Ayotzinapa: la violencia del olvido

Ayotzinapa: la violencia del olvido
por Josemaría Becerril

La violencia del Estado contemporáneo contra las hebras más expuestas de la sociedad es recursiva. Por un lado, el proyecto económico de las últimas décadas —basado sobre la ideología neoliberal que favorece la privatización de los bienes públicos y su reorientación hacia los grandes conglomerados empresariales en forma de subsidios; la extracción ecocida de los recursos naturales y la acumulación de capital altamente móvil— ha producido un crecimiento desmedido de la pobreza y la desigualdad a nivel mundial. Por el otro lado, este proyecto ha implicado el desmantelamiento del Estado en todas sus áreas menos en sus capacidades coercitivas y punitivas. El desorden social que ha generado el crecimiento de la marginalidad ha sido regulado y gestionado por instituciones de seguridad —públicas y privadas, legales e ilegales— mediante tecnologías cada vez más represivas y excluyentes. Finalmente, las víctimas de la exclusión económica, posteriormente perseguidos por los aparatos criminales del Estado, son sometidas a la violencia del olvido, el anonimato y el estigma. Las instituciones gubernamentales, las élites culturales y económicas y los medios de comunicación a su servicio han construido marcos interpretativos para aprehender la precariedad, el sufrimiento, las vidas, y, por tanto, las muertes, de los excluidos y marginados. En estos marcos de sentido dominan la criminalización, la sospecha y el consenso de que hay individuos cuyas muertes no son dignas de llorarse. Así, la consecuencia de la recursiva violencia estatal es su naturalización: termina resultando obvio que para el desarrollo del proyecto modernizador la violencia contra los elementos sociales disruptivos es necesaria o, al menos, entendible.

Esta combinación entre poder, desigualdad, exclusión y justificación narrativa es característica del Estado moderno, sin embargo, se implementa con aspectos y modalidades distintas según las coordenadas geográficas, históricas y culturales de cada país. En México, hace dos años, y durante los tiempos que le sucedieron, vivimos una de las expresiones más escalofriantes de esta combinación. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural “Raul Isidro Burgos” fue a manos de policías cuasi militarizados del municipio de Cocula. Estos respondían a las órdenes de narcotraficantes —caciques locales enriquecidos económica y políticamente mediante la extracción de amapola y la protección a industrias mineras nacionales e internacionales. A su vez, estos criminales han operado al amparo de la cómplice omisión del Ejército mexicano —que actúa como fuerza de ocupación en las zonas más marginadas del país. Finalmente, el Ejecutivo federal, mediante una estrategia narrativa donde el olvido y el anonimato de las víctimas reinaban, matizó la tragedia. Incluso, diversos medios de comunicación masiva, megáfono del discurso gubernamental, justificaron el crimen prolongando la violencia sobre quienes aún buscan a sus desaparecidos. Precisamente, este ejercicio final de biopolítica mediante el cual se administra el valor social de la vida establece qué muertes son lamentables y cuáles son necesarias o, incluso, deseables. Esta distribución simbólica de la capacidad de enlutarse tiene implicaciones políticas sobre cuándo exigimos justicia y cuándo aceptamos la violencia, por lo que su transgresión, mediante ejercicios alternativos de memoria, será el primer paso para poner fin a la violencia estatal y exigir justicia.[1]

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Si bien, el caso Ayotzinapa reveló los complejos mecanismos que legitiman la constante violencia estatal, no ha sido la única, ni más reciente, manifestación. La tradición de esta narrativa para interpretar la violencia está altamente imbricada con el desarrollo de la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006. A partir de entonces, nuestro país ha estado sumido en una ola de violencia, producto de una deficiente estrategia militar, cuya asiduidad en la vida diaria y conversación cotidiana ha provocado su normalización y banalización. Esta normalización ha sido defendida mediante el mismo discurso oficial que justificó el crimen de Iguala, basado sobre la deshumanización de las víctimas, la conversión en números de las muertes y la interpretación dialéctica del conflicto. Para el Estado, la guerra contra el narcotráfico ha sido una confrontación entre las fuerzas morales, democráticas y liberales de la sociedad —cuya vanguardia es el gobierno— y el crimen organizado —metáfora del enemigo interior y mote también empleado para criminalizar a individuos incompatibles con el proyecto hegemónico.

