minoritarios, cuyo reconocimiento como comunidad y autonomía de gestión les provee de derechos colectivos con el poder de nulificar los derechos individuales de sus miembros?

En todos sus distintos matices, el régimen de usos y costumbres, aparte de proveer identidad a sus integrantes, también provee una concepción distinta del poder político. Por su propia naturaleza dialógica, permite la participación activa de sus integrantes (que no siempre son todos) en la toma de decisiones colectiva, en pro de la continuidad y de la perdurabilidad de sus instituciones y tradiciones en el tiempo. Sin embargo, se necesita observar este mecanismo de autonomía de gestión de una manera objetiva y no romantizada e idealizada, pudiendo identificar sus fortalezas en la formación de los tejidos sociales, pero también denunciando, las así llamadas, injusticias ometidas en contra de los integrantes que no reconocen los mismos entendimientos compartidos, o que los comparten, pero se encuentran subyugados por las estructuras de poder perpetuadas por los intérpretes de la tradición.

Si bien ha existido cierta renuencia en la escasa literatura empírica para destacar la discriminación que se llega a observar en unidades de gobierno indígenas,[25] este trabajo de investigación busca explorar la vulnerabilidad de los grupos minoritarios al interior de la comunidades a los cuales se les han otorgado derechos de autonomía de gestión y explorar los efectos de esta solución. También se sugiere evidencia que parece indicar que la solución multicultural, que otorga derechos a este tipo de minorías, tiene diferentes alcances y limitaciones en su implementación, en detrimento de su desempeño cuando al grupo al cual se le otorgan derechos no es realmente homogéneo en su interior.

Formalmente, se utiliza el concepto “usos y costumbres” para denominar una serie de prácticas políticas, jurídicas, electorales y administrativas propias de la tradición indígena, siendo su modelo político-jurídico una “jerarquía cívico-religiosa.”[26] En este sistema, la religión impregna prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana y dentro de él, cada individuo es valorado y reconocido en sus derechos de ciudadano. Los cargos políticos y religiosos se imbrican, de modo que presentan vías paralelas y combinadas de ascenso político.[27]

Según la Constitución Federal, la Estatal, y el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el reconocimiento del nombramiento de las autoridades municipales bajo el régimen de usos y costumbres, que incluye reglas internas o procedimientos específicos, depende de cómo los municipios hayan desarrollado sus propias formas de instituciones políticas, diferenciadas e inveteradas.

En 2003, el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEO) compiló el Catálogo 2003 de Municipios que se Rigen por Usos y Costumbres (CMUyC 2003) como parte de su quehacer institucional. Dicha información, que agrupa a 418 municipios, esclarece los mecanismos de legitimación política así como la función del órgano electoral, describe disposiciones complementarias como el acotamiento del padrón electoral, la duración del periodo de gobierno y de los cargos en particular (pues no siempre corresponden a los mismos periodos). Asimismo, detalla ciertas expectativas que se tienen con respecto a la responsabilidad y participación de los habitantes en la comunidad, pues para quienes detentan estos cargos, la delegación del mandato no está basada en interpretar los intereses del pueblo, como sucede en las democracias representativas, sino en hacer exactamente lo que las figuras de autoridad encomiendan.

En los municipios de usos y costumbres, las esferas de lo público y lo privado son diferentes a aquellas de la visión moderna de la democracia liberal representativa, ya que la unidad política son las familias y no los individuos y por tanto se asignan roles diferenciados a mujeres y hombres en cada esfera respectiva.[28] Esto puede ser sin duda problemático cuando se pone en entredicho el concepto de la familia o cuando los individuos que no pertenecen a una estructura similar, como mujeres viudas, divorciadas, solteras, sin hijos, etc., se quedan fuera de los foros de toma de decisiones por no poder representar una unidad de ciudadanía completa.

Los ejes normativos de estos gobiernos, aunque sostenidos sobre la figura municipal definida según la Constitución, están basados en valores y deberes sociales y jurídicos que se hallan definidos por el sistema de cargos. Dicho sistema consiste en la obligación de cumplir un cargo o servicio comunitario como mínimo, de tal forma que se le retribuya un beneficio a la comunidad. En la distribución de cargos y servicios se obtiene prestigio, y dicho prestigio sirve como retribución por el número de servicios prestados y como mecanismo de diferenciación entre estratos de poder.[29] En caso de incumplimiento de estos deberes, existe una sanción correspondiente.

Del universo de individuos que pertenecen a las comunidades de usos y costumbres, solamente un subconjunto de ellos tiene derecho al voto, a ocupar determinados puestos del ayuntamiento, o a ocupar la presidencia municipal. Esta información se describe en la tabla 1.

Tabla 1. Factibilidad del voto de grupos minoritarios en municipios que se rigen por usos y costumbres, 418 municipios

Grupo Elección de la Asamblea Comunal General Cargos en el ayuntamiento Presidencia municipal
Mujeres 79.9%[30] 41.15%[31] 33.49%[32]
No católicos 91.62% na 82.06%
Avecinados 49.52%[33] 33.49% 25.11%

Fuente: Análisis del autor con información del Catálogo 2003 de Municipios que se Rigen por Usos y Costumbres, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Pero el universo de la ciudadanía no se reduce al voto; también existen requisitos adicionales (y discrecionales) como el tener una buena reputación, desempeñar cargos y cumplir con el tequio.[34] Una consecuencia del bifurcado camino hacia el sistema de prestigio es que las élites políticas son opuestas en los municipios más tradicionales que en los no-tradicionales. En los tradicionales, el Presidente municipal es elegido por un grupo de personas notables que actúa como Consejo colegiado una vez que han cumplido con todos los puestos del sistema de cargos en la comunidad (Consejo de Ancianos), y que nominan a la gente que ha ascendido por el propio sistema de cargos. En los menos tradicionales, la elección de Presidentes municipales se realiza entre grupos de interés que proponen los diferentes contendientes,[35] similar al sistema de partidos. Algunas características de la estructura de gobierno tradicional se describen en la tabla 2.

Tabla 2. Reglas relativas a la Asamblea Comunal General en municipios que se rigen pos usos y costumbres, 418 municipios

Reglas relativas a la Asamblea Comunal General Total municipios
Existe un consejo de ancianos con funciones definidas[36] 46.89%
Se requiere una residencia mínima para votar[37] 95.21%
Se multa al ciudadano que falta a la votación[38] 47.12%

Fuente: Análisis del autor, con información del Catálogo 2003 de Municipios que se Rigen por Usos y Costumbres, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Los usos y costumbres no son un régimen uniforme sino que existen diferentes matices entre ellos. Si bien pueden contar con elementos en común, la realidad puede ser muy diferente entre unos y otros ya que se han desarrollado de manera relativamente aislada entre sí. Es por ello que la siguiente sección se divide en dos partes: en la primera, se realizan un par de índices elaborados con información del CMUyC 2003 y, en la segunda, se muestran tres modelos de desarrollo, elaborados con distintas metodologías.

Índice de tradicionalismo y Restricciones electorales de género

En esta sección se presentan un par de índices que incluyen elementos del sistema político así como de las restricciones electorales, construidos por medio de la codificación del CMUyC 2003. Entendiendo como institución a un conjunto de reglas y regulaciones, cada una de las variables elegidas dice algo sobre las instituciones del municipio. Estos índices retoman los hallazgos de Eisenstadt y Danielson,[39] que encuentran una tipología de tradicionalismo, según la clasificación de determinados elementos del sistema,[40] mientras que Danielson y Sorroza,[41] o hacen a partir de las características sociodemográficas de sus presidentes municipales.[42]

Para el índice de tradicionalismo, se asignó un valor de 1 a cada una de las siguientes variables dicotómicas: si existe un consejo de ancianos con funciones definidas,[43] si existe una sanción administrativa por faltar a las elecciones de la Asamblea Comunal General y si existe una multa alta por incumplir con el tequio.[44] La existencia de un Consejo de Ancianos facultado como consejo colegiado para la toma de decisiones, conformado principalmente por hombres mayores que ya han pasado por todos los escalafones del sistema de cargos, sugiere la existencia de un grupo de individuos que pertenecen a una élite cultural a la que no todos tienen acceso.[45] La existencia de una multa por no asistir a las elecciones de la Asamblea Comunal General, genéricamente conocido como sufragio obligatorio, convierte al voto en una obligación cívica en vez de en un derecho cívico e infringe el Artículo Segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de opinión política.[46] Finalmente, las multas por incumplimiento del tequio resultan muy intrusivas de los derechos políticos, pues van desde la privación de la libertad hasta la suspensión de los derechos de ciudadanía, servicios o programas sociales, aunque los recursos federales o estatales ya estén etiquetados para este fin. En la tabla 3 se muestran los resultados.

Tabla 3. Índice de tradicionalismo. 418 municipios

Índice de tradicionalismo Número de municipios Porcentaje individual Porcentaje acumulativo
0 81 19.38% 19.38%
1 177 42.34% 61.72%
2 121 28.95% 90.67%
3 39 9.33% 100%

Fuente: Análisis del autor, con información del Catálogo 2003 de Municipios que se Rigen por Usos y Costumbres, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

En los cuadrantes superiores, se muestra el caso en que no se han rotado los factores. La proporción dice cuánto de la varianza explica el factor y el acumulativo simplemente las suma. Es posible observar que el primer factor es el que realmente explica toda la varianza. Del lado izquierdo de la tabla se encuentran los factores de carga y cuánto representa cada variable para cada factor, que en este caso es solamente uno. Finalmente, la unicidad explica el porcentaje de la variación que permanece sin explicarse. En la parte inferior de la tabla se vuelven a observar los resultados, pero para el método Varimax, en el que se realiza una rotación ortogonal a los factores, con enfoque en las columnas para poder encontrar el mayor número de correlaciones con el menor número de factores. El análisis se compacta a un solo factor y se observa que la prueba Chi2 sigue siendo alta, lo que indica una posible sobresaturación del factor. Finalmente, se realizó la prueba Kaiser–Meyer–Olkin, lo que ayuda a justificar la construcción de la variable “Índice de tradicionalismo”.