Durante la presidencia de Felipe Calderón, la intervención militar se presentó como un imperativo moral irrenunciable y no como una política pública que buscase solucionar un problema social cuidadosamente identificado. La justificación no era reducir la incidencia delictiva o el volumen de las exportaciones ilegales de narcóticos, indicadores que hoy demuestran el fracaso de la estrategia, sino “fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias”, “acabar con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos y la tranquilidad de nuestras comunidades” y, de manera más memorable, “para que la droga no llegue a tus hijos”.

Las apelaciones a la familia tradicional, a los valores trascendentales y el rechazo a la maldad fueron constantes en la comunicación oficial de la época. Dentro de esta lógica, al delito se le dejó de ver como un incumplimiento de la ley que debe ser castigado en el marco jurídico para considerarlo un problema moral que amerita una cruzada para erradicar a quien le comete. La persecución sin tregua a las drogas y sus supuestos traficantes ha estado sustentada sobre una imagen social del crimen compuesta de estereotipos, imágenes compartidas y temores que magnifican su peligrosidad y la urgencia de combatirlo.[2] En la discusión pública desde el gobierno de Calderón, han sido los sicarios y el narco las palabras básicas para interpretar y justificar la experiencia de la violencia. Estos términos se han aplicado ampliamente para criminalizar a la mayoría de las víctimas del Estado, imponiendo un consenso que legitima la violencia recursiva y niega explícitamente que los supuestos delincuentes tengan derecho a la vida o a la investigación de sus muertes.

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Durante la madrugada del domingo 31 de enero de 2010 una fiesta de jóvenes transcurría con normalidad en la colonia Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, Chihuahua. De pronto, alrededor de 15 individuos irrumpieron en la fiesta, abriendo fuego contra los estudiantes congregados quitando la vida a 16 adolescentes. La respuesta gubernamental fue anunciar que “una línea de investigación apunta a narcomenudistas que habrían asesinado a los jóvenes en venganza contra uno de ellos, que habría sido distribuidor de drogas”. Algunos días después, el 2 de febrero desde su gira en Japón, el presidente Calderón se refirió a la tragedia, minimizándola y criminalizando a las víctimas al apuntar que los muertos eran integrantes de pandillas y habían sido asesinados por una rivalidad. En estas frases se resumía la narrativa oficial que impera hasta ahora, expandida hasta su normalización colectiva por los medios masivos de comunicación: un relato monocorde, reiterativo y opaco donde se banaliza la muerte como “ajustes de cuentas”, y se desestima a las víctimas criminalizándolas bajo el asunción de que “tenían nexos con el crimen organizado”.[3]

Un año después, el 20 de septiembre de 2011, sujetos a bordo de dos camionetas de carga abandonan 35 cuerpos en una de las principales arterias de Boca del Río, Veracruz. Pocas horas después, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció a la prensa que todas las víctimas tenían antecedentes penales, eran miembros de la organización de los Zetas y habían sido asesinados en otro “ajuste de cuentas”. Nunca apareció ninguna prueba sobre la cual se fundasen estas imputaciones. Algunos días después, quedó claro que en realidad las autoridades no sabían quiénes eran los fallecidos, ni en qué situación habían muerto. Nunca se aclaró el suceso, no había necesidad: era otra ocasión en que supuestos sicarios, sin pruebas para demostrarlo, habían muerto.[4] Este mote estereotípico ha servido para mantener anónimas a las víctimas y asociarlas de manera explícita con la delincuencia, con una otredad donde las muertes no son lamentables, ni ameritan su investigación, sino la continuación de su función: los sicarios matan y se les mata.