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Así como el índice de tradicionalismo, se construyó un índice de restricciones electorales de género. Éste es un índice que va de 0 a 3, asignando un valor de 1 a cada una de las siguientes variables dicotómicas: si a las mujeres se les restringe el derecho de votar en la Asamblea Comunal General, si se les restringe ocupar puestos en el ayuntamiento de mayor jerarquía que el de tesorero (excluyendo la presidencia municipal) y si no se les permite ocupar la presidencia municipal. En la tabla 5 se muestran los resultados.

Tabla 5. Índice de restricciones electorales de género. 418 municipios

Índice de restricciones electorales de género Número de municipios Porcentaje individual Porcentaje acumulativo
0 137 32.78% 32.78%
1 34 8.13% 40.91%
2 167 39.95% 80.86%
3 80 19.14% 100%

Fuente: Análisis del autor, con información del Catálogo 2003 de Municipios que se Rigen por Usos y Costumbres, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Dada la alta correlación entre dos de las variables de restricciones electorales de género, se optó por omitir la restricción a ocupar la presidencia municipal.[47] En vez de emplear un índice truncado, que resta mucha varianza al índice original, se optó por construir el valor pronosticado del factor por el método de análisis de factores para obtener una variable de restricciones electorales de género. Para ello, se realizó un análisis de factores, mismo que se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Análisis de factores para restricciones electorales de género

En el cuadrante superior izquierdo de la tabla 6, se observa que el Factor 1 explica prácticamente la variación, mientras que la prueba Chi2 indica que no se está sobre saturando a los factores. En el cuadrante superior derecho se observan valores razonables para las varianzas únicas, que explican el 26.5 por ciento de la variación en cada caso. Tras realizar una rotación de factores, en el cuadrante inferior izquierdo se tiene como resultado a un solo factor relevante y la prueba Chi2 confirma que no se está sobresaturando el factor. Finalmente, se realiza la prueba Kaiser–Meyer–Olkin, que ayuda a justificar la utilización del análisis de factores. Con estos resultados, se tiene la confianza para predecir un vector que funja como la combinación lineal de las variables de restricciones de género en puestos en el ayuntamiento y para votar por la Asamblea Comunal General. De esta manera se construye la variable “Restricciones electorales de género”.

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Si bien estas variables no representan necesariamente una tipología de un subsistema de usos y costumbres, ayudan a observar diferencias entre municipios respecto a las restricciones electorales de género y al nivel de tradicionalismo. Estas variables permiten generar conocimiento respecto a la incidencia que la inclusión, flexibilidad y restricciones que las reglas electorales pueden llegar a tener en otros ámbitos.

Implicaciones de usos y costumbres en el desarrollo municipal

En esta sección se muestran tres modelos diferentes. Los primeros a nivel nacional, y el tercero sólo para los municipios de usos y costumbres. Sin embargo, las especificaciones de los modelos son similares para los tres bloques, con la salvedad de que el Índice de tradicionalismos y las Restricciones electorales de género solo se incluyen para los modelos de usos y costumbres.

Para estos bloques de modelos, se eligió como variable dependiente la tasa de mortalidad infantil, que funge como un indicador cercano al desarrollo humano y al desarrollo material. El mecanismo causal es que las instituciones formales e informales de usos y costumbres extienden redes intracomunitarias que generan cohesión, facilitan la cooperación y pueden llegar a suplir la ausencia del Estado, por lo que en estos municipios se observaría una menor tasa de mortalidad infantil. Por otro lado, dada la ausencia del Estado, se podría decir que a falta de mecanismos que contrarresten el statu quo, es justamente en estos municipios donde se podrían encontrar mayores vejaciones a los derechos políticos de las mujeres, aunados a un mayor grado de tradicionalismo.

La hipótesis general es que usos y costumbres tendrán una relación negativa y significativa con la tasa de mortalidad infantil. Las hipótesis secundarias son que los municipios más tradicionales tendrán una relación positiva y significativa con la tasa de mortalidad infantil, al igual que los municipios con más restricciones electorales de género.