Detrás de esta narrativa, se ocultan marcos conceptuales para entender e interpretar la violencia donde la muerte de ciertos individuos es una tragedia menor que la de otros; incluso, en algunos casos, su muerte puede ser motivo de celebración. Al analizar la manera como en el discurso oficial se habla de los muertos por la alta violencia nacional se puede identificar que hay sujetos que no son reconocidos como individuos con vidas dignas de preservarse. La manera de relatar la muerte de los supuestos sicarios pretende normalizarla, apuntarla como una consecuencia obvia y necesaria del proyecto estatal. Son muertes que no merecen luto y por lo tanto son vidas que no merecían ser vividas ni debían preservarse.[5]

Estos marcos, a través de los cuales aprehendemos y valoramos las vidas dañadas y perdidas, están políticamente saturados, son operaciones de poder. Por lo tanto, la minimización de la muerte de ciertos individuos no es arbitraria; al contrario, es el paso final de la violencia recursiva del Estado hacia quienes el proyecto económico y cultural ya había excluido y marginado. La manera como se construyó y aplicó la estrategia gubernamental contra el narcotráfico, primando la acción coercitiva sobre la investigación y la prevención, concentró la violencia sobre las tramas más visibles de la cadena de producción, distribución y uso de narcóticos: los campesinos, los migrantes o los usuarios. Tras sus muertes o desapariciones, las víctimas de la violencia estructural, fueron condenadas a perder su identidad y memoria mediante un el discurso criminalizador de un Estado que no sólo mata, también olvida.

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Si bien la administración de Enrique Peña Nieto transformó profundamente la estrategia de comunicación sobre la violencia nacional, favoreciendo un cambio estético que reducía la exposición de historias violentas en los medios, la deslegitimación de las víctimas persistió y creció de manera importante. El crimen de Iguala mostró que esta narrativa se ha expandido para justificar más que la lucha contra las drogas y sus “daños” colaterales”. Ahora, el estigma de delincuentes abatibles ha servido para justificar la sistemática violencia estatal sobre grupos sociales marginados que, por su identidad cultural o actividad política contestataria, representan un obstáculo para el proyecto hegemónico.

Primero, fue la violencia de la marginación económica y política del paradigma ideológico del neoliberalismo. En Iguala, las víctimas de la violencia estatal fueron jóvenes provenientes de estratos socioeconómicos bajos y condiciones de marginación, educados en una cultura magisterial de compromiso social y políticamente activos contra el gobierno que busca acabar, con bajo financiamiento y fuertes topes a su matrícula, con el sistema de educación pública que les ha formado. Después, el frecuente hostigamiento de las fuerzas represivas del Estado. En Guerrero, desde inicios del siglo pasado, el Ejército, cómplice del crimen contra los 43, ha servido para amedrentar a las poblaciones opositoras a los intereses de las élites locales y transnacionales involucradas en el tráfico de drogas y la minería. Finalmente, llegó la violencia del olvido mediante una falsa “verdad histórica” y un discurso de criminalización donde predominaba el racismo, el clasismo y la deshumanización.

Tras el crimen, y frente a la oleada de protestas que produjo, el gobierno federal y sus medios de comunicación explícitamente ligaron a los normalistas con grupos criminales de la zona para justificar su desaparición mediante la retórica de la guerra contra las drogas, sus “ajustes de cuentas” y “enfrentamientos”. Dentro de esta repetida hipótesis de investigación, se decía que a los normalistas los habían atacado por ser parte de “Los Rojos” o quizás por estar involucrados en la guerrilla. Para el gobierno aquel que ha sufrido la violencia lo merecía “por andar en malos pasos”, su muerte o desaparición no ha sido un abuso ni un crimen, sino la consecuencia natural de sus decisiones personales. Frente a esta narrativa, no basta con sólo decir que los normalistas no eran delincuentes. También necesitamos ser enfáticos repitiendo y exigiendo algo que debería ser obvio: aunque las violaciones a derechos humanos hayan sido infringidas sobre quienes protesten o transgredan la ley, éstas deben investigarse y debe castigarse a los culpables.