Las variables definidas como variables de control son: la tasa de mortalidad infantil del quinquenio inmediato anterior; el número efectivo de etnias; la proporción de la población migrante internacional; la proporción de la población analfabeta; la proporción de la población que habita en municipios rurales; la proporción de vivienda con servicios de drenaje; la proporción de la población que no es derechohabiente a servicios de salud; la altitud promedio del municipio; el PIB per cápita y la población que gana menos de dos salarios mínimos (según el año); la proporción de la población que habla alguna lengua indígena; y la proporción del voto por el PRI en las elecciones federales de 1991.[48]

Para los tres bloques se utilizó la especificación de mínimos cuadrados. Adicionalmente, en el primer modelo se buscó emular un experimento natural, por lo que se utilizó un pareamiento semiparamétrico (semiparametric matching), mismo que proporciona un balance común entre el grupo tratado y el tratamiento, y permite obtener dos grupos comparables entre sí, procurando atenuar el problema de sesgo de selección. De las distintas metodologías mediante las cuales se puede realizar el pareamiento,[49] se eligió el de puntaje de propensión (propensity score matching) con el método del vecino más cercano. El segundo modelo utiliza una muestra nacional, mientras que el último sólo considera los municipios de usos y costumbres. Para éstos últimos no se realizó pareamiento. En la tabla 7 se presenta un resumen de estadísticas del modelo de pareamiento.

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La sección izquierda de la tabla 7 provee resultados para la muestra a nivel nacional, mientras que la porción derecha provee resultados una vez que se ha realizado el pareamiento. La mediana eQQ es la diferencia de medias en la gráfica empírica cuantil-cuantil, lo que quiere decir que ésta es mejor conforme se acerca al cero (es decir, a un balance perfecto). Finalmente, el porcentaje de reducción de la diferencia de medias entre el grupo de control y el grupo de tratamiento es mejor conforme se acerca al 100 por ciento (que indica un balance perfecto). Como se puede observar, los resultados resultaron razonables.

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Los resultados más relevantes y consistentes de los modelos presentados en la tabla 8 son, con signo negativo, la población migrante y el servicio de drenaje; mientras que las remesas incrementan los ingresos familiares, los servicios sanitarios incrementan la salud. Ambas variables, aunque de manera independiente, ayudan a los padres a prolongar la vida de los infantes durante el primer año de vida, cuando éstos son más vulnerables. Asimismo, un mayor nivel de ingreso mitiga la mortalidad infantil, mostrado por una relación positiva para los ingresos menores a dos salarios mínimos y negativa para el PIB per cápita.

Con relación positiva resultan el rezago de la variable dependiente, la población analfabeta y la altitud; un menor nivel educativo dificulta el desarrollo de herramientas cognoscitivas, mientras que vivir en lugares remotos e inaccesibles, dificulta el acceso a servicios básicos. Ambos factores dificultan la labor del cuidado de los niños durante esta delicada etapa.

Como se observa en los resultados, para la hipótesis central de que usos y costumbres deprimen la mortalidad infantil, hay signos cruzados en el modelo de mínimos cuadrados tradicional que utiliza la muestra nacional. Pareciera que el modelo de pareamiento corrige esta inconsistencia, aunque la variable de usos y costumbres guarda una relación positiva y significativa solamente para uno de los años (cuando se omiten los efectos fijos por estado), por lo que se puede decir que la hipótesis no se cumple.

Para las hipótesis secundarias, se observa que tanto el índice de tradicionalismo como las restricciones electorales de género, incrementan la mortalidad infantil. Esto quiere decir que los municipios de usos y costumbres no son iguales entre sí. Si bien el tipo de régimen logra suplir la ausencia del Estado por medio de redes intracomunitarias que logran adaptarse a las necesidades locales y temporales, solamente los regímenes menos restrictivos logran abatir la mortalidad infantil.

Las prácticas de autonomía de gestión pueden volverse muy útiles en comunidades con altos niveles de pobreza, inequidad e instituciones democráticas débiles, con pobre opinión pública de las leyes y el gobierno, y con falta de políticos y diseñadores de políticas públicas con experiencia. Sin embargo, a la vez que se permite la injerencia en la selección de líderes con el propósito de la promoción de la identidad y la autodeterminación, el Estado también debe buscar la protección respecto a las posibles privaciones de los derechos fundamentales de los individuos al interior de la comunidad. La evidencia aquí mostrada parece sugerir que en municipios en que existe un mayor respeto a los derechos de las minorías políticas (mas no numéricas), existen efectos colaterales en términos de desarrollo, por lo que algunos municipios que son más deseables que otros, no sólo en términos de inclusión de minorías políticas, sino de bienestar.

Conclusiones

La respuesta liberal al multiculturalismo propone derechos diferenciados de grupo, que ofrecen protecciones externas[51] en que se protege a las minorías de determinadas decisiones políticas y económicas tomadas por la mayoría nacional, mismas que podrían socavar su oportunidad de vivir y trabajar dentro de su propia cultura. Sin embargo, esta solución requiere la inexistencia de restricciones internas, en que el grupo coarta los derechos fundamentales de los individuos.[52] Esta definición de derechos de minoría embona perfectamente con la teoría liberal igualitaria, que enfatiza la importancia de rectificar las inequidades provistas por el azar, ya que todos deben tener acceso a un contexto de decisión, en que los roles y prácticas culturales puedan cuestionarse, revisarse e incluso abandonarse.[53] La restricción de cualquier tipo de libertad dentro de la ley fundante del modelo liberal viola la razón misma por la cual se busca proteger la membresía cultural.[54]

Este trabajo de investigación ha buscado denunciar los problemas de los límites de frontera que se suscitan en municipios de usos y costumbres, donde se fractura la unidad jurídica en el entendido liberal y donde el fin último es la protección de la situación determinada por el colectivo, en vez de procurar la igualdad jurídica de los individuos. Por ello, es necesario plantearse primero si es que la discriminación de derechos políticos a minorías en estos municipios deviene verdaderamente de un valor cultural, o si es un efecto colateral de la forma de organización comunitaria. Si es un efecto colateral, no se hace ningún daño al procurar la protección de derechos políticos de las minorías; mientras que si es un valor cultural, se estaría incurriendo en políticas de asimilación al buscar proteger a las minorías al interior del grupo minoritario reconocido. En todo caso, este segundo escenario no es del todo negativo desde la óptica del multiculturalismo liberal.

Los modelos presentados en este trabajo ofrecen evidencia que parece sugerir que si bien en primera instancia los municipios de usos y costumbres aparentemente están más rezagados en términos de desarrollo, sus redes intracomunitarias de coordinación pueden suplir la ausencia del Estado en condiciones de altos niveles de marginación. Asimismo, que a pesar de la ausencia del Estado, los municipios menos tradicionales tienen un mejor desempeño en términos de desarrollo que aquéllos con tradiciones más restrictivas e impositivas.

Estos resultados van en la misma línea que los de Magaloni,[55] quienes encuentran que los ciudadanos de comunidades de usos y costumbres tienden a estar más informados e involucrados en la toma de decisiones colectivas. Es decir, que estos regímenes ayudan a prevenir la cooptación de recursos por parte de élites locales y a generar una distribución de servicios públicos más equitativos que los regímenes de partidos políticos, ya que la distribución intercomunitaria de bienes públicos se moldea por medio del compromiso cívico.

Asimismo, los resultados se encuentran en línea con los de Eisenstadt y Danielson, quienes encuentran que, si bien estos municipios tienden a tener una participación política femenina menor (en comparación con municipios regidos por partidos políticos), las mujeres tienden a tener una mayor participación política cuando las normas son más inclusivas.[56]

Los resultados presentados sugieren que aún hay un largo camino que recorrer en términos de políticas de reconocimiento en México, de forma que estas políticas resulten beneficiosas no solamente para las élites políticas locales (caciques), ya que todos los individuos que pertenecen a estas comunidades deberían tener acceso a un contexto de toma de decisiones.

La coexistencia de los órdenes normativos individual y colectivo tienen orígenes teóricamente irresolubles y diametralmente opuestos, por lo que se requieren soluciones pragmáticas para mostrar que es posible encontrar mecanismos que permitan la coexistencia de ambos regímenes.[57] Para ello, se podría considerar una actualización del CMUyC 2003, que respete el conjunto de tradiciones a la vez que los derechos fundamentales, para dar resolución a los conflictos de discriminación política. Otra solución podría ser procurar que las minorías políticas tengan espacios de participación en la toma de decisiones, cuando menos por medio de políticas de acción afirmativa (cuotas de representación especial) dentro de los cabildos locales (dependiendo de las particularidades de los municipios).

Referencias

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[1] Los clivajes étnicos no son unidimensionales en el sentido de fragmentación lingüística o racial, sino que las identidades son porosas y por tanto pueden ser maleables, ya que se construyen por medio de la interacción económica, social y política: sus cortes derivan de la multiplicidad de marcadores étnicos objetivos para su distinción (lenguaje, religión raza, casta, tribu, territorio, etc.) así como de las divisiones al interior del mismo grupo etnopolítico (divisiones tribales, divisiones sectarias en una religión, etc.)

[2] Frances Hagopian, “Conclusions” en The third wave of democratization in Latin America: advances and setbacks, editado por Frances Hagopian y Scott P. Mainwarning, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Donna Lee Van Cott, Radical Democracy in the Andes, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

[3] Deborah J Yashar, “Democracy, Indigenous Movements, and the Postliberal Challenge in Latin America.”, World Politics 52, núm.1 (1999): 76-104.

Todd A. Eisenstadt, “Indigenous Attitudes and Ethnic Identity Construction in México.”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos 22, núm.1 (2006): 107-130.

[4] Deborah J. Yashar, “Democracy, Indigenous Movements, and the Postliberal Challenge in Latin America.”, World Politics 52, núm.1 (1999): 76-104

[5] Donna Lee Van Cott, From Movements to Parties. The Evolution of Ethnic Politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Donna Lee Van Cott, “Indigenous People’s Politics in Latin America.” Annual Review of Political Science 13, (2010): 385-405.