A la criminalización se le sumó la imposición del olvido. En una conferencia en Guerrero, a los pocos meses de la desaparición el presidente conminó a la sociedad mexicana, a los padres de los normalistas y a quienes exigían justicia ante el crimen que “superaran” la tragedia y continuaran mirando hacia adelante. Su minimización del dolor ajeno se basa sobre una desestimación de las víctimas frente al gran objetivo nacional, impuesto desde arriba, sin consenso democrático. Finalmente, el procurador Murillo Karam en una transmisión en vivo afirmó, de manera apresurada e inhumana por el contenido de las imágenes y su exposición, que habían muerto. Esta presunta “verdad histórica” se basó sobre una investigación pericial parcial y viciada por la tortura, pero tenía el objetivo de desmovilizar y extender la violencia psicológica hacia a quienes les buscan y exigen justicia.

En las páginas de importantes periódicos nacionales, los portavoces del gobierno lanzaron injurias y mentiras alimentadas por el prejuicio contra los familiares de los normalistas y contra quienes nos manifestamos para su reaparición. Nos llamaron “comemierdas”, a los normalistas “ayotzinacos”; sobre los padres que aún les buscan dijeron que “ya no dan lástima”. Paco Calderón, celebrado por el presidente que provocó la actual violencia y su compañero de partido Javier Lozano, llamó a la violación de los derechos humanos de quienes protestaban y, de manera grotesca, dibujó al “ayotzinapo de Schrödinger”: vivo e incinerado al mismo tiempo. Sobre la violencia física, se suma el insulto, la mentira y la ausencia de empatía.

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Ante el estigma y la desmemoria, hoy, y todos los 26 de septiembre en años por venir, deben ser días para gritar y recordar los nombres y las historias de las víctimas y marginados del proyecto económico y político contemporáneo. Los desaparecidos, los asesinados, los excluidos, los indígenas, las mujeres, los homosexuales, los pobres que el Estado y sus élites buscan borrar de la memoria oficial y el discurso hegemónico existen y merecen justicia. Mientras sigan ocurriendo casos como Ayotzinapa nadie tiene derecho de ser ignorante o vivir con amnesia. Hace dos años 43 estudiantes de una normal rural olvidada y marginada por el Estado desaparecieron a manos de la policía, que operaba al servicio de los grupos criminales de la región, bajo la mirada cómplice del Ejército. Hace dos años le arrancaron el rostro a Julio César Mondragón. Hace dos años la PGR dio por muertos a los 43 estudiantes sin pruebas suficientes. Hace dos años que 43 hijos les faltan a sus padres. Hace dos años supimos que fue el Estado y fue su violencia. Hoy, y siempre, lo volveremos a decir.

Josemaría Becerril estudia política y administración pública en El Colegio de México. Le interesan los temas de ciudad y seguridad pública.

*La ilustración es de Clay Rodery y apareció originalmente en este artículo

[1] Este breve ensayo se basa sobre las aportaciones de Judith Butler en Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Londres, Verso, 2006 y Frames of War. When is Life Grievable?, Londres, Verso, 2009.

[2] Fernando Escalante Gonzalbo, El crimen como realidad y representación: contribución para una historia del presente, México, El Colegio de México, 2012 p. 11.

[3] Ibid., passim.

[4] Ibid., pp. 39-42.

[5] Judith Butler, Frames of War. When is Life Grievable?, Londres, Verso, 2009, p. 1.

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2 comentarios en “Ayotzinapa: la violencia del olvido

  1. Muchas gracias por este magnífico articulo-investigación. ¿Quiero hacer una pregunta, en esencia en el fondo que hay, que se esconde, etc.? el costo ha sido enorme para el gobierno federal, ante la opinión internacional, para el gobierno estatal hubiera sido fácil desembarazarse acabando con el Gobernador Ángel Aguirre Rivero, al estilo de Luis Echeverría Álvarez, desapareciendo poderes en la entidad y satanizarlos y aparentemente, asunto arreglado. No que Ángel Aguirre le hicieron un favor esta tranquilo, gozando de la vida y muchos más incluye al matrimonio Abarca y muchos más pero el gran costo es de Peña Nieto, no es que lo defienda pero tampoco son escudos para proteger a otros, siempre buscan “chivos expiatorios” Agradezco la atención a esta misiva y nuevamente Felicidades son muy valientes !

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