[6] Johnathan Hiskey y Gary Goodman, “The Participation Paradox of Indigenous Autonomy in Mexico.”, en Latin American Politics and Society 53, núm.2 (2011): 61-86.

[7] Esta ata a los países a estándares internacionales para el reconocimiento de derechos indígenas.

[8] Eisenstadt, Todd A. y Willibald Sonnleitner. “Conclusion: Balancing Tensions between Communitarian and Individual Rights and the Challenges They Present for Multicultural States.” en Latin America’s Multicultural Movements: The Struggle between Communitarianism, Autonomy and Human Rights, editado por Todd A. Eisenstadt et al, 246-269. (Oxford: Oxford University Press, 2013).

[9] Entre las protestas de municipios indígenas en México, las demandas por distribución de tierra han representado al menos la mitad de las protestas contabilizadas entre 1975 y 1982, observándose un repunte alrededor de 1994.

Incluso, se sugiere que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) buscó redirigir públicamente los agravios agrarios en asuntos de identidad étnica, buscando rectificar los problemas económicos de clase en asuntos de redistribución de tierra y así aprovechar la coyuntura del imaginario zapatista para demandar servicios públicos.

Guillermo Trejo, “Religious Competition and Ethnic Mobilization in Latin America: Why the Catholic Church Promotes Indigenous Movements in Mexico”, American Political Science Review 103, núm.3 (2009): 323-342.

Todd A. Eisenstadt y Willibald Sonnleitner, “Conclusion: Balancing Tensions between Communitarian and Individual Rights and the Challenges They Present for Multicultural States”, en Latin America’s Multicultural Movements: The Struggle between Communitarianism, Autonomy and Human Rights, ed. Todd A. Eisenstadt et al, 246-269 (Oxford: Oxford University Press, 2013).

[10] En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades indígenas de Ecuador (CONAIE) formó un partido que era parte de la coalición que ganó las elecciones presidenciales en 2002. En Bolivia, los Quechua y Aymara, productores de coca, formaron un partido que se quedó a dos puntos porcentuales del partido que ganó las elecciones en 2002. En Colombia y en Venezuela, en donde la proporción de la población indígena no excede al 3 por ciento, partidos étnicos han elegido gobernadores en varios estados y han logrado representación en la legislatura nacional. Partidos indígenas también se han formado en Argentina, Guyana, México, Nicaragua y Perú, aunque han sido menos exitosos comparativamente. Donna Lee Van Cott, From Movements to Parties. The Evolution of Ethnic Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

[11]Donna Lee Van Cott, Radical Democracy in the Andes, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

[12] Como lo fue en el caso de Guatemala, México, Bolivia, Ecuador y diferentes regiones del Amazonas.

Deborah J. Yashar, “Contesting Citizenship: Indigenous Movements and Democracy in Latin America.” Comparative Politics 31, núm.1 (1998): 23-42.

[13] Enrique Marroquín, “Los protestantes en Oaxaca: ¿persecución o resistencia cultural?” en Gilberto Jiménez ed., Identidades religiosas y sociales en México. México: UNAM – Instituto Francés de América Latina e Instituto de Investigaciones Sociales, 1996.

Deborah J. Yashar, “Democracy, Indigenous Movements, and the Postliberal Challenge in Latin America.”, World Politics 52, núm.1 (1999): 76-104.

Guillermo Trejo, “Religious Competition and Ethnic Mobilization in Latin America: Why the Catholic Church Promotes Indigenous Movements in Mexico”, American Political Science Review 103, núm.3 (2009): 323-342.

[14] Deborah J. Yashar, “Contesting Citizenship: Indigenous Movements and Democracy in Latin America.” Comparative Politics 31, núm.1 (1998): 23-42

[15] Recordando que los partidos políticos intentan atraer y representar diversos clivajes sociales.

Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (New York: The Free Press, 1997).

Gary W. Cox, Making votes count strategic coordination in the world’s electoral systems (Nueva York: Cambridge University Press, 1997)

[16] Markku Laakso y Rein Taagapera,“Effective Number of Parties. A Measure with Application to West Europe.” Comparative Political Studies 12, núm.1 (1979): 3-27.

[17] Tales como educación, drenaje, recolección de basura y construcción de calles.

Alberto Alesina, et al, “Public Goods and Ethnic Divisions”, The Quarterly Journal of Economics 114 núm.4 (1999): 1243-1284.

[18] James D.Fearon y David D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency and Civil War”, American Political Science Review, núm.4 (2003): 75-90.

[19] Donna Lee Van Cott, “Indigenous People’s Politics in Latin America.” Annual Review of Political Science 13, (2010): 385-405.

[20] Frances Hagopian, “Conclusions” en The third wave of democratization in Latin America: advances and setbacks, editado por Frances Hagopian y Scott P. Mainwarning, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). Donna Lee Van Cott, Radical Democracy in the Andes, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

[21] Raúl Madrid, “Indigenous Voters and Party System Fragmentation in Latin America”, Electoral Studies 24, núm.4 (2005a): 689-707.

Van Cott y Donna Lee, “Andean Indigenous Movements and Constitutional Transformation: Venezuela in Comparative Perspective”, Latin American Perspectives 30, núm1 (2003): 49-69. Donna Lee Van Cott y Birnir Jóhanna Kristín, “Disunity In Diversity. Party System Framentation and the Dynamic Effect of Ethnic Heterogeneity on Latin American Legislatures”, Latin America Research Review 42, núm.1 (2007): 99-125.

Jóhanna Kristín Birnir, “Stabilizing Party Systems and Excluding Segments of Society? The Effects of Formation Costs on Representation in Latin America”, Studies in Comparative International Development: 39 núm.3 (2004): 3-28.

[22] Juan Martínez y Víctor Leonel, “What We Need Are New Customs. Multiculturality, Autonomy, and Citizenship in Mexico and the Lessons of Oaxaca” en Latin America’s Multicultural Movements: The Struggle between Communitarianism, Autonomy and Human Rights, ed. por Todd A. Eisenstadt et al, 135-168 (Oxford: Oxford University Press, 2013).

[23] Allyson Benton, “The Origins of Mexico’s Municipal Usos y Costumbres Regimes: Supporting Local Political Participation or Local Authoritarian Control?” Documento de Trabajo Núm.226 (México: División de Estudios Políticos, CIDE, 2011).

[24] Susan Okin, “Is Multiculturalism Bad for Women?” en Is Multiculturalism Bad for Women? ed. por J. Cohen et. al, 9-24 (Princeton: Princeton University Press, 1999).

[25] Donna Lee Van Cott, “Indigenous People’s Politics in Latin America.” Annual Review of Political Science 13, (2010): 385-405.

[26]Rodrigo Elizarrarás Álvarez,“Gobernabilidad y autonomía indígena: Motivos y efectos en el reconocimiento de los usos y costumbres en Oaxaca” (Tesis de licenciatura, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 2002).

[27] Enrique Marroquín, “Los protestantes en Oaxaca: ¿persecución o resistencia cultural?” en Gilberto Jiménez ed., Identidades religiosas y sociales en México. México: UNAM – Instituto Francés de América Latina e Instituto de Investigaciones Sociales, 1996.

[28] Donna Lee y Van Cott, Radical Democracy in the Andes, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

[29] Moisés Sidharta Bailón Jiménez, “Instituciones y Procesos Electorales: Oaxaca 1990-2007” (Tesis de licenciatura, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 2009).

[30] Se consideran los municipios en que el voto femenino no está condicionado a un estado civil y/o si tienen hijos.

[31] Se consideran los casos donde las mujeres pueden ocupar puestos más altos en la jerarquía municipal que el de tesorero y se excluyen municipios donde la factibilidad para ello depende del estado civil.

[32] Se consideran los municipios donde la factibilidad no depende del estado civil o de la discrecionalidad de la Asamblea Comunal General.

[33] No se consideran los municipios donde no se permite participar a todas las agencias municipales.

[34] El incumplimiento puede llevar a la privación de la libertad, de servicios públicos, programas sociales o derechos de ciudadanía.

[35]Michael S. Danielson y Carlos Sorroza Polo, “Political Subsystems in Oaxaca’s Usos y Costumbres Municipalities. A Typology Based on the Civil-Religious Service Background of Mayors”, en Latin America’s Multicultural Movements: The Struggle between Communitarianism, Autonomy and Human Rights, ed. por Todd A. Eisenstadt et al, 169-191 (Oxford: Oxford University Press, 2013).

[36] Pueden llegar a ser “ancianos” por edad y/o por haber cumplido con todos los cargos y servicios. Normalmente fungen como consejeros de la comunidad, administración o cabildo.

[37] Los casos que requieren una residencia mínima menor a un mes se consideran como si no se requiriera. Este criterio obedece al tiempo que toma tramitar y recibir una credencial de elector con fotografía.

[38] Las multas van de uno hasta cinco salarios mínimos, un día de tequio o cárcel, la designación de un cargo como castigo, perder derecho a participar en las siguientes asambleas, la degradación del cargo actual, la negación de los servicios provistos por el ayuntamiento de manera parcial o total, o una combinación de todo lo anterior.

[39] Todd A. Eisenstadt y Michael S. Danielson, “Walking together, but in which Direction? Gender Discrimination and Multicultural Practices in Oaxaca, Mexico.” Politics & Gender 5, núm.2 (2009): 153-184.

[40] Los elementos tomados en consideración son la existencia de la mayordomía, seguir el sistema de escalafones como requisito para ocupar la presidencia municipal y el requerimiento del trabajo comunitario, denominado tequio.

[41] Michael S. Danielson y Carlos Sorroza Polo. 2013. “Political Subsystems in Oaxaca’s Usos y Costumbres Municipalities. A Typology Based on the Civil-Religious Service Background of Mayors.” en Latin America’s Multicultural Movements: The Struggle between Communitarianism, Autonomy and Human Rights, editado por Todd A. Eisenstadt et al, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 169-191.

[42] Los elementos tomados en consideración para que los presidentes municipales puedan ocupar el cargo son: en los no-tradicionales, ninguno; en los semi-tradicionales, participar en sólo en un tipo de cargo, ya sea civil o religioso; en los tradicionales, haber ocupado de manera previa tanto cargos civiles como religiosos.

[43] Es decir, que existen como un cuerpo colegiado de toma de decisiones.

[44] Las multas pueden ser: cárcel, suspensión de apoyos, servicios o programas sociales, privación de derechos de ciudadanía o un castigo abierto a determinar por la Asamblea Comunal General.

[45] Especialmente quienes buscan ocupar parte de estos 30 años de experiencia para adquirir otro tipo de habilidades y educación, como o pudieran ser los profesionistas, quienes profesan una religión distinta a la católica y no quisieran participar en cargos del tipo religioso, o quienes quisieran participar pero no tienen acceso a todos los puestos, como las mujeres, o quienes viven en las agencias municipales

[46] Esta situación, por ejemplo, infringe creencias religiosas que promueven entre sus feligreses la desvinculación de eventos político, como por ejemplo, los Testigos de Jehová.

[47] Al realizar la prueba de alfa de Cronbach, se obtuvo un valor de 0.545, que es muy razonable.

[48] Por diputados de mayoría relativa. También se verificó esta variable para 1994 y la diferencia entre ambos años. Es criticable que se hayan utilizado elecciones federales en vez de elecciones locales, sin embargo, empalmar secciones de distritos locales con municipios se consideró un esfuerzo que excede a este trabajo. Owalobi (2004, 483-502) y Rancondo (2007, 129-132) encuentran que la adopción de usos y costumbres no dio una ventaja vitalicia al PRI frente a otros partidos de oposición, sino que su voto ha disminuido con el tiempo, mientras que la tendencia del voto por el PRI se ha ido acercando a la de los municipios que se rigen bajo el sistema de partidos.

Kunle Owalobi, “La legalización de los ‘usos y costumbres’ ha contribuido a la permanencia del gobierno priista en Oaxaca? Análisis de las elecciones para diputados y gobernadores, de 1992 a 2001”, Foro Internacional 177 núm.3, (2004): 474-508.

David Recondo, “Crónica de una muerte anunciada: el ocaso del partido de Estado en Oaxaca”, Desacatos 24 (2007): 123-134.

[49] Existen varios métodos para realizar pareamientos. El pareamiento exacto (exact matching) deshecha los casos de la muestra si no encuentra pareamientos exactos, por lo que se vuelve implausible conforme aumenta el número de variables independientes. El pareamiento simplificado (coarsened matching) procura que cada variable sea recodificada de tal forma que se agrupen en valores considerablemente indistinguibles y a éstos se les asignen los mismos valores numéricos. Finalmente, el pareamiento del vecino más cercano (nearest neighbour matching) crea pareamientos cercanos por medio del puntaje de propensión, que es la probabilidad de recibir el tratamiento calculado a partir de los valores predichos de una regresión logística para las variables independientes previas al tratamiento.

[50] Estos modelos se corrieron también con la proporción de voto por diputados del PRI en elecciones de mayoría relativa en 1994, y la diferencia entre 1991 y 1994. En ningún caso resultaron significativas.

[51] Como autonomía territorial, poder de veto, derechos de tierra, derechos de lenguaje y cuotas de representación en ciertas instituciones.

[52] Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship: A liberal Theory of Minority Rights, (Oxford: Oxford University Press, 1995).

[53] Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship: A liberal Theory of Minority Rights, (Oxford: Oxford University Press, 1995).

[54] Ya que la inalienabilidad de las libertades básicas puede entenderse como que éstas conforman parte de la libertad pública, y por tanto, en un Estado democrático, forman parte de su propia soberanía (Rawls 1993).

[55] Magaloni, Beatriz et. al. “Traditional Governance, Civic Engagement and Local Public Goods: Evidence from Mexico.” World Development. In press, (2014).

[56] Aunque advierten que es necesario un análisis más profundo para corroborar el resultado, debido a la falta de casos para sustentarlo de manera estadística.

[57] Juan Martínez y Víctor Leonel, “What We Need Are New Customs. Multiculturality, Autonomy, and Citizenship in Mexico and the Lessons of Oaxaca” en Latin America’s Multicultural Movements: The Struggle between Communitarianism, Autonomy and Human Rights, ed. por Todd A. Eisenstadt et al, 135-168 (Oxford: Oxford University Press, 2013).

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